Aunque a juicio de Etxerat la muerte de veintidós personas es el mayor exponente de la negación que sobre el derecho a la salud aplican los estados español y francés a los presos políticos vascos, éste, el fallecimiento, resulta ser el último eslabón de una larga, permanente y reiterada conculcación. La propia aplicación de medidas de excepción contra los vascos es una negación continuada de derechos.

Etxerat denuncia que la falta de interés de muchos médicos-funcionarios llega a ser «una total irresponsabilidad profesional».El organismo que aglutina a los familiares y amigos de los represaliados políticos vascos resume esta «cruda realidad» en los siguientes puntos.

Inasistencia sanitaria

Enumera diversos casos en los que se evidencia la inasistencia sanitaria como el motor del agravamiento de la salud del preso, incluso llevándole a la muerte. Como botón de muestra, la muerte en 2006 de Roberto Sainz. Según denuncia el organismo, a Sainz le estaban tratando unos dolores de pecho provocados por problemas de corazón con un tratamiento para el dolor provocado por aires.

A la imposibilidad de que los médicos de confianza puedan visitar a los presos vascos se les une el aumento de obstáculos para que, al menos, puedan realizar un seguimiento de su estado. Además, en los traslados médicos para realizar pruebas, Etxerat resalta que los policías niegan cualquier tipo de intimidad, incluso ordenándolo el propio médico, y que los malos tratos se convierten en una de sus características.

La legislación española también recoge que se debe liberar a los presos con enfermedades graves e incurables en base al artículo 92, pero nunca tiene aplicación con los ciudadanos vascos. Y cuando lo han aplicado, ha sido por la inminente muerte del preso, como ocurrió en varias de las veintidós vidas que han segado las cárceles.

Trece presos enfermos

A día de hoy son trece los presos políticos vascos que padecen de enfermedades graves e incurables como resultado de las medidas excepcionales a los que son sometidos.

Todos y cada uno de ellos han pedido la aplicación del artículo 92, pero la Administración española se lo ha negado también a todos y a cada uno de ellos. Aunque en estos momentos son trece las personas con enfermades incurables, sólo ocho han querido hacer público de su caso.

La política de dispersión que, primero, activó el Estado español con la inefable ayuda de ciertas formaciones políticas vascas, y, después, aplicó el Estado francés, no hace más que aumentar su contenido de más injusticias, a pesar de que vaya a cumplir ya veinte años en funcionamiento. Aunque la dispersión geográfica de los vascos encarcelados es un hecho, se deben desgranar las consecuencias que derivan de su aplicación para poder ver su dimensión y verdadero alcance.

Los datos facilitados por Etxerat evidencian que también en 2007 la aplicación de facto de la dispersión sigue siendo una medida para la que los estados francés y español no hacen distingo entre los ciudadanos vascos. A día de hoy, en el Estado español 452 presos políticos vascos están dispersados en 49 cárceles, a una media de 625 kilómetros de Euskal Herria.

En el Estado francés son 150 los presos vascos que se encuentran dispersados en 30 prisiones, a una media de 806 kilómetros de Euskal Herria. En las cárceles ubicadas en el país sólo se encuentran 16 preso políticos vascos.

Aislamiento

A estos datos habría que añadir el hecho de que la dispersión se extiende incluso dentro de las cárceles; por ejemplo, 46 prisioneros se encuentran aislados bien en módulos o bien en cárceles donde no hay ningún otro preso político vasco.

Pero para que los presos sean dispersados, primero han de realizarse los traslados. Otro de los aspectos sobre el que alarma el organismo de familiares. Etxerat denuncia que los golpes, el estar esposados durante largas horas, las amenazas o los malos tratos son una rutina que los vascos deben sufrir en los señalados traslados.

Malos tratos en los traslados

Sin ir más lejos, un claro exponente de lo descrito fue lo que tuvieron que padecer la mayoría de los jóvenes independentistas condenados en el «caso Jarrai-Haika-Segi», que fueron arrestados en el frontón La Esperanza de Bilbo en febrero. O lo que le ocurrió al donostiarra Iker Beristain una vez finalizado el macrojuicio 18/98: tuvo que soportar cuatro días de viaje para ser trasladado de Alcalá Meco a Teruel.

Con la intención de «romper con el día a día y equilibrio personal de los presos políticos vascos», Etxerat denuncia además que en lo que va de año los estados francés y español han llevado a cabo cerca de 60 cambios de destino y que 22 vascos han sido alejados todavía más. Para reflejar esta realidad, basta con ver que Jon Angel Otxoantesana ha sido alejado de la cárcel francesa de Clairvaux, que se encuenta a 1.200 kilómetros de Euskal Herria.

Entre tantas posibilidades que lleva consigo la política de dispersión con objeto de actuar en contra de los presos vascos, cabe destacar la característica de extensión que lleva su aplicación; la ampliación de sus consecuencias no sólo a los presos, sino que también a sus amigos y familiares. Los accidentes de tráfico, las muertes en las carreteras o la sangría que supone a la economía familiar el visitar a sus allegados presos lo refleja de sobra.

Etxerat señala como ejemplo que para realizar esas visitas, los familiares de los presos políticos recorren cada semana tantos kilómetros como el equivalente a dar 20 vueltas al mundo. Una realidad que en economía se transforma en que cada familia, cada mes, debe hacer frente a un gasto que asciende a los 1.728 euros.

En las condiciones más duras

El año pasado esta política penitenciaria ocasionó 21 accidentes de tráfico, con el resultado de 45 personas afectadas de consideración. En lo que va de año ha habido, al menos, dos accidentes más.

Una vez dispersados geográficamente, los prisioneros vascos deben hacer frente a la realidad interna de las cárceles. Algo que se traduce en la aplicación de las condiciones más duras. Buena muestra de ello es Jose Mari Sagardui «Gatza», que lleva 27 años preso y aún lo mantienen en un módulo de aislamiento.

El hecho de que el 80% de los presos políticos vascos en cárceles españolas estén clasificados en primer grado, cuando entre toda la población reclusa la media no alcanza el 2%, también evidencia la excepcionalidad de estas medidas.

Además de que los estados francés y español cuentan con resortes represivos de sobra que actúan contra los presos políticos vascos, y con instituciones tan «emblemáticas» como la Audiencia Nacional o la Sección 14 como puntas de lanza, tanto Madrid como París también emplean su legislación, con cambios ad hoc, para reprimir, más si cabe, a los vascos encarcelados.

Mientras que la cadena perpetua sí está instaurada en la legislación francesa, las normas españolas la rechazan; pero es en el Estado español donde su aplicación cuenta con una mayor dimensión. El Tribunal Supremo, cuyas decisiones se convierten en norma, se encargó en 2006 de que los presos vascos estén encarcelados el máximo posible. Un tope que también fue objeto de cambio: lo que hasta el 2003 estaba tipificado en 30 años como máximo, ahora se ha elevado a los 40 años. Unos cambios y una perspectiva represiva que no difiere según quien esté dirigiendo las riendas desde Moncloa.

Sin redenciones

Con el objetivo de aplicar condenas de por vida, el Estado español ha realizado diversos cambios en su legislación penal. Así, mientras que el Código Penal de 1973 contemplaba que una persona podía cumplir 30 años continuados de cárcel, también recogía la opción de reducirlo con las redenciones. Con el recurso de las redenciones, por ejemplo, era posible cumplir 15 años de prisión de una condena total de 20. Como cabe suponer, incluso en este supuesto los vascos se topaban con dificultades.

Dos decenios después, en 1996, un nuevo Código Penal hizo desaparecer las redenciones, por lo que los presos políticos vascos se encontraron abocados a cumplir de forma íntegra las penas impuestas. Esta legislación también contemplaba la posibilidad de la libertad condicional en caso de permanecer en prisión las 3/4 o 2/3 partes de la condena, pero con los vascos su negación siguió siendo una permanente actitud.

Hasta 40 años en la cárcel

En 2003 el Estado español prosiguió con su desarrollo y realizó unos cambios cuyas consecuencias han agravado aún más la situación de los presos políticos vascos. De entrada, el tiempo máximo a cumplir en la cárcel pasó de ser de 30 años a 40 años.

Además, si para calcular las 3/4 o 2/3 partes de la condena antes se tomaba como base el máximo a cumplir en prisión, es decir 30 años, a partir de la fecha se realiza el cálculo sobre el máximo de la condena impuesta. Pero uno de los cambios más significativos fue la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional española.

Hasta entonces, aunque los jueces de vigilancia de cada provincia también seguían las directrices del Gobierno español, alguno que otro, como en Bizkaia, tomó algunas decisiones que no fueron del agrado de Madrid. Para evitar situaciones de este tipo, se creó el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Las condenas, una a una

Tres años más tarde llegaría la oficialización, por ley, de la condena de por vida. Habida cuenta de que cada vez eran más los prisioneros vascos juzgados por el Código de 1973 que se encontraban a punto de salir en libertad después de 15 o 25 años en la cárcel, el Tribunal Supremo español hizo pública una relectura de la aplicación de las reducciones de pena.

Hasta entonces, el total de condenas que tenía cada persona eran refundidas, pero con la aplicación de la sentencia del alto tribunal obligan a los presos vascos a cumplir las penas impuestas una a una. Es decir, si una persona tiene una condena de 5 años, otra de 10 y una tercera de 15 años, a partir de 2006 deberá cumplir primero 5 años en prisión, después 10 más y por último los 15 años restantes.

El Estado francés, en cambio, recoge en su propia normativa la cadena perpetua. Pero al cumplir 15 años en la cárcel, si esa persona cuenta con un puesto de trabajo y un domicilio, debe ser puesta en libertad. En este momento Frederic Haramboure, Jakes Esnal y Jon Parot están condenados a cadena perpetua, y aunque Parot cumple la exigencia para ser liberado después de 15 años preso, París se lo ha negado por dos veces.

Un listado en aumento

Las penas contra los vascos también han sido endurecidas con las leyes Perben I y II, y la Ley Sarkozy. Así, los acusados de pertenecer a ETA pasarán a ser penados de 10 años a 20 años de cárcel.

Los cambios efectuados dan como resultado que a día de hoy hay 144 presos vascos que a pesar de cumplir en prisión el tiempo exigido para salir en libertad condicional, aún siguen encarcelados. Y, además, muchos de ellos cuentan con la posibilidad de pasar a engrosar otra lista: la de la condena de por vida auspiciada por el Tribunal Supremo español. A día de hoy hay 14 presos vascos encarcelados de por vida.