Nada menos que 83.501 personas que con su firma y ante notario avalaron la presentación de las agrupaciones electorales de Abertzale Sozialista, las decenas de miles de votantes que podrían optar por esta opción, los dirigentes de ANV y sus miles de candidatos y candidatas están estos días pendientes de saber si son ciudadanos de primera o de segunda categoría en su propia tierra, en base a leyes aprobadas fuera de su ámbito de competencia y que, como se ha demostrado, son rechazadas por la mayoría social y política de Euskal Herria.

Sin embargo, hay dirigentes políticos a los que los juegos malabares que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Supremo hacen con los derechos de las gentes de este país lo único que les produce es aburrimiento. En entrevistas a candidatos y en algunas tertulias se predica la necesidad de no estar «hablando siempre de lo mismo». Hay incluso quien se lamenta de que con todo esto «se esté haciendo la campaña electoral a la izquierda abertzale». Y luego está la versión heavy, la de quien sugiere que este ir y venir de listas y recursos, la auscultación minuciosa de más de 11.700 candidatos para desnudar su ideología presente y pasada (incluyan aquí los cuatro tomos aportados por la Ertzaintza en tres días distintos) o el trabajo impagable de decenas de abogados tratando de responder contrarreloj y a ciegas a las impugnaciones son -como diría Iñigo Urkullu- parte de una obra teatral pactada al alimón por PSOE y Batasuna.

¿Puede alguien pensar qué pasaría si en una rueda de prensa, en una entrevista o en una tertulia alguien hubiera dicho hace unos años que ya está harto de tener que hablar a todas horas de las amenazas que sufren algunos concejales, de los atentados habidos o de los sinsabores que produce vivir atado a unos escoltas? Esto no es lo mismo, pero también se está jugando con derechos fundamentales de la ciudadanía y, lo que es peor, con el futuro de este país.

Las declaraciones de hartazgo antes mencionadas tienen otra variante: la de quienes siempre tienen la varita mágica con la que seguro que la izquierda abertzale hubiera podido sortear las trampas de la Ley de Partidos. Suelen ser imaginativas. Hace cuatro años el PNV puso en circulación la idea de que Batasuna podía haberse disuelto por voluntad propia antes de ser ilegalizada. Así no la habría prohibido. Cierto. Aunque tampoco existiría. Ahora, otros, como Garaikoetxea, también han dado su propia fórmula. En este caso Batasuna tendría que haber dicho «sencillamente, que su propósito y su voluntad era no asociarse a ninguna estrategia violenta» y así, «sin condenar su pasado», asunto resuelto. Algo parecido hizo ASB y los efectos son conocidos. Porque, por mucho que les aburra, la cuestión no es jurídica, sino política, y no de política superficial, sino de fondo.