«El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para que, mediante el diálogo, la negociaciación y el acuerdo, el Pueblo Vasco pueda realizar el cambio político que necesita». Con estas palabras explicaba la organización armada la iniciativa de cesar en sus acciones armadas.

Pero decía más en aquella declaración -recogida íntegramente en esta página-: instaba ETA a superar el marco de «negación, partición e imposición» y construir uno «democrático»; consideraba que corresponde a todos los agentes vascos «adoptar los acuerdos correspondientes al futuro de Euskal Herria»; llamaba a los estados español y francés a respetar los resultados del proceso democrático; y aseguraba que «la superación del conflicto, aquí y ahora, es posible».

Lo acontecido desde aquel día demuestra que ese proceso que reivindicaba ETA nunca llegó a arrancar. La clave de lo que ha sido denominado «el carril político» pasaba por la conformación de una mesa multipartita no excluyente para abordar las raíces del conflicto y buscar un acuerdo político resolutivo. Un planteamiento asumido por la amplia mayoría política de este país, con la salvedad de la derecha española y francesa: el resto de sensibilidades han venido defendiendo, a lo largo de estos 15 meses, la necesidad de sentarse todos alrededor de una mesa o, en su caso, varias mesas.

Esa fotografía no se ha producido. Ha habido otras, públicas o no, que mostraban que en Euskal Herria se había abierto un proceso de diálogo sin precedentes -el encuentro PSE-Batasuna del 6 de julio es el mejor ejemplo-. Pero ese ejercicio ha finalizado, después de que PSOE y PNV rechazaran en otoño concretar un acuerdo que superara las ambigüedades de dos borradores redactados en 12 reuniones trilaterales respecto al derecho a decidir y la vertebración territorial, con los independentistas «solos en la mesa» porque los otros dos interlocutores «se han levantado», informó Arnaldo Otegi el pasado sábado. Esa actitud, prosiguió, propicia que el actual escenario sea «de máxima gravedad».

Las palabras «gravedad», «crisis», «bloqueo» y «ruptura» han sido pronunciadas en numerosas ocasiones en estos 15 meses. Lo decía Otegi en la citada comparecencia: «A los dos meses de que ETA declarara el alto el fuego el proceso ya estaba bloqueado». ¿La razón? «La estrategia de PSOE y PNV para desnaturalizar el proceso e intensificar el acoso contra la izquierda abertzale».

«Si siguen los ataques...»

Esa estrategia ha venido siendo denunciada por ETA en sus pronunciamientos posteriores al alto el fuego. En el «Zutabe» hecho público 20 días después, instaba a los estados a abandonar la represión. El 14 de mayo, en una entrevista en GARA, insistía en que «el proceso no podrá seguir adelante si continúan los ataques». En un comunicado, el 21 de junio emplazaba al Ejecutivo de Zapatero a «expresar su compromiso de respetar lo que el Pueblo Vasco acuerde» y a «cumplir sus compromisos de `alto el fuego'».

El 18 de agosto, en otro comunicado, la organización afirma que la crisis del proceso tiene su origen en la «actitud mezquina» de PSOE y PNV y advierte que «si continúan los ataques a Euskal Herria, ETA responderá». Aunque Zapatero le replica que «lo único que está en crisis es la violencia», lo cierto es que en la opinión pública vasca ya se va instalando la sensación de que las cosas no van bien. «Si el Gobierno español no cumple sus compromisos y no hay pasos visibles, el proceso se romperá», advierte ETA el 4 de noviembre.

Después de que Batasuna alertara de que «el proceso está en vía muerta» y que el PSE reconociera que el momento era «complicado», el 30 de diciembre una furgoneta-bomba estalla en la T-4 de Barajas causando enormes daños materiales y dos muertos. Zapatero suspende los contactos con ETA y su ministro de Interior sentencia que el proceso «está liquidado».

El 9 de enero se produce un nuevo punto de inflexión, cuando, en respuesta al emplazamiento público de la comisión negociadora de la izquierda abertzale, ETA asume la acción, mantiene el alto el fuego, se reafirma en los objetivos explicitados el 22-M y reitera que tiene «la firme determinación de responder si persiste la agresión a Euskal Herria». La respuesta del Ejecutivo español se limita a: «Con violencia no hay diálogo».

Seis días después, Zapatero oficializa su intención de buscar «un gran consenso democrático contra el terrorismo» después de que «ETA ha clausurado la oportunidad abierta».

La ilegalización de cientos de candidaturas abertzales y de izquierdas configuradas para las elecciones del 27-M no ha hecho más que agravar el débil estado de salud de un proceso sobre el que ahora, con la reactivación a partir de la pasada medianoche de todos los frentes por parte de ETA, se cierne la incertidumbre.