En una democracia formal, los cargos institucionales se otorgan tras el recuento de los votos emitidos por la ciudadanía de forma periódica. Nadie que se proclame «demócrata» debería aceptar que un pucherazo altere el resultado de las elecciones.

Hay ejemplos tan claros de la falta de democracia en Euskal Herria que apenas merecen comentarlos para poner de relieve el nivel del pucherazo que se pretende instaurar en nuestro país. En su Diccionario de la Lengua Española, la Real Academia Española incluye la siguiente definición del término: «Fraude electoral que consiste en alterar el resultado del escrutinio de votos». A continuación vienen algunos hechos escuetos, brevemente resumidos y ejemplificantes:

Elduain, domingo 27 de mayo de 2007; acuden a votar 108 vecinas y vecinos -aunque quizás sea pecar de ingenuos, partimos de que quienes votaron tienen aquí su residencia-. Otros 87 optan por la abstención, 24 votan en blanco, 83 votan con papeletas que son anuladas «en cumplimiento de la ley», y un voto es para un partido político, el PP. El resultado oficial del reparto de concejales es el siguiente: el PP obtiene los tres en liza.

Ahora se aclaran algunos extremos que explican lo ocurrido. En Elduain, la lista de EAE-ANV, constituida por gentes de ese pueblo y que probablemente ha recibido los 83 votos anulados, fue ilegalizada «en cumplimiento de la ley»; EAJ-PNV, partido con gran implantación en Gipuzkoa, había pedido a sus seguidores que votaran en blanco allí donde no había configurado una lista propia o afín; y el PP, gracias a las reformas legales perpetradas en Madrid, pudo constituir una lista con cinco personas que no residen en la localidad. El resultado: el PP tiene oficialmente más concejales que votos en Elduain.

Lizartza, 27-M; votan 355 personas, 186 votos son anulados y otros 142 están en blanco. El PP obtiene 27 papeletas; «en cumplimiento de la ley», se le otorgan 7 concejales. La explicación ya está dada en el caso anterior.

Ondarroa, 27-M; 4.833 personas acuden a las urnas. «En cumplimiento de la ley», se anulan 2.195 papeletas. El PNV obtiene 1.720 v0tos, EA 347, EB-Aralar 194, PP 191 y PSE 105. Hubo 81 blancos. «En cumplimiento de la ley», al PNV le dejan ocupar nueve sillones de la Corporación, a EA dos, al PP uno y al PSE otro.

Donostia, lunes 28 de mayo; la presidenta del PP en Gipuzkoa, María José Usandizaga, justifica los malos resultados en este herrialde, dice que «en las condiciones de violencia que vivimos en esta sociedad cada vez es más difícil votar al PP» y agradece la confianza de «más de 35.000 guipuzcoanos que en estas condiciones han vuelto a demostrarnos su respaldo en las urnas». Al valorar lo sucedido en Lizartza, afirma que los 27 votos obtenidos expresan «un compromiso cívico encomiable en una situación claramente anómala» y añade que el PP «va a asumir ambas alcaldías [la de Lizartza y la de Elduain] desde el ejercicio de la responsabilidad política y el compromiso con estos ciudadanos». El PP nunca ha obtenido una alcaldía en Gipuzkoa desde 1979.

La dirigente del PP, al parecer sin ninguna intención irónica, califica de «paradójico» que la ley otorge a su partido esas dos alcaldías pero argumenta que es «el reflejo de la mayor de las anormalidades políticas y sociales de este país». No está criticando la ley, sino que hace referencia a la lucha armada de ETA -que mantiene un alto el fuego- y al hecho de que no hayan sido anuladas todas las candidaturas de la izquierda abertzale.

Los dirigentes del PP no se cansan de repetir que ellos son «demócratas», pero a Usandizaga se le escapa el siguiente comentario: su partido todavía no ha tomado la decisión sobre quiénes formarán la Corporación de Lizartza. Es decir, «en cumplimiento de la ley» la composición del Ayuntamiento de Lizartza no se ha decidido en las urnas, sino que se piensa diseñar en un despacho del PP.

El de Lizartza y Elduain no es un caso muy extendido, pero el de Ondarroa sí. En más de 130 ayuntamientos vascos se corre el riesgo de que, siempre «en cumplimiento de la ley», se produzca de nuevo un pucherazo de este calibre.

Donostia, martes 29 de mayo; representantes de candidaturas «legales» e «ilegalizadas», en una comparecencia pública, advierten de que «la defensa de esta elemental norma democrática, el respeto a la voluntad po- pular, no es un problema sólo de la izquierda abertzale, sino de todas las formaciones políticas y agentes que estamos implicados con la democracia y la defensa de los derechos».

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa Garaia, martes 16 de junio de 2007; los ayuntamientos vascos deben constituirse ese día. En teoría, los representantes de la voluntad popular deberán ocupar los cargos otorgados por la ciudadanía en las urnas.

Hasta entonces tienen los representantes de PNV, PSOE, EA, EB, Aralar, IUN y NaBai para decidir qué ley van a acatar, porque paradójicamente la trampa está en servirse de una coletilla tan ambigua. Si el PP cree que puede configurar un ayuntamiento «en cumplimiento de la ley» sin tener en cuenta lo que reflejan las urnas, también hay puertas abiertas en esa norma para hacer lo contrario: respetar la voluntad popular. Y si no fuera así, ¿por qué hay que respetar una ley dictada a sabiendas de que sus efectos son antidemocráticos de cabo a rabo?