La Justicia argentina ha anulado el indulto con el que el ex presidente Carlos Menem agració a los líderes de la dictadura militar (1976-1983), entre ellos los generales Jorge Videla y Emilio Massera.

La Cámara Federal Penal de Buenos Aires ha declarado no conformes a la Constitución argentina los indultos con los que se vieron beneficiados nueve jerarcas de la dictadura, que dejó un saldo de más de 30.000 desaparecidos y de decenas de miles de represaliados políticos.

Tras esta resolución vuelven a entrar en vigor las condenas que se impusieron tras el histórico juicio a las Juntas Militares en 1985 a los máximos responsables de aquella sangrienta represión en el marco de la causa en la que se investigaron las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Videla y Massera fueron entonces condenados a cadena perpetua junto con Orlando Agosti. Sobre Roberto Viola recayeron 16 años de cárcel y sobre Armando Lambruschini, ocho. Viola y Lambruschini cumplieron su condena y ya murieron. También Agosti falleció.

Arresto en casa e incapaz

Videla está preso por el robo de bebés de desaparecidos y Massera fue declarado incapaz por un tribunal.

Los indultos a favor de los responsables de la dictadura los firmó el ex presidente Menem el 30 de diciembre de 1989. Este indulto fue recurrido por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre.

En su resolución, la Cámara Federal de lo criminal recuerda que, con su declaración de inconstitucionalidad de los indultos recobran plena vigencia las penas de reclusión perpetua en la denominada Causa 13/84, que investigó la «alegada lucha contra el terrorismo vigente durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional».

El Alto Tribunal recuerda que los hechos por los que fueron condenados el general Videla y el almirante Massera «resultan insusceptibles de perdón».

La sentencia añade que el decreto de Menem se contradice con tratados internacionales suscritos por Argentina que imponen el deber de investigar y penalizar las violaciones de los derechos humanos y la garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Un largo camino

Desde 1998,Videla y Massera han sido imputados por delitos no cubierto por los indultos que les reconoció Menem, como el secuestro de bebés de detenidos. Durante la dictadura, los militares argentinos detuvieron a mujeres embarazadas cuyos hijos les eran arrebatados después de nacer y eran entregados a familias adeptas al régimen.

Videla, de 81 años, está bajo arresto domiciliario por estas causas. Massera, de la misma edad, no será probablemente juzgado nunca después de que sus abogadas alegaran que en diciembre de 2002 sufrió una hemorragia cerebral. Fue declarado incapaz para afrontar un proceso judicial y se suspendió la instrucción en su contra.

Años más tarde, en junio de 2005, la Corte Suprema de Argentina derogó las leyes de Obediencia y de Punto Final que eximieron a los militares culpables de atentados contra los derechos humanos durante la dictadura, abriendo así la vía a la reapertura de decenas de procesos judiciales.

Estas leyes habían sido abolidas por el Parlamento argentino en agosto de 2003, semanas después de la llegada al poder del presidente, Néstor Kirchner y la decisión del Supremo dio aval jurídico a la decisión y ha servido desde entonces para sentar en el banquillos de los acusados a alrededor de un centenar de represores.

Las leyes de Punto Final y de Obediencia fueron impulsadas en 1986 y 1987 durante la administración del presidente radical Raúl Alfonsín bajo presiones de los militares

Que vayan a la cárcel

El abogado Carlos Slepoy destacó lo histórico del fallo, pero recordó que subsisten formas de impunidad, poniendo el acento en el que hecho de que muchos de los procesados no están cumpliendo prisión.

«No es admisible que estas personas como regla estén en sus casas o en bases militares. Es una discriminación respecto a cualquier delincuente y a favor, nada más y nada menos, que de genocidas», insistió.