Las autoridades serbias iniciaron ayer la investigación sobre una fosa común en la que se han hallado los restos mortales de más de 350 albano-kosovares. Mientras, la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (TPIY), Carla del Ponte, presiona al Gobierno serbio, en su visita al país, para que capture a cinco fugitivos acusados de crímenes de guerra.

El portavoz de los fiscales que se ocupan de estos crímenes en Serbia, Bruno Vekaric, afirmó que hay testigos que aseguran haber visto cómo cuatro camiones descargaban varios cuerpos en el área de Raska, cerca de la frontera con Kosovo, en 1999. Informó de que existen «serios indicios» de que puede haber más de 350 cuerpos enterrados en la citada fosa común, que es la tercera que se halla con víctimas de la guerra que Slobodan Milosevic llevó a cabo contra los albano-kosovares.

En relación a los fugitivos aún no detenidos, Vekaric indicó que Vlastimir Djordjevic, un jefe de Policía acusado de cometer atrocidades en Kosovo, está en Rusia, y que el antiguo líder político serbobosnio Radovan Karadzic no está en Serbia.

Respecto a las capturas de presuntos criminales de guerra, el ultranacionalista Partido Radical Serbio (SRS) pidió someter al Gobierno a una moción de censura por la «información falsa» sobre la detención de Zdravko Tolimir, que denunció haber sido detenido en un piso Belgrado y trasladado a Bosnia.

La Fiscalía de Kosovo, por su parte, acusó a Albin Kurti, líder de un movimiento albano-kosovar que exige la proclamación inmediata de la independencia, de la organización de las protestar contra el «plan Ahtisaari» que el 10 de febrero se saldaron con dos muertos en Pristina.