Juanjo BASTERRA

La sección sindical de CCOO de la Diputación foral de Gipuzkoa se pregunta si el fraude de la oficina de Irun es «la punta de un iceberg muchísimo más grande de lo sabido en este momento» y, en ese mismo contexto, el secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, ofrece luz sobre esa situación que salpica a quienes controlan las cajas fuertes de la fiscalidad vasca: «quienes deben de velar para evitar y combatir el fraude fiscal son, para colmo, los que lo cometen». Quienes no escapan nunca a la lupa de Hacienda son las cuentas de los trabajadores que, por cierto, declaran siempre más ingresos que sus jefes, aunque esa situación irracional no parece que infunde sospechas.

Lo que está pasando en la oficina de la Hacienda foral de Irún no es un hecho aislado, aunque los políticos, más preocupados por preservar su poltrona, nos digan que sí. Los máximos responsables del PNV en la Diputación foral de Gipuzkoa, con Joxe Joan González de Txabarri, y el titular para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, se apresuraron a indicar que «están colaborando» con la Justicia para resolver el grave problema, que supuso que la Hacienda guipuzcoana no ingresara más de 5 millones por el fraude de Irun y, 1,5 millones que han ido a parar, supuestamente, a los imputados. El fraude, en este caso, saltó, como desvela CCOO en la Hacienda de Gipuzkoa, por «un contribuyente oficialmente declarado insolvente. Las irregularidades no fueron descubiertas por los servicios internos».

El auto de la jueza Almudena Ovejero, del Juzgado de Instrucción nº 2 de Irun, que hizo público ayer, imputa de forma directa a María Rosa Cobos Crespo, Pilar Gracenea Echegoyen, Pedro María Atristain Gabilondo y José María Bravo Durán. También aparece Mariano Bravo Moreno, aunque un posterior auto le retiró de ese listado.

Los delitos de los que se les acusa son «de estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales». Además, existen «veinticinco víctimas», entre las que se encuentra la esposa del ex diputado foral y ex consejero de Lakua, Luis Mari Bandrés. Se señala que los expedientes de Hacienda habían sido dados de baja por insolvencia después de que los contribuyentes pagaban parte de la deuda de forma directa, porque no fue ingresada en las arcas forales, ya que presuntamente se apropiaban de ese dinero los integrantes de la trama dirigida por el ex director de la oficina de Irun, José María Bravo, hermano del senador del PNV Víctor Bravo, que era director de Hacienda de cuando se produjeron los hechos y presentó ayer su dimisión «para poder defender con mayor libertad mi honorabilidad», aseguró en una nota de prensa.

Lo que está ocurriendo en Irun no es nada nuevo. En la Hacienda de Bizkaia ronda ya desde hace más de cuatro años el caso del ex jefe de la Inspección foral vizcaina Juan Ramón Ibarra, que presuntamente benefició a unas doscientas empresas. Fue denunciado por uno de sus subordinados. Los fraudes que afloran son por riñas internas, problemas personales, venganzas o casualidades. No por la intervención pública, que va a remolque de los acontecimientos.

Lo último que se conoce del «caso Ibarra» es que la Fiscalía aprecia indicios de «cohecho», además de «supuesta prevaricación, falsedad de documento público y desobediencia a sus superiores». El fiscal dice que «hay indicios suficientes para pensar que aceptó sobornos».

A raíz de este asunto, aunque desde antes ya se había indicado la posibilidad, la Diputación de Bizkaia encargó un estudio pormenorizado del fraude fiscal a la UPV-EHU. Se atrasó y, a día de hoy, sigue sin ver la luz.