Desde las proféticas preocupaciones Maltusianas, hasta los esclarecedores estudios antropológicos de M. Harris, sin olvidarnos del Segundo Principio de la Termodinámica, y las leyes de Murphy... demasiadas son las voces de alarma que nos advierten de la negligente actitud mostrada para con la familia real española, pues en conjunto, ponen de manifiesto que nuestra supervivencia como sociedad es inversamente proporcional al número de elementos que se adscriben a la misma; en consecuencia, nos conminan a tomar cuantas medidas juzguemos oportunas para ralentizar y poner término a una situación que parece irreversible.

No acierto a comprender cómo en un Estado que se define europeo, moderno y avanzado, sus instituciones: Gobierno, Ejército, judicatura, banca, prensa, Iglesia, Policía, cuerpo médico y el propio parque de bomberos, que tienen el deber de preservar y salvaguardar los derechos constitucionales, las libertades civiles, la seguridad pública, y nuestro bienestar, hayan desatendido asunto tan crucial como lo es la procreación dentro de la Corona, y haya dejado al azar, al capricho de la naturaleza y al premeditado cálculo de los interesados, lo que debiera ser regulado por el propio Parlamento y la mismísima Constitución.

Un Estado que comete la torpeza de dotarse de una monarquía parlamentaria lo mínimo que puede hacer es regular todos y cada uno de aquellos aspectos que de la susodicha pudieran afectar al conjunto de la sociedad, y al marco institucional en particular. Hemos de admitir que, en parte, así se hace y así se viene haciendo en lo que respecta a la sucesión, a los nacimientos, bautizos, comuniones, bodas, entierros, viajes al exterior, recepción de autoridades, vivienda oficial de invierno, vivienda oficial de verano, vacaciones de Navidad, imagen y representación, tratamiento en medios de comunicación, apariciones públicas, discursos oficiales, y minucioso etcétera de asuntillos que para cualquier otro ciudadano caerían bajo la esfera de la privacidad, pero que en el caso de los miembros de la familia real están sujetos, por su regia condición, a un estricto protocolo en el que se detalla al milímetro el modo en cómo deben desempeñar la función que el Estado les tiene asignada y por la cual, toda su entera actividad vital corre de nuestra cuenta a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, bajo el epígrafe de Casa Real. Y, sin embargo, brilla por su ausencia, tanto en la Constitución como en el Parlamento, un capítulo y una comisión que regulen su procreación y vigilen con celo y rigor el control de la natalidad regia, respectivamente.

Desconozco cuáles han de ser los procedimientos adecuados que permitan al Estado dotarse de los medios suficientes para neutralizar esta potencial amenaza: no sé si es preciso cambiar la Constitución, o si bastaría con una iniciativa Parlamentaria; de lo que estoy convencido es de que, de no mediar una correcta eugenesia, una certera planificación familiar, que cuente con los debidos avances científico-técnicos en materia de prevención del embarazo, esterilización, vasectomía, ligadura de trompas, inyecciones inhibidoras del impulso sexual, incluidos procedimientos químico-quirúrgicos encaminados a la castración si hiciera falta... nuestra sociedad corre serio peligro de verse borboneada genéticamente en menos de tres generaciones, con todo lo que ello supone.

Creo que esta observación no es exagerada ni irrespetuosa; muy al contrario, es del todo oportuna y coherente con el marco legal vigente en la actualidad, máxime, como digo, cuando se trata de una monarquía parlamentaria. Así pues, insto desde aquí a las autoridades a tomar cartas en el asunto de la reproducción de cuantos miembros deseen pertenecer nominalmente a la realeza. Esta regulación de la fertilidad y natalidad de la familia real, por supuesto, habrá de acatar y respetar escrupulosamente la carta de los Derechos Humanos y cuantos procedimientos la OMS tenga a bien informar, lo que no quita para que en la misma vengan recogidos los suficientes matices que permitan evitar en adelante el frenesí renacentista con el que ahora nos encontramos. Así, sería muy positivo que se estableciera un cupo de hijos para cada enlace matrimonial adscrito a la casa real, número que podría relajarse en su concreción según dicho enlace se vea más alejado en el orden sucesorio a la Corona; habría de diferenciar el tratamiento dirigido a machos y a hembras de la dinastía, pues no es lo mismo una familia integrada por ellas -más fáciles de vigilar y supervisar- que de ellos -cuyas sorpresas pueden ir apareciendo a lo largo de lustros y aún décadas como últimamente hemos podido comprobar-; también sería deseable que la regulación contemplase una real planificación familiar integral que, aparte de ocuparse de lo ya referido, abordara desde la más tierna infancia la debida educación sexual y moral dirigida a la castidad y continencia en pos de su institucional responsabilidad para con la sociedad que les mantiene, y a la que en definitiva se deben. El apremio con el que desde aquí apelo a la intervención institucional es tanto más pertinente cuando recientemente nos hemos enterado de que la actual generación de la monarquía española ha igualado la plusmarca histórica de nacimientos alcanzada por sus predecesores; mucho nos tememos que aficionados como son a la práctica deportiva, anden buscando batir un record olímpico en su categoría, empeño ridículo de tomar como referencia a las monarquías nórdicas si se quiere, pero nada despreciable si por desgracia han fijado su meta en los Emiratos Arabes...

Es posible que el Estado español y los españoles no hayan tomado todavía conciencia de cuán perniciosa puede llegar a ser su ignorante complacencia y felicidad mostrada ante cada uno de esos alumbramientos en forma de regalos, salutaciones, bienvenidas, y aplausos generalizados... Con ello, lejos de cohibirles y retraerles en su compulsiva propagación, se les anima a redoblar esfuerzos, sin reparar en el trágico hecho de que, al final, sus esfuerzos son los nuestros. Pero creo que ha llegado el momento de replantearse actitud tan ingenua y despreocupada. ¿Puede el Estado español permitirse el lujo de mantener a una familia real integrada actualmente por 18 miembros con sus respectivas casas, coches, títulos, escoltas, vestuarios, etc.? ¿Qué ocurrirá dentro de nada cuando Froilán, Juanito, Leonor y compañía, despierten a la pubertad en este clima de gozo y alborozo generalizado? ¿Podrá España permitirse mantener una familia real tan populosa y popular sin poner en riesgo su propia seguridad económica-política-social? Sinceramente. creo que no.

Por eso, cuanto antes se trabaje en esta dirección por mí apuntada, cual es, la de reglamentar una Real Planificación Familiar para la monarquía, antes podremos mitigar los indeseables efectos de su incontrolada procreación, dado que su crecimiento insostenible puede poner en peligro el débil y frágil equilibrio social del que ahora disfrutamos.