Fin del alto el fuego de ETA
Rechazo a la decisión y llamadas de agentes sociales a reabrir el diálogo
Patronales, sindicatos y agentes sociales realizaron declaraciones y emitieron comunicados con matices y el denominador común de considerar un «error» y rechazar la decisión de ETA de poner fin al alto el fuego. Mientras ELA llamaba a una concentración y Confebask acentuaba la voluntad de la «sociedad vasca» por lograr un futuro sin violencia, STEE-EILAS aludía a la responsabilidad que ha tenido el Gobierno español.
GARA | BILBO
La patronal vasca Confebask expresó su «consternación» por el anuncio de ETA, que «confirma la peor noticia que desde el punto de vista social, político y económico cabía esperar». En un comunicado, lamentó «nuevamente» que la organización armada «malogre las esperanzas que tantos vascos tenían depositadas en un futuro sin violencia». No obstante, esta confederación empresarial confía en que la sociedad vasca, «con su convicción y fortaleza, logrará que, tarde o temprano, ese deseo pueda convertirse en realidad y el terrorismo desaparezca definitivamente de nuestras vidas».
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, matizó que «desde la óptica empresarial la tregua no ha existido nunca», ya que «la extorsión» ha continuado, y añadió que «todos teníamos asumido que el proceso de la mal llamada tregua estaba a punto de finiquitar, porque evidentemente los terroristas no han conseguido sus objetivos, entre otras cosas porque creo que son inalcanzables».
Convocatoria de ELA
En cuanto a los sindicatos, ELA decidió convocar para hoy una concentración en Bilbo, en rechazo a la decisión de ETA de romper el alto el fuego. Considera ELA que la iniciativa de ETA es un «error gravísimo, que perjudica sobre todo a las fuerzas soberanistas». «El proceso para imponer socialmente el derecho de este pueblo a decidir debe ser, necesariamente, civil y democrático. La violencia y la coacción no tienen sitio cuando de lo que se trata es de ganar la voluntad de la ciudadanía», considera.
El secretario general de UGT Euskadi, Dámaso Casado, leyó una declaración en la que urge una «respuesta unitaria» de los partidos políticos, instituciones, sindicatos y organizaciones empresariales «para hacer frente con contundencia y sin fisuras a las amenazas de ETA».
CCOO de Euskadi considera que la ruptura del alto el fuego confirma «desgraciadamente las peores expectativas que se venían dando en las últimas semanas» y supone «un pulso absurdo» contra la sociedad vasca, que «ha rechazado de múltiples formas sus métodos violentos». A través de un comunicado, esta central expresó su «más absoluto» rechazo a la violencia como instrumento de acción política y reprochó a ETA que «es la única responsable de la ruptura del `proceso de paz' al volver a optar por el camino de la violencia».
CCOO se reafirmó también en el respeto a la «pluralidad» de la sociedad y en su apuesta por el diálogo «en un escenario de no violencia como único instrumento -indicó- para la resolución de los conflictos».
Por su parte, STEE-EILAS hizo público un comunicado en el que manifiesta que esta decisión «frustra de nuevo, tal y como sucedió en diciembre pasado, la esperanza y voluntad que la sociedad vasca tiene de superar el conflicto vasco. La responsabilidad de volver al camino de las armas le corresponde sólo a ETA, así como las graves consecuencias que traerá esta decisión».
Este sindicato pide a ETA que declare un alto el fuego definitivo y «abandone por completo el camino de la violencia, porque esto es lo que la mayoría de la sociedad vasca le pide», toda vez que no olvida «la responsabilidad histórica que ha tenido el Gobierno español, quien en vez de abrir el camino al proceso empezado hace ahora 14 meses y dar los pasos necesarios para avanzar en el mismo, ha estado mirando al PP y otras fuerzas de la extrema derecha en vez de tomar en cuenta el deseo de la sociedad vasca».
Desde otro ámbito, el movimiento social Lokarri acusó a ETA de «vulnerar» la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y le pidió que ponga fin a la lucha armada «de manera definitiva», toda vez que emplazó a los partidos políticos e instituciones a intensificar el diálogo para acordar «una hoja de ruta» que permita «reconstruir el proceso de paz».
Ante esta situación, Lokarri hizo un triple llamamiento; en primer lugar, a ETA «para que escuche la voluntad de la sociedad vasca y ponga fin a la violencia de manera definitiva»; también emplazó a los partidos políticos e instituciones para que intensifiquen el diálogo con el objetivo de acordar una hoja de ruta «que permita responder esta nueva situación y reconstruir el proceso de paz»; y además pidió a la sociedad vasca que «no pierda la esperanza», ya que «el camino hacia la paz es absolutamente irreversible. Las voluntades sociales mayoritarias de fin de la violencia, diálogo y acuerdo son imparables, pese a quien pese, y acabarán imponiéndose».
Piden condenas y disolución
La coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria reclamó a los partidos políticos un «posicionamiento contundente» y una condena «radical y rotunda». Este grupo recalcó que ETA ya rompió la tregua con el atentado de Barajas del pasado 30 de diciembre y que el comunicado «no es más que un aviso explícito de una amenaza de muerte contra cualquiera de nosotros. La ciudadanía vasca no puede permitir, bajo ningún concepto, vivir en este continuo corredor de la muerte en el que nos quiere encajonar ETA, queremos vivir en libertad y con la dignidad que nos corresponde como seres humanos», añadió.
Según Gesto por la Paz «no vale esconderse en banales justificaciones ni medias tintas», ya que «cualquier connivencia con el uso de la violencia supone una automarginación de las instituciones democráticas».
El Ararteko de la CAV, Iñigo Lamarca, expresó también su rechazo a la ruptura del alto el fuego y señaló que «todos los poderes públicos y las organizaciones sociales debemos seguir trabajando para exigir al unísono a ETA que se disuelva». En un comunicado, Lamarca considera la ruptura del alto el fuego «una amenaza terrible de vulnerar y destruir derechos fundamentales básicos de la ciudadanía».
El Consejo de la Juventud de Euskadi dijo que ETA «nuevamente hace oídos sordos al clamor generalizado contra la violencia, que continuamente manifiesta la sociedad vasca», toda vez que reivindicó «el respeto a la voluntad de la ciudadanía vasca, lejos de cualquier tipo de atentado, chantaje, coacción o inmovilismo político».
Creemos necesario fortalecer el diálogo como herramienta de solución.
José Manuel Ayesa (CEN) dijo que desde la óptica empresarial «la tregua no ha existido nunca» y Lokarri hizo un triple llamamiento, incluyendo el emplazamiento a partidos e instituciones para una hoja de ruta.
El presidente de CiU, Artur Mas, aconsejó al Gobierno español que mantenga «alguna vía abierta» para un final dialogado de ETA. En declaraciones a TV3, el político conservador catalán indicó que «todos los gobiernos que ha habido en España han mantenido de una forma u otra alguna vía abierta, aunque fuese muy pequeña. Alguna brecha habrá que dejar -insistió- porque, al final, llegará un día en que la violencia terrorista acabará, como se ha demostrado en otras partes, como Irlanda del Norte».
El líder de CiU reprochó a PP y PSOE el ser «incapaces de ponerse de acuerdo para intentar dar una imagen pública de unidad de los demócratas», «al convertir el terrorismo en un tema de lucha partidista y electoral», lo que «provoca cansancio, distanciamiento e incomprensión» por parte de la ciudadanía. También elucubró sobre que ETA «seguramente» quería negociar su final, «pero a un precio impagable». El líder de CiU añadió que echaba en falta «un punto de flexibilidad» por parte de la organización armada.
El líder del PP, Mariano Rajoy, reclamó al presidente del Gobierno español que «rectifique» su política antiterrorista y aporte «hechos y pruebas» de ello. Lamentó «la falta de claridad» de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien exigió que actúe sin «ambigüedad» y afirme que «ya no habrá ninguna cesión ni negociación con ETA», ya que esa estrategia es «un error que sólo fortalece» a la organización armada.
Apenas dos horas después de que Zapatero compareciera en La Moncloa, y antes de reunirse en Gasteiz con la dirección del PP de la CAV, Rajoy leyó una declaración, sin admitir preguntas de los periodistas, en la que reiteró que «a los terroristas hay que derrotarlos con los instrumentos propios de una democracia, la ley y el Estado de Derecho» para añadir que «la unidad de todos los españoles en la lucha contra ETA debe hacerse en base a estos principios», que, afirmó, fueron «los que inspiraron el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, que tenía el apoyo mayoritario de la ciudadanía española». Para el político gallego, ETA «debe perder toda esperanza de cualquier negociación y debe saber que su único destino es su derrota con los instrumentos propios de un Estado de Derecho y democrático».
Mucho más concreto fue el portavoz del PP en la CAV, Leopoldo Barreda, quien pidió que se inicie el proceso de ilegalización de ANV, la vuelta a prisión de Iñaki De Juana Chaos y que se mantengan las acusaciones contra Arnaldo Otegi. Esta triple petición se vio trufada por la de otros líderes del partido como Manuel Fraga, quien solicitó el voto para el PP en las próximas elecciones. Quien fuera ministro del dictador Franco dijo esperar que el pueblo español «recapacite» sobre «dónde están sus intereses» de cara a la cita electoral prevista para el próximo año.
El secretario ejecutivo de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, manifestó también que espera que el comunicado de ETA sirva «para hacer regresar a la política del Pacto Antiterrorista» al PSE.
Elorriaga detalló que volver al citado acuerdo significa «hacer todo lo posible para impedir que tomen posesión esos concejales que representan políticamente a ETA, poner inmediatamente en marcha los procesos de ilegalización de ANV y del PCTV, terminar con las situaciones de privilegio en las que están algunos presos de ETA y dar órdenes a la Fiscalía para que exija las máximas penas para los delitos».
Por su parte, Leopoldo Calvo Sotelo, quien fuera presidente del Gobierno español, pidió a los partidos españoles mayoritarios «una vuelta a la consenso», como el que protagonizaron UCD y PSOE. «Echo mucho de menos a Felipe González, porque mantuvo una oposición distinta a la de hoy, enormemente razonable durante muchos años», comentó en unas declaraciones realizadas en Oviedo.
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