«Cerraron el sindicato para dar paso a las transnacionales»
Francisco Ramírez es el presidente del sindicato colombiano Sintraminercol, que agrupaba a la mayoría de los trabajadores de Minercol Ltda. Por su actividad sindical ha sufrido siete atentados y numerosas amenazas. En mayo 2004 la sede sindical fue objeto de un atentado con coche-bomba.
Gerardo ORREGO LANDAZABAL
Minercol Ltda. ha sido la entidad reguladora del sector minero en Colombia, un organismo que ha experimentado diversos cambios de actividad y responsabilidades a lo largo de su historia. Nació como Oficina de Esmeraldas del Banco de la República, para convertirse en la Empresa Nacional Minera y participar directamente en la explotación de los recursos mineros hasta 1996. Ese año, en cumplimiento de las directrices del Banco Mundial, el Gobierno le retiró esas funciones y la convirtió exclusivamente en empresa reguladora. Como tal, regulaba el pago de impuestos y regalías, el control de salud ocupacional y el fomento de la pequeña minería nacional, además de velar por el medio ambiente en la explotación.
Con la entrada en vigor del Código de Minas de 2001, redactado por abogados cuyos clientes eran empresas mineras, empieza a perder también sus funciones reguladoras y el Gobierno ordena su cierre definitivo en 2004, dejando la regulación de la minería en manos de las multinacionales. Dicho proceso se ha prolongado durante tres años debido a la oposición del sindicato Sintraminercol, pero el 27 de abril, «de forma ilegal», el Gobierno de Uribe cerró la entidad.
Desde 2004, más de cien mineros han muerto en accidentes debido a la falta del control y prevención que antes ejercía Minercol y a que el Gobierno viene implementando un plan agresivo de atraer la inversión extranjera en minería, incluyendo la construcción de bases militares en los municipios de explotación aurífera.
Sintraminercol ha luchado durante once años en los tribunales contra la legislación que entregaba los recursos mineros a las transnacionales. Esa actividad ha convertido a su presidente, Francisco Ramírez, en objetivo de atentados.
¿A cuántos trabajadores de Minercol despidieron?
Había 289 trabajadores en la empresa y empezaron a echar a algunos. Llegamos a ser 44 con fuero sindical, que es una protección a trabajadores que pertenecen a la junta directiva o a una comisión de reclamos de un sindicato. Ese fuero fue violado por la empresa, ningún juez autorizó levantarlo, pero nos echaron.
¿Por qué cerraron Minercol ?
Por la imposición de un modelo económico del Banco Mundial que en todo el Tercer Mundo encabeza la transnacionalización del sector minero y eso significa que la pequeña y mediana minería nacional se acaba y da paso a las transnacionales, no sólo en el sector de carbón y níquel, donde ya estaban, sino en toda la producción minera. Significa privatizar y poner toda la legislación a disposición de las multinacionales.
¿Tienen menos restricciones las empresas multinacionales?
No tienen ningún tipo de restricción, ni en lo ambiental, ni en lo administrativo, ni en lo impositivo. Bajaron los impuestos del 66% al 6%, y del 15% al 0,4% en el carbón. Por ejemplo, la Muriel Mining explota sin pagar un peso. El Código de Minas dice que la compañía minera que corte el bosque y exporte tendrá una exención tributaria de 30 años, o sea 30 años sin pagar impuestos, sin pagar absolutamente nada.
¿Y qué pasó con el sindicato?
El sindicato se convirtió en un problema para la empresa a partir de 1996. La empresa no cumplía sus funciones y el sindicato comenzó a trabajar con la comunidad, a investigar y a hacer denuncias. Acabamos asumiendo las funciones reguladoras de la empresa y también apoyando al pequeño minero, dándole asistencia técnica, ayudándolo. Entonces, la empresa bloqueó al sindicato y el 2 de mayo de 2004 paramilitares volaron la sede sindical con dos bombas. En ese mismo año, en octubre, fui objeto de un atentado. Una noche, miembros del DAS (policía secreta) secuestraron a dos funcionarios del sindicato y les preguntaron donde vivíamos para atentar contra nosotros.
¿Hubo investigación o sentencia por aquellos atentados?
Absolutamente ninguna, con el agravante de que se ha dado información precisa de quiénes han sido, posiblemente, sus autores. Miembros de la Policía volaron la sede sindical, gente del DAS facilitó la información para los atentados y nadie ha estado detenido, los procesos han sido archivados, funcionarios de la empresa se han prestado para atentar contra nuestras vidas y no ha pasado nada.
¿Ustedes culpan a las multinacionales de los cambios legislativos?
Sí, porque sus abogados son los que han elaborado la legislación colombiana. El Código de Minas lo redactaron los abogados de Holcim y Ladrillera Santa fe. También el proyecto de código de 1996 lo hizo una abogada de la transnacional Corona Gold Fields S.A, para poder hacerse con las minas del Sur de Bolívar. Eso también se ve con la legislación petrolera, medioambiental y de inversión extranjera.
¿Y su responsabilidad en los atentados?
Creemos que están detrás de los últimos atentados por todas las denuncias que hemos hecho. Nosotros denunciamos directamente a la Drummond, porque la actividad del sindicato en la huelga y en las denuncias ha hecho que la compañía haya tenido un papel muy activo en la decisión del Gobierno de quitarme las medidas de seguridad y acelerar el cierre de Minercol.
¿Lo pueden demostrar?
Nosotros hemos hablado con informantes que nos dicen que sí son responsables, pero se han negado a realizar una declaración ex profeso.
¿Ahora qué van a hacer?
El sindicato sigue existiendo y nosotros seguimos trabajando con las comunidades y hemos formado un movimiento para enfrentar a las multinacionales en Colombia.
«Los abogados de las multinacionales son quienes han elaborado la legislación colombiana en materia de minas, actividad petrolera o medioambiental»