Mientras miles de libaneses participaron ayer en un acto de apoyo al Ejército por la «guerra» que libra en el campo de refugiados de Naht al-Bared, en Trípoli, la crisis en el campo de refugiados palestino entra en su cuarta semana, pese a las armas entregadas al Gobierno pro occidental por Estados Unidos.

Los enfrentamientos entre las tropas libanesas y los milicianos de Fatah al Islam están teniendo un coste enorme para el limitado Ejército libanés desde que el pasado 20 de mayo se iniciaran los combates. Coste incluso muy superior al sufrido por el Ejército, al menos en vidas, durante la agresión israelí del pasado verano.

En este sentido, de los 123 muertos contabilizados durante los combates 58 corresponden a militares y 50 a milicianos, el resto serían civiles.

Los combates durante el pasado fin de semana fueron violentos, especialmente el sábado y causaron la muerte de once militares y cuatro milicianos. La ofensiva del Ejército fue considerada como la más importante contra Fatah al Islam desde el inicio de las hostilidades, con carros de combate y artillería.

Un portavoz del Ejército libanés confirmó el parte de bajas, indicando que «once soldados murieron durante el avance de las tropas sobre las posiciones de Fatah al Islam en el interior del campo». Precisó que seis de ellos fallecieron el sábado y los cinco restantes, ayer a causa de las heridas sufridas durante los combates. Asimismo, una fuente militar anónima cifró en 40 el número de soldados que resultaron heridos.

Chahine Chahine, portavoz de Fatah al Islam, dijo en declaraciones recogidas por France Press que habían muerto cuatro milicianos y que otros seis resultaron heridos. Asimismo, la Media Luna Roja palestina afirmó haber evacuado a dos civiles muertos en los combates.

Caso Hariri

El ministro libanés de Justicia, Charles Rizk, anunció ayer la creación de un tribunal internacional para juzgar la muerte en atentado del ex primer ministro Rafic Hariri, al expirar el plazo dado por la ONU, y sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un consenso. Su creación, aprobada por la ONU y el Gobierno libanés, es rechazada por la oposición, encabezada por Hizbulá, y no se ha votado en el Parlamento, requisito indispensable, según la Constitución.