Nafarroa es referencial respecto al cultivo del chopo en Euskal Herria y, en el contexto del Estado español la oferta de madera de este árbol se sitúa entre las más importantes. Castilla y León se sitúa a la cabeza de la producción de madera de chopo, con las plantaciones de las riberas del Duero; Catalunya también es referencial, aunque se sitúa aparte al estar regulada por un organismo autóctono; mientras la ribera del Ebro, que agrupa la producción de La Rioja, Aragón y Nafarroa, se encuentra bajo los designios de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El chopo supone un beneficio en muchos aspectos. Es el árbol europeo que mejor absorbe el dióxido de carbono, siendo esta función muy importante para mantener la pureza del aire y las plantaciones de esta especie arbórea propiciasn la depuración de las aguas residuales. Por otra parte, los bosques de chopos disminuyen la velocidad del viento, mejorando el microclima. Está demostrado que también la biodiversidad enriquece, teniendo en cuenta su importancia en un medio agrícola como el valle del Ebro.

Recordando los problemas causados en este entorno por las riadas de marzo, que ocasionaron la inundación de los campos, es interesante la labor de las choperas, disminuyendo el arrastre de las tierras que se produce con ocasión de las avenidas. Otra de las aportaciones de los cultivos de chopos es la creación de puestos de trabajo, favoreciendo la fijación de la población rural.

Está considerado muy rentable al ser una especie de crecimiento rápido. Tarda entre 12 y 15 años en adquirir las dimensiones que solicitan las empresas madereras. El chopo ha sido tradicionalmente aprovechado en terrenos situados en las riberas de los ríos, la demanda ha ido aumentando y, en la actualidad, el precio de la madera de las choperas cuidadas adecuadamente oscila entre los 48,08 y los 60,10 euros el metro cúbico de madera rollo en pie, según términos utilizados en la populicultura.

Es muy importante el cuidado de las choperas, seguramente éste es el aspecto más dificultoso para los populicultores, ya que el árbol debe cumplir unos requisitos para la obtención de la madera y en este sentido una correcta poda proporcionará el valor al chopo. Hay que mantener el tronco limpio y y la corta de ramas debe comenzar temprano, ya que cuanto menores sean las ramas, menores serán las heridas ocasionadas y así se podrán evitar infecciones y los nudos que luciría la madera durante su procesamiento.

Un incremento del 312% en impuestos

En menor medida que en Erribera, donde en mayor medida se concentra la populicultura en Nafarroa, también existen estos cultivos en las riberas de la Zona Media y Lizarraldea. Según recoge el 3º Inventario Forestal Nacional, las plantaciones casi alcanzan las 7.400 hectáreas en este herrialde. Teniendo en cuenta el volumen de corta de chopos, se deduce que alrededor de 2.000 hectáreas están dedicadas a la producción de madera.

Las variedades son Populus Canadensis y Populus Nigra, aunque para cada terreno se manejan clones específicos debido a que las mezclas que se realizan observando las características del suelo para obtener el árbol deseado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los propietarios y, en su representación, la asociación Foresna-Zurgaia, no entienden «las trabas» que se les imponen por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Concretamente, el problema tiene que ver con los impuestos que deben pagar los productores a la Confederación por utilizar terrenos de dominio público hidraúlico, como lo son las riberas de los ríos. Siempre ha existido la obligación de pagar los impuestos, pero si bien hasta hace cinco años la tasa a pagar se valoraba sobre el beneficio obtenido en la venta de madera, sin embargo, desde hace unos años, la Confederación cobra la tasa basándose en el valor de la tierra, que han calculado, nada menos, que en 3.005,06 euros la hectárea.

Este cambio supone un incremento del 312%, según ha estimado Foresna-Zurgaia. Esta asociación explica que en la situación anterior, suponiendo que una hectárea produjera 300 metros cúbicos de madera en 15 años (lo que tarda en desarrollarse el árbol), y que el precio de la madera fuera de 60,10 euros el metro cúbico, los ingresos serían de tres millones. Sobre ese beneficio se calcula la tasa, que era de un 4% del valor, y se deduce el importe a pagar, 721,21 euros, suponiendo un canon anual de 48,08 euros por hectárea.

Con los nuevos criterios impuestos por la CHE se cobra un 5% anual del valor de la tierra (estimada en 3.005,06 euros por la CHE), con lo cual son 150,25 euros por hectárea anuales. En quince años supondrían 2.253 euros, pero la cuestión es que el productor tiene que pagar cada año ese impuesto mientras dura el crecimiento del chopo, y por lo tanto, antes de obtener el beneficio.

Desde la asociación denuncian, además, que la CHE cobra un impuesto a los productores sin aportar nada, o explicado de otra forma, el productor debe desembolsar una cantidad sin obtener nada a cambio. Hasta ahora, el desembolso no suponía un gasto «preocupante», pero desde hace cinco años, la cantidad a pagar desanima a los productores. La actitud de la CHE es, cuando menos, sorprendente ya que se supone que su función es la de dinamizar, agilizar o incentivar políticas que supongan una buena gestión de las riberas, pero su política está siendo precisamente la contraria, al dificultar con exagerados impuestos los beneficios que supone el trabajo de los productores.

«Cierran las puertas» al debate

Hay que añadir que son los productores o los ayuntamientos lquienes se encargan del mantenimiento de las plantaciones, y por consiguiente, los que mantienen limpias y cuidadas las riberas de los ríos. Foresna-Zurgaia se ha mostrado disgustada con la actitud de la CHE, ya que «cierra las puertas» a una solución debatida entre ambas partes.

Con este motivo, celebraron una jornada en Mendabia el pasado febrero, a la que asistieron alcaldes de muchos pueblos de Erribera, y que contó con asistencia de representantes riojanos y aragoneses. Se expuso la importancia de llevar la actual problemática que existe con la CHE a la Mesa Nacional del Chopo y se habló de los problemas existentes en otras comunidades.

Un letrado expuso su informe sobre la legalidad del canon de utilización exigido por la CHE, toda vez que se analizó la situación y se acordó unir fuerzas ante este problema de díficil solución. La actitud de la CHE es de total indiferencia, tal y como sostiene Juan Miguel Villarroel, gerente de Foresna-Zurgaia, quien manifiesta al respecto que «un ente de la envergadura de la CHE está acostumbrado a que los medios de comunicación la critiquen. Se trata de un dinosaurio y nadie puede hacer nada».

Tampoco se define debidamente el terreno de las plantaciones, tal y como se expuso en el encuentro y, en consecuencia, tampoco la superficie sobre la que se valora la tasa a pagar a la CHE. Asímismo, se interponen multas por falta de autorización, lo que se atribuye al desconocimiento, pero tampoco se ponen los medios para informar o aclarar a los propietarios y tampoco en este contexto se adivinan soluciones.

No está definida la zona denominada de dominio público hidraúlico, que es donde actúa la CHE, así como en lo que se considera cauce del río. Pese a que la Ley de Aguas considera cauce hasta donde el río alcanza el punto máximo en las riadas, tal y como asegura Villarroel, esa no es una definición concreta, ya que cada año el río crece de distinta manera. «Nosotros solicitamos que se delimite físicamente, pero eso cuesta mucho dinero y nadie lo quiere hacer. Así nos encontramos con que es una cosa abstracta, ni los mismos guardas saben decirte. La CHE considera que esos terrenos son suyos, pero nadie sabe dónde empiezn o dónde terminan».

Por otro lado, Medio Ambiente también controla este ámbito, y desde las dos instituciones llegan sanciones. La asociación Foresna-Zurgaia intenta, por un lado, informar a los propietarios, y por otro, agrupa para que tengan más fuerza. Villarroel explica que «en la reunión de febrero se acordó que las asociaciones de cada comunidad nos juntaríamos para seguir los expedientes abiertos contra cualquier miembro propietario. Se realizará un estudio jurídico, intentando conseguir jurisprudencia y se explotará la vía administrativa con denuncias y recursos, aunque sea para que la CHE escuche, que se dé cuenta de que, si sigue así, bajará la populicultura. Se tienen que dar cuenta de la importancia de las zonas de ribera para el mundo rural, el ámbito hidrológico y lo que se contribuye para la descontaminación del ambiente y para frenar las consecuencias de las riadas. La CHE lejos de dinamizar, entorpece con impuestos, con la burocracia y no hace nada. Por ejemplo, las motas que se hacen para frenar las riadas, las construyen los ayuntamientos y no la CHE».