Imanol Murua vivía sus últimos meses de diputado general de Gipuzkoa cuando el hoy senador del PNV Victor Bravo fue nombrado jefe del Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral de Gipuzkoa y las remodelaciones que acometió llevaron a su hermano José María a dirigir, en funciones, la delegación de Irun, pese a que el cargo requería mayor titulación de la que éste tenía. En 1991, y pese a que HB fue la primera fuerza en las JJGG, el PNV se hizo con la Diputación Foral merced a un pacto con el PSE. Y en tiempos de Eli Galdos y ese pacto, Victor Bravo ascendió a director general de Hacienda y, por lo que se ve, su hermano se consolidó en el cargo de Irun.

En 1995 Román Sudupe releva a Eli Galdos al frente de la Diputación y forma un equipo compuesto por diputados forales de PNV, EA y PSE. Según el Juzgado de Instrucción número 2 de Irun es más o menos por esas fechas cuándo comienza a fraguarse el delito. Los cobros irregulares a quienes creían que con un maletín de dinero en metálico podían extinguir sus deudas con la Hacienda guipuzcoana se extendieron, según la acusación, hasta 2003. Año en el que el hoy senador Victor Bravo deja la Diputación, al igual que Román Sudupe.

Ahora, el todavía diputado general de Gipuzkoa, Juan Joxe González de Txabarri, y el presidente del EBB, Josu Jon Imaz, intentan atribuir a este equipo y al PNV el mérito de haber de- tectado el fraude y de haberlo denunciado. Pero, como se informa en la sección de «Ekonomia», según CCOO este caso se destapó por «un contribuyente oficialmente declarado insolvente, que había satisfecho recientemente una deuda con Hacienda».

El robo ha entrado a formar parte de la campaña electoral, porque además determinadas fuentes han sacado nombres muy concretos de quienes, según la acusación, pagaron a José María Bravo una parte de la deuda con Hacienda, que nunca llegó al erario pero que sirvió para extinguir oficialmente sus compromisos. Y esos nombres aparecen vinculad0s a la candidatura del PNV. Joseba Egibar ha apuntado al PSE como filtrador de dossieres, aunque Xabier Arzalluz llegó a decir que la información ha sido encauzada por «un personaje un tanto mafioso del PNV» y la situó como un ataque del sector de Imaz, al igual que las acusaciones contra el ex candidato Jon Jauregi. Como aquel caso, también éste está dando lugar a que ambos sectores se despellejen en diversos foros de internet.

Por otra parte, tanto el candidato del PSE, Miguel Buen, como el de EA, Iñaki Galdos, disparan con bala contra el PNV. Ambos han coincidido en afirmar -y no les falta razón- que no se puede considerar víctimas a quienes defraudaron a Hacienda y luego trataron de resolver el caso con mínimos pagos en metálico que, al parecer, fueron en realidad al bolsillo de los acusados por el Juzgado de Irun. Lo que ocurre es que EA debiera recordar que también ha participado en el gobierno de la Diputación de Gipuzkoa desde 1995 hasta la actualidad, y el PSE que compartió responsabilidades con Román Sudupe desde 1995 hasta 1999.

Y tampoco cabe circunscribir el problema a un territorio. Recuérdese que contra el ex jefe de la Inspección de Hacienda Foral de Bizkaia, Juan Ramón Ibarra, recaen acusaciones de cohecho, prevaricación, falsedad en documento público y desobediencia a sus superiores. Al parecer, aceptó sobornos para beneficiar a unas doscientas empresas y perjudicar al conjunto de los contribuyentes.

Por lo que a Araba respecta, en los últimos meses han aflorado no pocos escándalos en el Ayuntamiento de Gasteiz, dirigido por el PP. Y en Nafarroa hay cuestiones que casi son una tradición.

No faltarán quienes piensen que a las instituciones debiera llegar un soplo de aire fresco que acabe con estas situaciones. Pero no va a ser fácil. La única opción que, por ejemplo, podía provocar un vuelco electoral en Gipuzkoa ha sido convenientemente quitada de en medio por los tribunales españoles a instancia del Gobierno de Zapatero. Y todavía hay quienes exigen nuevas intervenciones de la Santa Inquisición.

La petición de Pernando Barrena a su base electoral de que vote a ANV está siendo utilizada por el PP y las agrupaciones de su entorno para exigir una actuación inmediata de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional, puesto que el propio Cándido Conde-Pumpido apuntó que podría intervenir si se diera el caso. De momento, fuentes de la Fiscalía señalan que todavía se mantienen «vigilantes».

Debe ser que no leyeron algunos de los titulares de portada que se exhibían ayer en el quiosco. «Abc»: «Batasuna ridiculiza al Gobierno con su respaldo a todas las listas de ANV». «La Razón»: «Batasuna pide el voto para ANV y pone en evidencia al Gobierno». «El Mundo»: «Batasuna echa un nuevo pulso al Gobierno pidiendo el voto para ANV». Habrá quien diga, «hombre, ya se sabe, la prensa derechista de Madrid...». Pues miren por aquí. «El Correo»: «Batasuna desafía al Gobierno y pide a sus bases que voten las listas de ANV». Y no fue el único. «Deia» va más allá: «Batasuna desafía al Gobierno y a la Justicia y pide el voto para ANV». Parece que algunos medios tienen interés en instigar más ilegalizaciones.

A Batasuna le impiden participar en las elecciones y ya no quieren dejarles ni pedir el voto para otros. Cada vez que abren la boca les acusan en grandes titulares o de desafiar o de amenazar y, al final, si se quejan, acaban criticándoles de «victimismo».