Las idas y venidas de las listas de la izquierda abertzale están dando pie a una cadena de declaraciones que revelan cómo se ha ido estrechando el ámbito de las libertades y derechos civiles y políticos en Euskal Herria, desde (y también en) el Estado español. Y nadie se escandaliza, que es lo más grave. Es más, no falta quien proclame que ahora es más libre o que hay más libertades; justamente ahora, cuando se investiga a decenas de miles de personas a las que se amordaza políticamente.

¿Dónde está el delito de quien en su día fue alcalde o concejala de HB, EH o Batasuna, figuró en sus listas o fue interventora o apoderado? Cuando cualquiera de esas personas tomó esa decisión, la formación política a la que se apuntó era legal, y lo siguió siendo mientras desempeñaba sus funciones. ¿Dónde está su delito, por tanto? Y, sin embargo, se la está condenando al ostracismo electoral.

Ocurre que la Ley de Partidos se aplica retroactivamente, sometiendo a miles de personas a una presunción de culpabilidad. El Estado español, su Gobierno y sus instituciones jurídicas les niegan la participación electoral en función de en qué lista se presenten, «buena» o «mala» según criterios políticos e ideológicos, pero no en función de datos. Tan de HB fueron en su tiempo personas que hoy van en las listas de Aralar como quienes están en las candidaturas populares de ASB. Pero a estas últimas se les impide actuar en política, continuar desarrollando actividades institucionales, aunque tengan el mismo pasado que las primeras, incluso habiendo estado en la misma lista. Hasta el propio ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, ha tenido que reconocer que se trata de la «limitación del derecho de sufragio». Y luego dirán que no hay recorte de derechos civiles y políticos...

En los últimos meses, más de una y más de dos veces se han oído declaraciones políticas, de jueces e incluso de fiscales, afirmando que las y los representantes de la izquierda abertzale tienen todos sus derechos civiles y políticos vigentes, pese a la ilegalización de Batasuna. En base a eso se han justificado por sus reuniones con Arnaldo Otegi, por ejemplo, o se han podido celebrar algunos actos políticos. ¿Para eso sí están vigentes esos derechos y para la participación electoral -momento cumbre de la democracia, según nos la venden-, no?

Está meridianamente claro que el argumento de que hay candidatas y candidatos «contaminantes» es una decisión política, revestida con un enrevesado ropaje judicial.

Pero hay más. Si es a la izquierda abertzale a la que se le ponen trabas, a la que se le ilegaliza el partido que quiere registrar cumpliendo una ley que no acepta, ¿cómo puede pretenderse que no haya personas de esa ideología y compromiso político tras las listas populares o en partidos de larga trayectoria abertzale? ¡No las van a impulsar y llenar gentes del PNV, EA, Aralar, IU, PSN, PP... que ya tienen su partido!

Todo lo que está ocurriendo persigue acosar a un sector político y social, y que llegue desgastado y desactivado a un determinado número de metas electorales. Quizás también se busca el cansancio y desistimiento de los derechos civiles y políticos mediante la creación de unas condiciones liadas y estresantes. Es algo en lo que no podemos ni debemos caer. No se puede ceder en la defensa de los derechos propios, que son también colectivos.

Además de las restricciones generales, está el enorme despliegue policial, fiscal y mediático para perseguir cualquier rastro sospechoso en las listas. Supone una masiva violación de la intimidad de las personas, de artículos de la propia Constitución española sobre el derecho de manifestación, a la libertad ideológica, etcétera; una asignación de culpabilidad extensiva, y aquí no pasa nada. Salvo pequeños pronunciamientos, algunos sólo para cubrir el expediente, ni los partidos vascos ni las instituciones proponen, ni por supuesto toman, decisión alguna para poner freno a ese espionaje generalizado sobre un importante sector de la población vasca. Se podrían negar a colaborar en esos esfuerzos, se podría decir que no se debate con quienes patrocinan semejantes operaciones vulnerando derechos democráticos, se podría amparar a las listas y personas afectadas, se podría llevar el tema al Parlamento Europeo. Se podrían hacer muchas cosas, pero lo que más se hace es decir que la izquierda abertzale se beneficia de la situación de «victimismo» y que ya sabe que tiene que «condenar la violencia» (de ETA) para cualquier cosa.

En la práctica, y pese a sus declaraciones, la mayoría de los agentes políticos ha aceptado la Ley de Partidos y sus consecuencias, así como los perversos argumentos en que se sustenta. Se han asimilado los recortes a las libertades, los muros que han estrangulado el callejón, mientras, poco a poco, el Ejecutivo del PSOE ha ido «normalizando» situaciones y legislaciones de excepción valiéndose de sentencias y pronunciamientos de los tribunales.

Ese Gobierno se basa en la T-4 para estrechar el embudo y el proceso, y lo mismo argumentan aquí quienes exigen más y más a la izquierda abertzale olvidándose de que la resolución de conflictos es un proceso complejo, donde todo el mundo tiene que aportar algo para poder reclamar otro tanto a las demás partes. Y la T-4 no lo justifica todo. Los derechos civiles y políticos, como el conjunto de los derechos humanos, son derechos por encima de las coyunturas políticas. En una democracia deberían estar blindados; sólo en regímenes que no lo son plenamente se activan y desactivan aludiendo a razones de Estado o por conveniencias políticas. A todas y todos nos corresponde defenderlos y ejercerlos, para ensanchar el estrecho callejón donde quieren encajonarnos.