El colectivo Ekologistak Martxan ha revelado lo que denomina «un nuevo caso de especulación inmobiliaria» en la costa de Bizkaia, que estaría centrado en las inmediaciones de la Playa de La Arena.

En este entorno del municipio de Muskiz subsisten tres zonas: la de la playa, que utilizan miles de vizcainos; un área de dunas, que está siendo regenerada con dinero público; y un parking de grandes dimensiones, cuya actividad es ilegal desde la entrada en vigor de la actual Ley de Costas.

No obstante, y a pesar de que la concesión de este parking se declaró extinguida en 1998, la retirada del mismo no se llevará a cabo mientras no se le facilite otra ubicación.

Según el colectivo ecologista, desde 1998 no se ha realizado ninguna actuación tendente a reubicar el parking, y los únicos terrenos que podrían albergarlo en el futuro son los de un camping adyacente, que se encuentra en desuso.

Estos terrenos pertenecieron en el pasado a Campsa (cuando la empresa era propiedad del Estado español), que los vendió en 1992 a un particular por 38 millones de pesetas. Este particular realizó posteriormente diferentes segregaciones del terreno, y las vendió a una constructora (Ondarra SA) por cerca de 17 millones de euros (2.817 millones de pesetas) para construir 84 viviendas: 18 unifamiliares y 66 bifamiliares.

Además de esta actuación de carácter especulativo, Ekologistak Martxan denuncia las maniobras para poder construir aún más viviendas en la zona. La primera de ellas consiste en modificar el cauce del arroyo Juanes, algo que este colectivo considera una vulneración del medio ambiente, a pesar de que el Gobierno de Lakua ha dado su visto bueno.

Además, los ayuntamientos de Zierbena y Muskiz, y la Diputación, han solicitado que los aprovechamientos urbanísticos de las zonas en las que está prohibido construir se trasladen a donde sí se pueda.

Dichas edificaciones podrían ser llevadas a cabo, según señala la organización ecologista, «modificando el cauce del arroyo para construir sobre el cauce ya modificado, para así superponer la servidumbre hidráulica dentro de la servidumbre marítima y construir en ella, ya que el cauce habría desaparecido». A juicio de Ekologistak Martxan, este hecho supone una «vulneración medioambiental», ya que a pesar de que el Gobierno de Gasteiz haya aprobado la modificación del arroyo aduciendo «la recuperación de su cauce original», para la organización ecologista esto «es absolutamente falso, debido a que dicho cauce no ha sido en ningún caso el cauce original».