Abogados denuncian que los archivos para impugnar listas son ilegales
La asociación de abogados Eskubideak reclamó ayer a las autoridades españolas la inmediata supresión del archivo de 15.000 nombres de ciudadanos vascos que, según declaraciones del fiscal general del Estado y del ministro de Justicia, estarían incapacitadas para concurrir a las elecciones, al estimar que supone una gravísima agresión al derecho a la privacidad e intimidad y contraviene la legislación europea y española en materia de protección de datos.
Agustín GOIKOETXEA |
La asociación de abogados Eskubideak denunció ayer en Bilbo la existencia de un archivo «político, clandestino e ilegal» conformado por datos relacionados con las ideas de 15.000 ciudadanos vascos y cuyo objetivo sería incapacitarles para que concurran a cualquier cita electoral. Iñigo Santxo, portavoz de este colectivo, aseguró que al ser ilegales estos archivos todos los informes policiales que se pueden derivar de ellos «estarían contaminados» y no podrían ser utilizados como base probatoria en los procedimientos que se sigan en el Tribunal Supremo español contra candidaturas independentistas.
Santxo incidió en que la existencia de esas bases de datos ilegales se conoce a través de las reiteradas declaraciones públicas del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, así como de informaciones aparecidas en las últimas semanas en los medios de comunicación. El letrado getxoztarra incidió en que el listado alcanza al «1% del censo», que tendría conculcados sus derechos a la intimidad y privacidad, y al mismo tiempo el de sufragio pasivo.
Esta asociación de letrados ha tratado de conocer esos listados «ilegales», que obran en poder de los ministerios españoles de Justicia e Interior según se desprende de las manifestaciones de sus titulares y de los medios de comunicación, y de cuya existencia tiene que tener información, en virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, la Agencia Española de Protección de Datos. Santxo afirmó que este organismo desconoce su existencia, tal y como les aseguraron a través de una carta oficial, lo que supone la ausencia de seguridad jurídica para las 15.000 personas inscritas en esos archivos ilegales, al desconocerse quiénes lo conforman y no tener opción a pedir su supresión.
«Parece que el único que aquí no se ha enterado de todo esto ha sido la Agencia Española de Protección de Datos», subrayó el miembro de Eskubideak, quien señaló que se ha informado de esta situación irregular a la Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED). Esta entidad, en una reunión celebrada el pasado 21 de abril en Munich, instó a las autoridades españolas a reconocer la existencia de estos archivos e informar a los ciudadanos incluidos en ellos.
La AED, añadió Lorea Bilbao, también componente de Eskubideak, instó a que se reconozca la ilegalidad de la propia existencia de estos listados, «suprima sus efectos y repare a las personas en ellas ilegítimamente incluidas». En estos archivos se incluye a personas que se han visto sujetas a investigaciones policiales, que han participado en movilizaciones, que han visitado a presos o que han conformado candidaturas electorales que después fueron ilegalizadas en virtud de la Ley de Partidos, o simplemente han sido apoderados o interventores en algún proceso electoral en lista de la izquierda abertzale.
El uso de esos datos ilegales para impedir el derecho al sufragio pasivo del 1% del censo de Euskal Herria, a juicio de los abogados europeos reunidos en la ciudad bávara, «contaminaría el propio proceso electoral, que presentaría un déficit democrático insalvable». «Consideramos además que este tipo de medidas ¯resalta la asociación europea- no aportan nada positivo a la resolución en términos democráticos del conflicto político que todavía hoy sacude al País Vasco y al Estado español».
La declaración de la AED va más allá al requerir al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que abra un proceso para derogar la Ley de Partidos, «que se encuentra en la base de este procedimiento y que organismos internacionales y domésticos ya han censurado en numerosas ocasiones», recuerdan. Asimismo, esta agrupación reclama a las autoridades españolas «que adopten las medidas tendentes a asegurar unas elecciones con todas las garantías democráticas con la presencia de todas las fuerzas políticas».
Exigen su eliminación
Esta declaración ha sido remitida al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo español y a los ministerios de Justicia e Interior. A los departamentos que dirigen Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba Eskubideak les ha reclamado también la impugnación «concreta y directa» de los listados. Para ello, Iñigo Santxo remitió ayer sendas misivas a los dos ministros para que eliminen esos «ficheros políticos» y desisten de crear otros nuevos de la misma naturaleza ilegal.
La asociación de abogados va a pedir a las comisiones de Derechos Humanos de los parlamentos de Gasteiz e Iruñea que se pronuncien acerca de esta vulneración de derechos básicos, al igual que a los arartekos, al entender que no se puede permitir que exista un listado «político, clandestino e ilegal».
Otra de las actuaciones emprendidas por Eskubideak trata de censurar el proceder del director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte, a quien han denunciado ante el Ministerio de Justicia por su reacción cuando estos letrados le pidieron amparo e información acerca de los archivos con los 15.000 nombres de ciudadanos vascos supuestamente vinculados de una u otra manera de la actividad de la izquierda abertzale. «Su afirmación de que desconoce su existencia, cuando están circulando noticias a diario al respecto, es un puro sarcasmo», apostillaron los letrados.
«Si las raíces y el tronco son ilegales, los frutos son ilegales y, por lo tanto, su operatividad jurídica estará, como mínimo, tocada para los procedimientos que pueda haber ante el Supremo», manifestó el letrado Iñigo Santxo.
Askatasuna no dudó en acusar ayer al Gobierno español y a la Audiencia Nacional de intentar «fabricar seudopruebas» para tratar de vetar el acceso a las urnas de la izquierda abertzale a raíz de la detención de Gorka Murillo, candidato de Nafarroako Abertzale Sozialistak, producida ayer en Aizarotz (Nafarroa) por orden del juez Baltasar Garzón. De hecho, desde su juzgado se apresuraron a confirmar que el arresto se sitúa dentro del marco del sumario 35/02, es decir, el abierto hace cinco años contra Batasuna y en el que el juez especial ubica las actuales investigaciones contra ASB y contra ANV.
Tras producirse la detención, se dispararon las elucubraciones de «fuentes judiciales» citadas por agencias de información. Una de ellas dijo que en nombre de Murillo aparecería en la documentación sobre las elecciones «incautada a ETA». Y otra apuntó que se le atribuiría la titularidad de un archivo informático con información sobre «estrategia» ante los comicios. Frente a ello, Askatasuna remarcó la impunidad concedida por formaciones como el PNV a este tipo de operaciones que recordó que incluyen graves torturas. Citó en concreto el caso reciente de Sergio Lezkano, que además de denunciar que se le llegó a violar con un palo, incidió en que el objetivo de sus capturadores era imponerle declaraciones destinadas a criminalizar a la izquierda abertzale en el contexto de las vísperas electorales.
La noticia de la detención llegó poco después de que se conociera el informe policial unificado sobre ANV que solicitó el propio juez Garzón a la Policía española y la Guardia Civil, y que concluye que «no se puede determinar que ANV sea un elemento instrumental de ETA-Batasuna, aunque haya afinidad en algunos objetivos». Al mismo tiempo, en cualquier caso, esgrime que sí puede haber «indicios» de ello.
El texto vuelve a dejar en evidencia actuaciones de espionaje policial a ciudadanos vascos. Así, las FSE apuntan que están investigando contactos entre una representante de ANV ante la Junta Electoral guipuzcoana y otra persona a la que identifican como miembro de la Mesa Nacional de Batasuna. Aluden también a un supuesto comunicado de ETA en apoyo a un acto de ANV hace cinco años, al apoyo de esta formación a propuestas de Batasuna o al homenaje anual a los gudaris en Albertia, aunque asumen que «pueden no ser suficientes para indicar que se encuentre bajo la disciplina de ETA».
Garzón puede decidir hoy mismo sobre este informe. Al margen está la opción de impugnaciones contra candidaturas concretas, tanto las que llevan la denominación Abertzale Sozialistak como las presentadas por ANV. La vicepresidenta española, María Teresa Fernández de la Vega, dejó claro que «por ahora no descartamos nada».
