Es la pregunta que nos hacemos muchos en el País Vasco. El pasado día 27 se celebraron las elecciones municipales y las forales en cada uno de nuestros territorios históricos. Unas elecciones que eran esperadas con mucho interés, no exento de inquietud en algunos casos. Pero también con un cierto cansancio y hastío de otra parte del electorado. Tras conocerse los resultados vinieron las interpretaciones, las valoraciones de parte de los partidos y también el análisis de las perspectivas de futuro y de las estrategias a seguir a la luz de los resultados obtenidos.

Desde la perspectiva ética, en pro de ayudar al logro de la ansiada pacificación entre nosotros, sin entrar en el ámbito propio de los partidos y sus pre- ferencias, deseo una vez más ofrecer esta aportación crítica.

1. Se ha insistido en el hecho de que las elecciones han transcurrido en un clima de normalidad, lo que avala el carácter democrático de las mismas y, en consecuencia, prueba el alto nivel de responsabilidad política de la población de nuestro pueblo. Esta apreciación es motivo de satisfacción general. Con todo, no se deben cerrar los ojos ante los atentados habidos en los días inmediatamente anteriores, contra lugares y locales de partidos distintos de la propia opción política. Y particularmente son rechazables y condenables las coacciones y agre- siones habidas contra representantes cualificados de otros partidos. Todo ello expresión de un enfrentamiento y un odio contrarios a la convivencia en libertad y respeto. Son acciones que no se pueden olvidar sin extraer de ellas una profunda enseñanza para el futuro, pues no todo vale en la contienda política.

2. Es necesario considerar también el notable peso que la abstención ha tenido en estas elecciones en relación con otras elecciones anteriores de la misma naturaleza. No se quiere ignorar el hecho de que las elecciones municipales y forales suelen dar cifras de participación sensiblemente inferiores que las habidas en las elecciones parlamentarias. Aun así, el cansancio y el hastío a los que antes apuntaba como origen de la abstención deben ser motivo de una profunda reflexión sobre la razón de devolver a la acción política la importancia y la dignidad que posee, libre de toda corruptela.

3. Llama la atención el número elevado de votos nulos, emitidos con una manifiesta intencionalidad política que no se da ni en los votos en blanco ni en la mera abstención. Es la expresión de la anormalidad de las elecciones celebradas, cuya razón de ser es necesario analizar y eliminar. Los votos nulos son interpretados como una consecuencia de la aplicación de la Ley de Partidos a Batasuna y la derivación legitimada de su voto a ANV, pero solamente en la medida en que sus listas no aparecieran «contaminadas» por relaciones previamente existentes de sus componentes con Batasuna. Todo ello demuestra la urgente necesidad de buscar una rápida solución al problema de la legalización de Batasuna, que exige también garantías incuestionables y verificables de su plena desvinculación de la violencia de ETA y la verdad de su compromiso de optar exclusivamente por las vías políticas, independientemente del ritmo que pueda seguir el proceso de «pacificación» y los logros en él alcanzados. Algo sumamente difícil después de que se nos anuncia la ruptura, por parte de ETA, de la tregua.

4. El resultado de las elecciones pone de manifiesto que la gran mayoría de la población del País Vasco es favorable a la solución dialogada del «conflicto» vasco. Siendo ello así, parece necesario que, superada la fase de la nueva configuración de ayuntamientos y diputaciones, se replantee urgentemente la puesta en marcha de un nuevo proceso o fase de negociación. Un proceso que no sea la mera continuidad de lo que antes se interrumpió, sino la puesta en marcha de algo «nuevo», resultante de la superación y corrección de los defectos que condujeron al fracaso del proceso iniciado a partir de marzo del pasado año.

5. Ni las elecciones ni los posteriores pactos entre partidos pueden tener como finalidad última que los legitime, la mera conquista del poder. El poder debe estar al servicio del bien común y, a su vez, el bien común no puede ser otra cosa que el fruto del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas concretas. Esto significa, entre nosotros hoy y aquí, ante todo, la garantía de la seguridad y la libertad de las personas, con exclusión de toda coacción en el ejercicio de las funciones que legítimamente las elecciones les han confiado, a pesar de sus deficiencias e irregularidades que antes hemos denunciado. De no ser así, se volvería a instaurar un régimen de violencia utilizada para la solución de los problemas políticos, en contra de la afirmada voluntad de renunciar a ella para lograr la paz.