El Tribunal Supremo español es estos días el escenario de referencia de un asalto global a los derechos de los ciudadanos vascos. No es exorbitada la apreciación, toda vez que a la usurpación del derecho al sufragio, tanto activo como pasivo, que se deriva de la embestida contra candidaturas perfectamente legales se suma ahora la usurpación del derecho a la defensa, pilar en un estado de derecho, piedra de toque de cualquier democracia.

Que la Ley de Partidos se ha convertido en un instrumento que causa dificultades y no aporta soluciones, ni siquiera a jueces y gobernantes, es un hecho. De ello da fe lo vivido ayer en el Supremo. También es significativo que a cada convocatoria electoral se dé un paso más sobre el vacío, lo que carga de razón a los recursos jurídicos que se sigan en instancias superiores. El Estado se ve abocado a retorcer una y otra vez la ley y hasta a dejarla de lado, como hizo anoche el Supremo, si la antidemocrática norma no sirve al fin apetecido.

En todo caso, lo que debe centrar el debate político no es el «baile de listas» sino más bien cómo se activa esa mayoría social y política que aborrece en Euskal Herria de la Ley de Partidos y de otras legislaciones especiales que sólo sirven para la creación de nuevos pogroms contra los que alertaba en el artículo publicado ayer por este diario el dramaturgo Alfonso Sastre.

Una cuestión clave como es la recuperación de los derechos civiles y políticos no se dirime en sede judicial española. Es en este país donde se debe favorecer el acuerdo que permita alcanzar un escenario en el que sea posible postular todas las ideas. Y concurrir como candidato a unas elecciones. Y poder votar a la candidatura que se desea. Y, por descontado, gozar de amparo legal para defender ésos y otros derechos básicos.

A las puertas de una nueva legislatura que nacerá lastrada por la estrategia persistente de la ilegalización, a las formaciones vascas les toca forjar los compromisos políticos que permitan encauzar sin demora un proceso auténticamente democrático.