Una campaña de caza de papeleta y cuatro años de «apartheid»
La pasada fue la legislatura de la exclusión, del «apartheid". En los ayuntamientos del sur del país, en el Parlamento de Iruñea y en las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Instituciones que, en estos cuatro años, no han sido reflejo de la voluntad popular.
Mikel JAUREGI
Esta última legislatura en el Parlamento navarro, las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y los ayuntamientos de los herrialdes del sur ha estado marcada por un hecho que viene condicionando el panorama político vasco desde marzo de 2003: la ilegalización de la izquierda abertzale. Iniciada por el juez Garzón, oficializada por la Sala 61 del Tribunal Supremo contra HB, EH y Batasuna, y aplicada después a las listas abertzales y de izquierdas.
Cada una de esas instituciones, en estos cuatro años, ha tenido en su agenda particular cuestiones que resolver y proyectos a los que hacer frente. Se han aprobado presupuestos, afrontado infraestructuras, construido viviendas, ofertado eventos culturales y deportivos, obstaculizado iniciativas populares, sufrido redadas policiales y maniobras militares, registrado atentados, vivido incidentes de todo tipo... Pero por encima de todas esas cuestiones que resultan más o menos «normales» en toda legislatura en Euskal Herria, la que se inició tras los comicios del 25 de mayo de 2003 pasará a la historia como la primera en la que un importante sector social de este pueblo se vio sometido al «apartheid político».
En aquella liza electoral miles y miles de vascos respaldaron con sus votos a Autodeterminaziorako Bilgunea y a las plataformas de electores constituidas en los municipios. A resultas de su ilegalización (sólo algunas pocas listas locales superaron el veto aplicado por las autoridades españolas), los sufragios que recabaron en las urnas fueron automáticamente anulados y, por consiguiente, se quedaron sin la representación correspondiente en las citadas instituciones, a excepción de las que lograron salvar la criba.
Segunda fuerza municipal
Esos votos llegaron a los 153.497 en la contienda municipal, lo que equivalía a casi el 10% de los emitidos en los cuatro herrialdes y, lo que es más importante, a un total de 579 cargos en los ayuntamientos. Ese número convertía a la izquierda abertzale en la segunda fuerza tras PNV-EA. En cuanto a AuB, 134.894 ciudadanos le mostraron su respaldo; en base a los sufragios recabados en cada herrialde, le correspondían dos parlamentarios navarros y diez junteros (uno en Araba, dos en Bizkaia y siete en Gipuzkoa).
Esos números fueron hechos públicos por la llamada Comisión de Garantías, creada para velar por la libre concurrencia de todas las opciones políticas presentes en el país. Precisó que las cifras consignadas surgían de la información directa de los 3.500 observadores voluntarios que siguieron in situ el recuento en las mesas y de la aplicación de una estimación que sumaba los sufragios logrados por las plataformas que superaron el veto español y la resultante de la resta de aquellos contabilizados como nulos y el denominado «nulo técnico» (el que se produce habitualmente en cualquier proceso electoral en Euskal Herria).
La Comisión realizó «un estricto seguimiento» de la contienda electoral, lo que le sirvió para redactar un informe en el que expuso que los resultados de aquel 25 de mayo había que situarlos en un contexto de «clara anormalidad democrática» determinada por la «exclusión de parte de la ciudadanía para elegir y ser elegido».
También destacó que los resultados logrados por las candidaturas de la izquierda independentista no reflejaban el apoyo con el que cuenta en el conjunto de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, dado que AuB y las plataformas locales vieron cómo se les negaba el derecho a participar en el proceso electoral: no sólo en las urnas, sino también a lo largo de la campaña. La izquierda abertzale no contó con los soportes y espacios concedidos al resto de fuerzas, pero es que tampoco tuvo libertad de movimientos para desarrollar una campaña a pie de calle.
Los días previos al 25-M se caracterizaron por la persecución judicial y policial a aquellos que sólo pretendían explicar su proyecto y hacerse visibles superando el veto español. Se registraron innumerables prohibi- ciones de actos (lo ocurrido el 17 de mayo en Donostia es sólo un botón de muestra: miles de personas que pretendían participar en el acto central de AuB se encontraron con un impresionante despliegue de la Ertzaintza que les impidió acceder al frontón Anoeta), hubo identificaciones y detenciones por acudir a mítines o pegar carteles, se produjeron cargas policiales, heridos...
Pero, sin duda, la imagen más gráfica de aquellas fechas fue la persecución de las papeletas independentistas. Ertzaintza, Policía española y Guardia Civil se esmeraron en esa labor, en la caza de la papeleta, y se incautaron de miles de ellas. Pero no consiguieron su objetivo final: el buzoneo masivo funcionó e hizo llegar a la mayoría de las casas vascas el papel con el signo de Autodeterminaziorako Bilgunea y de la plataforma local correspondiente. Y allí donde no llegó, los abertzales y de izquierdas se hicieron a mano su propio sufragio.
De ahí a las urnas sólo había un paso. Decenas de miles de vascos lo dieron y demostraron que la izquierda independentista cuenta con un respaldo social que no puede ser borrado a golpe de ilegalización, persecución y apartheid. Pese a quedarse fuera de las instituciones; pese a verse imposibilitada para gobernar o hacer oposición; pese a ver sus escaños ocupados por otros representantes políticos que, en estos cuatro años, salvo alguna excepción, han hecho oídos sordos a la propuesta para que esos cargos volvieran a manos de aquellos que realmente fueron elegidos por la ciudadanía.
Cuatro años después, la impugnación de listas vuelve a marcar el inicio de campaña.
Una de las situaciones más tensas hace cuatro años fue la de Lizartza, donde el PNV tomó el mando del Consistorio a raíz de la ilegalización de la fuerza más votada, la izquierda abertzale. Lo hizo con una lista formada en su mayoría por personas que no residían en el pueblo, con Joseba Egibar a la cabeza. Los jeltzales argumentaron que lo hicieron para evitar que el PP, que presentó listas en todos los municipios como vuelve a hacer ahora, se hiciera con las riendas del Ayuntamiento.
Ahora, el PNV no ha conseguido presentar candidatura y el Tribunal Supremo determinó la ilegalización de las listas de Lizartzako Sozialista Abertzaleak y de ANV. Con ello, el PP puede ser la única opción en las urnas el día 27. Y así las cosas, Egibar ha decidido proponer una fórmula que lo evitaría, si bien dejaría el ayuntamiento en las mismas manos en que ha estado en estos cuatro años.
En rueda de prensa, el máximo mandatario del PNV en Gipuzkoa y alcalde oficial en Lizartza esta legislatura propuso que se recurra al voto en blanco. Y es que, según la legislación actual, si el PP no obtiene el 5% de los votos válidos (entre los que se incluyen los emitidos en blanco, pero no los nulos) el resultado no sería válido y se prorrogaría el anterior consistorio. En ese supuesto, además, Egibar anticipó que «no haré dejación de la responsabilidad que me toque», es decir, que seguiría como alcalde en funciones.
El PNV ha trasladado esta posición a sus simpatizantes en la localidad, a los que propone por tanto que voten en blanco al ayuntamiento y que apoyen a Markel Olano a las Juntas de Gipuzkoa. En cuanto a la izquierda abertzale, le indicó que «si no tiene una lista a la que dirigir sus votos, tiene una doble opción, que es la de practicar el voto nulo o votar en blanco».
En la comparecencia, Egibar no sólo adelantó ese cambio de estrategia, sino que asumió que durante estos años ha sido alcalde «legalmente, pero no legítimamente». Defendió que «fue la misión y la cumplimos», y que desde entonces «hemos administrado una situación extraña en la que la mayoría está fuera del ámbito de gestión del Ayuntamiento».
El máximo mandatario del Gipuzku Buru Batzar añadió que el PNV no ha presentado esta vez «listas de paracaidistas» y admitió que no han logrado reunir a vecinos de la localidad «que hayan querido asumir la responsabilidad en ámbitos en los que el clima y la convivencia se complican». Defendió que «llega el momento de que los propios vecinos de Lizartza se hagan cargo de la situación».
