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El Senado japonés aprueba la ley que fija el mecanismo de reforma de la Constitución

El Senado japonés aprobó la ley que permitirá al primer ministro convocar un referéndum favorable a su proyecto de reforma de la Constitución, impuesta por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.

TOKIO

La Casa de Consejeros -Cámara alta japonesa- aprobó ayer la legislación que establece el mecanismo de reforma de la Constitución japonesa en medio de la polémica por la posible modificación de la Carta Magna impuesta por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y a la que se le otorga un carácter pacifista y antimilitarista.

La recién aprobada legislación refleja el punto de vista del Gobierno del primer ministro Shinzo Abe que cree necesario revisar la Constitución para que Japón supere el «régimen de postguerra». La nueva ley establece que los japoneses mayores de 18 años podrán votar en referéndum que ratificará la nueva Constitución. La edad mínima para ejercer el derecho al voto en Japón es de 20 años. Además, no fija ningún mínimo de participación para la aprobación del futuro texto, tal y como reclamaba la oposición.

El 13 de abril, la Cámara baja aprobó el proyecto de ley ratificado ayer por el Senado, que había propuesto el Partido Liberal Democrático (PLD) de Abe y su socio, el Nuevo Komeito.

El Partido Demócrata, el Partido Comunista, el Socialdemócrata y el Nuevo Partido Popular, en cambio, votaron en contra al no considerar necesario reformar la Constitución. El plan de Abe es acelerar el debate sobre la reforma constitucional. Durante la campaña, está previsto que él mismo encabece una iniciativa para promover la derogación de la cláusula del artículo 9, lo que permitiría a Japón tener oficialmente una fuerza militar para su defensa. Esta cláusula impide que Japón pueda tener un Ejército de aire, mar o tierra o que acuda en defensa de sus aliados.

Según una encuesta publicada con motivo del 60 aniversario de la Carta Magna por el periódico «Asahi Shinbun», de tendencia liberal, el 78% de la ciudadanía cree que el artículo 9 ha contribuido a la paz en el país en las últimas seis décadas.

El borrador de Constitución ha sido criticado por poner los derechos colectivos por encima de los individuales, por lo que ha habido voces que acusan al partido gubernamental de no querer regular el Estado sino la población.

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