Si bien somos los sindicatos quienes convocamos las jornadas de huelga y movilizaciones es el Departamento de Educación, con su actitud impositiva, su empecinamiento y su nulo conocimiento de los centros educativos públicos, el que verdaderamente las provoca.

En los últimos meses muy especialmente, pero durante toda la legislatura como tónica general, sus actuales responsables vienen realizando una gestión caracterizada por la total desafección de la red pública de centros escolares de la que son titulares. Así, en lugar de realizar esfuerzos para dotar a éstos de todos los medios necesarios para mejorar la calidad educativa y para poder hacer frente dignamente a los crecientes requerimientos de nuestra sociedad, se empeña en aplicar en este ámbito las recetas neoliberales. Luego pretende justificarlas ante la opinión pública con grandes dosis de demagogia, mostrando cifras descontextualizadas que sólo existen en su escuela virtual.

El Departamento de Educación, una administración pública gestionada por políticos electos, no se olvide, se ha convertido así en otra dura patronal, actuando con parámetros económicos y recurriendo a la precarización de sus trabajadores y al recorte en términos de porcentaje respecto al PIB. Sus propios responsables reconocen públicamente que las tareas atribuidas al profesorado «han experimentado una evidente complicación y aumento» y se declaran «conscientes de las nuevas necesidades educativas que se han ido creando durante los últimos años». Sin embargo, se niegan sistemáticamente a asumir sus repercusiones: mayor dotación de medios humanos y materiales, reconocimiento horario de todas las tareas a desempeñar, estabilidad del personal en su puesto de trabajo, adecuada compensación económica y aumento de la proporción profesorado/alumnado.

Justifican su postura intransigente haciendo un llamamiento a la «responsabilidad compartida» de los claustros, como si no estuviera ya sobradamente demostrada con grandes dosis de implicación, voluntarismo y dedicación «invisible» del profesorado, pero todo ello es un trabajo que no es reconocido. O a los «límites que las leyes presupuestarias imponen», como si no fueran ellos quienes congelan o reducen los porcentajes destinados a la educación pública con respecto al PIB, manteniendo estos años un gasto público en torno al 3,5% para educación, muy lejos de la media de otros países europeos -6% del PIB-, que se nos presentan como modelos educativos (Finlandia...).

Y del mismo modo rechazan las históricas reivindicaciones del sector. Así, ante la demanda de mayor estabilidad responden con la imposición de unas oposiciones convocadas de forma apresurada para junio y sin las mínimas garantías, generando aún mayor incertidumbre laboral para miles de personas interinas y sustitutas en pleno fin de curso, y también con la desaparición de 1.500 interinos estables, de los que irónicamente afirman «continuarán ligados al sistema educativo y dispondrán en adelante de las mismas oportunidades que el resto del personal interino». Todo ello a pesar de reconocer abiertamente «la importancia que el compromiso de estabilidad ha tenido en el pasado y las virtudes que de él se desprenden tanto para el personal como para los centros docentes».

Con respecto a las reducciones de jornada lectiva, que no de horario laboral, para el profesorado con más de 55 años, argumentan su rechazo en que «se viene observando una dificultad creciente para cubrir sustituciones». Desde luego, y éstas serán mayores en la medida que el Departamento deteriora también las condiciones laborales del personal sustituto. Aluden al «constatable aumento de las jubilaciones», que no viene sino a probar la elevada edad media del profesorado -próxima a los 50 años- y, por tanto, la urgencia de medidas como ésta y de un plan de empleo que aborde la necesaria renovación de las plantillas.

También en relación al incremento retributivo se quedan en meros juegos de palabras. Tras reconocer «el valor que debe atribuirse al trabajo y a la dedicación del personal educativo», cuantifican éste en una escasa oferta económica que afecta sólo a una parte del profesorado y que, además, condicionan a la firma de un acuerdo. Un claro chantaje.

En cuanto a la nuevas necesidades del sistema educativo, tales como convivencia, inmigración, normalización lingüística, nuevas tecnologías... racanean en unos casos y se niegan en otros a la implantación o consolidación de profesorado y de créditos horarios, para dichas tareas.

Igualmente, podemos hablar de la situación de las aulas de 2 y 3 años, de las necesidades en las diversas etapas educativas, de las sustitucione... en todos los casos nos encontramos con la cerrazón del Departamento de Educación.

En definitiva, se presenta un negro panorama para el sistema educativo público y sus centros, porque la práctica totalidad de las demandas sindicales no responden sólo a la mejora de la situación laboral de los trabajadores del sector, sino también a la urgente mejora de las condiciones en que los centros educativos públicos prestan su servicio a la sociedad. Esto es lo que nuestros responsables educativos no están dispuestos a aceptar, porque atenta contra su bien diseñada y nunca confesa política educativa neoliberal de recortes presupuestarios, de privatización del servicio, de precarización del personal, de reducción de recursos, de minorización de la red pública de centros y, en general, de un modelo social más injusto.

Y son precisamente la materialización de esa política en el ámbito educativo y la actitud autoritaria de sus responsables los verdaderos motivos de esta nueva huelga, que se convoca como única respuesta posible ante el hartazgo ya insoportable de todo un sector laboral y social.