La Comisión Europea trabaja en una propuesta de directiva para el control de la contratación de trabajadores inmigrantes ilegales, con la que persigue intensificar las medidas para hacer frente a la contratación irregular y, al mismo tiempo, atajar la explotación de trabajadores que precisamente por no estar en una situación regularizada no pueden protegerse frente a los abusos.

El objetivo de la medida, presentada días atrás por el comisario de Justicia, Libertad y Seguridad del Ejecutivo europeo, Franco Frattini, es introducir en todos los Estados miembros penas similares para los empleadores que ofrezcan trabajo a inmigrantes que residen de manera ilegal en el país. Las sanciones podrán ser administrativas, económicas y, en casos muy graves, incluso penales. Además, la normativa plantea también aumentar las inspecciones a las empresas.

Esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas que la Comisión Europea ha elaborado a requerimiento de los Estados miembros, que en diciembre de 2005 decidieron poner las bases para una política europea común de inmigración basada en un enfoque global.

Así, además de la propuesta de directiva sobre los empleadores, Frattini anunció que trabajan también en el diseño de posibles mecanismos para facilitar la emigración circular, que permite a los emigrantes acudir a Europa para trabajar de manera temporal a cambio del compromiso del país de origen de aceptar la repatriación una vez finalizado el contrato.

Evitar la fuga de cerebros

Mediante este sistema se puede responder al mismo tiempo a las necesidades del mercado laboral de la Unión Europea y a las del país origen de la emigración sin provocar una fuga de cerebros, según precisan los defensores de la directiva. La propuesta sobre movimiento legal de personas busca asimismo ser un instrumento de lucha para frenar la emigración ilegal, otro de los objetivos fijados por el Consejo, según precisaron fuentes de la CE.

En diciembre de 2005, el Consejo Europeo diseñó un enfoque global para hacer frente al problema migratorio que centró inicialmente su atención en la región Mediterránea y en Africa. Un año después, los 27 pidieron a la Comisión proponer medias concretas para aplicar este enfoque a las regiones vecinas del sur y este de Europa.

Bruselas hará recomendaciones que consistirán en reforzar el diálogo y la cooperación con los países vecinos en materia migratoria y que podría contemplar la posibilidad de facilitar visados a determinado tipo de ciudadanos que no representen riesgo de convertirse en inmigrantes ilegales o supongan una amenaza para el orden público, así como la adopción de legislaciones más transparentes y coherentes para la concesión de visas.

El paquete de medidas sobre política migratoria incluye un plan de migración legal e integración enfocado a trabajadores temporales y/o altamente cualificados.

La Comisión pretende presentar en setiembre de este año dos propuestas legislativas sobre este asunto: una directiva sobre las condiciones de admisión de los trabajadores cualificados y otra sobre los derechos de los inmigrantes legales que se encuentren en paro.

Control de fronteras

Por otra parte, entre las medidas anunciadas por la CE figura también un capítulo dedicado al control de las fronteras y a la lucha contra la emigración ilegal.

Los impulsores de la nueva directiva subrayan que a la luz de los informes de evaluación de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) se propondrá la revisión del futuro mandato del organismo, así como el establecimiento de un sistema para registrar las entradas y salidas, de forma que se conozcan los movimientos en las fronteras exteriores y se puedan cruzar estos datos con los registros de viajeros.

Otra de las medidas anunciadas por la Comunidad Europea para atajar la contratación de inmigrantes sin papeles, y por tanto en situación no regularizada, tiene que ver con la creación de un sistema europeo común de asilo.

El proyecto de asilo común nace a partir de la idea de hacer de la Unión Europea un área única de protección para los refugiados. Aseguran que está basada en la completa aplicación de la Convención de Ginebra y en los valores humanitarios compartidos por todos los estados miembros de la UE, según subrayaron los promotores de la iniciativa, avanzada por el comisario Franco Frattini.