La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto de apertura de juicio oral en el sumario abierto contra «Euskaldunon Egunkaria», en el que permanecen imputados siete responsables del diario, cerrado hace más de cuatro años por orden del juez Juan del Olmo.

Con esta decisión, el tribunal especial español hace caso omiso al criterio expresado por la propia Fiscalía, que en diciembre del año pasado remitió un informe solicitando el sobreseimiento provisional de la causa y, por tanto, el archivo de este sumario, al no encontrar ninguna prueba en contra de los imputados ni del periódico. En aquel escrito, el fiscal Miguel Carballo echó por tierra las acusaciones que pesaban contra estas siete personas, así como contra la tesis del citado juez Del Olmo y de la Guardia Civil.

Al parecer de Carballo, en todo el sumario no hay prueba que apunte a que «Egunkaria» fuera una fuente de financiación de ETA o que colaborara con sus objetivos, ni que relacionara a los procesados con la organización armada.

Al contrario, el representante del Ministerio Público fue tajante al señalar que «no se ha hallado ni un solo documento que refleje que «Egunkaria» era una herramienta para conseguir los objetivos de ETA». Afirmaba, incluso, que en este caso se había utilizado la «presunción de culpabilidad» contra el clausurado diario, y no la presunción de inocencia que se presupone en todo proceso judicial.

«El análisis de estos documentos deja claro que la interpretación de la Guardia Civil no tiene consistencia», valoraba entonces la Fiscalía.

«No tiene justificación»

Tras exponer esta argumentación, y a modo de conclusión, Carballo apuntaba en su informe que «dado que no se ha probado que «Egunkaria'' hubiera sido utilizado para financiar a ETA, ya que ni el periódico ni los imputados han actuado en favor de los objetivos de la organización terrorista, y a la vista de que los imputados no han desarrollado ninguna actividad concreta o general para colaborar con el terrorismo, no tiene justificación abrir el juicio oral».

Sin embargo, en esta causa también están personadas como acusación popular las organizaciones AVT y Dignidad y Justicia, y ambas se mostraron contrarias a la tesis de la Fiscalía, solicitando la apertura del juicio oral.

Según expuso entonces la defensa del diario, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no concede a la acusación popular, por sí misma y sin contar con la Fiscalía, la capacidad de imputar delitos, pero la Audiencia Nacional se ha saltado este precepto y, en contra del criterio de la propia Fiscalía, ha ordenado que se celebre el juicio. Han sido los magistrados Nicolás Póveda -integrante del tribunal del sumario 18/98-, Manuela Fernández Prado y Ramón Saez Valcárcel quienes han emitido el auto.