A las 00.00 horas, mientras el resto de candidaturas comenzaban su carrera hacia las urnas, las agrupaciones electorales avaladas por 83.501 firmas y las 133 listas de ANV prohibidas por el Supremo quedaban definitivamente apartadas de la campaña electoral, al dar por buena el Tribunal Constitucional la sentencia de esta instancia judicial. El sentido del fallo fue filtrado poco después de la medianoche, y su contenido se desconocía. Como es habitual, la sentencia se adoptó por unanimidad.

El Tribunal Constitucional habría aceptado por tanto que las agrupaciones electorales presentadas bajo el denominador común de Abertzale Sozialistak constituyen en su conjunto una sucesión o continuidad de partidos anteriormente ilegalizados y que el resto habrían sido «infiltradas» por Batasuna, según la terminología del Supremo.

La decisión del máximo tribunal español supone en el caso de las agrupaciones de electores el veto a candidaturas respaldadas por más de 83.000 firmas de ciudadanos vascos. Y en el de ANV, deja sin opción de darles respaldo electoral al 85% de la ciudadanía en el caso de las elecciones a juntas generales o al Parlamento navarro.

Según los representantes del Estado, la anulación de miles de candidatos, muchos de los cuales no habían tenido relación con partidos ilegalizados, no supone conculcación de derechos.

Debate sobre ANV

Para la anulación de las agrupaciones electorales el Constitucional echó mano de la doctrina que ya tenía avanzada con las ilegalizaciones de hace cuatro años, así como las de Herritarren Zerrenda y Aukera Guztiak. Sin embargo, más complicada parecía presentarse la decisión en torno a la sentencia del TS anulando la proclamación por parte de las juntas electorales de un total de 133 candidaturas del partido legal ANV.

En una providencia discutida por dos de los seis componentes de la Sala, la víspera el Tribunal Constitucional había decidido tramitar el recuso presentado por los abogados del histórico partido conforme a las reglas previstas en la Ley Electoral. Para algunos, esto significaba que debían tomar una decisión antes de la media noche de ayer. Para otros, se imponía la disposición de la LOREG que señala que el Constitucional dispone de tres días para dictar sentencia, por lo que teniendo en cuenta que ANV presentó su recurso a última hora del martes el plazo vencería hoy.

La defensa de ANV había solicitado la declaración de nulidad del auto del Tribunal Supremo basándose en que éste se había excedido de la legalidad, pues recibió dos recursos contenciosos dirigidos contra decisiones de la junta electoral (la proclamación de 133 listas de ANV) y, alterando el procedimiento y el orden jurisdiccional, los había llevado a la vía civil por medio de la ejecución de sentencia de ilegalización de Batasuna, donde en todo caso cabría juzgar actos de ANV y promover su ilegalización, pero después de una vista pública y siguiendo un procedimiento más largo y garantista que el aplicado.

Los abogados de ANV apuntaban que ésta no es una cuestión menor o formal, sino que entra en abierta colisión con el derecho del partido a concurrir a las elecciones, por lo que solicitaban el amparo del Tribunal Constitucional.

De hecho, la fórmula empleada por el Tribunal Supremo y denunciada por ANV influye en la tramitación del recurso de amparo, y ha dado origen a discrepancias notables en el seno del propio Tribunal Constitucional, hasta el punto de que, en un acto insólito, dos de los seis magistrados hicieron público en la tarde del miércoles su desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de la sala de volver a usar el procedimiento de la Ley Electoral para analizar un incidente de ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna.

Frente a estas apreciaciones, la Fiscalía defiende el procedimiento empleado por la Sala del 61 del Tribunal Supremo para impedir que determinadas candidaturas sean empleadas fraudulentamente por otro partido ya declarado ilegal «por discutible que pueda parecer en cuanto a su encaje procedimental», y entiende que ANV debe obtener una respuesta del Constitucional con carácter previo al proceso electoral que culmina el próximo día 27, con el fin de salvaguardar sus derechos básicos.

Paradójicamente, el Ministerio Fiscal sostiene que el Supremo no ha aplicado los criterios de sucesión estricta de partidos, aunque toda la argumentación de la sentencia se basaba en el artículo 12 de la Ley de Partidos.

La Abogacía del Estado, por su parte, apuntó que «con arreglo a la recta interpretación de la Ley de Partidos y a la singular naturaleza de la Sala del 61 es perfectamente factible anular actos administrativos que desconozca o violen» las sentencias de ilegalización.

Contraindicio y contaminación

En las alegaciones de la Abogacía del Estado hay dos cuestiones muy llamativas. Por un lado está la referida al llamado «contraindicio». El Constitucional estableció que no condenar la violencia no es motivo suficiente para ilegalizar una agrupación, pero que ante la sospecha de sucesión, la condena sirve como demostración de inocencia. Ahora, la abogacía apunta que el hecho de que los estatutos de ANV rechacen expresamente la violencia no constituye un contraindicio porque no hay una condena expresa del terrorismo.

Además, los abogados de ANV habían denunciado que en estas causas se está aplicando una «contaminación sobrevenida», puesto que se está considerando «contaminadas» a personas de listas que fueron ilegalizadas porque había otras personas relacionadas con partidos prohibidos, lo que va elevando exponencialmente el número de «contaminados». La abogacía defiende que cualquiera que haya ido en esas listas está «contaminado». Es más, incluso considera así a personas que for- maron parte de agrupaciones legales. Sobre el número de personas necesarias para prohibir una lista señala que en el caso de un partido -o un conjunto de candidaturas de un partido- basta incluso que haya una sola.

Llamativamente, como en este caso, esta parte basa muchos de sus argumentos en el propio auto del TS que ha recurrido.