La semana que cerrábamos ayer es de las de no olvidar. La esperanza de un proceso que resuelva el conflicto ha quedado estancada entre dos polos desgraciadamente bien conocidos. ETA anunciaba el final de la tregua y el Gobierno del Estado, en su peor estilo, ha respondido con represión y actitudes revanchistas. En ese otro ámbito en el que no se conoce tregua, el de la violencia de género, en Euskal Herria sumamos dos mujeres más asesinadas por sus parejas. Liliane Hérault en Baiona y Asun Villalba en Gasteiz.

No conozco la situación de Liliana, aunque no es difícil imaginar que su relación de pareja no era un remanso de paz. De Asun sabemos que tenía miedo. Tanto que le llevó a denunciar varias veces a su marido solicitando una orden de protección. Para justificar su actuación, el juzgado se escuda en que retiró su denuncia y la Ertzaintza en que no aceptó el teléfono de contacto que le ofrecieron. No es suficiente. Hay experiencia más que probada de que cuando una mujer da este paso el riesgo es real y las instituciones no pueden quedarse pasivas sin buscar las motivaciones que le llevan a retirar la denuncia, porque, en muchos casos, es tal el miedo que les paraliza, que les impide ponerse a salvo de su agresor.

Lo menos que hay que exigir a las instituciones, una vez que el agresor está denunciado, es que se averigüe el grado de peligrosidad de éste y que se pongan en marcha medidas de protección, aunque la víctima retire la denuncia o no quiera declarar. Esta es la obligación de jueces, fiscales y Policía, tan diligentes en otros supuestos de denuncias por violencia.

Se está comprobando que la Ley Integral contra la Violencia de Género, con ser un avance, se ha quedado corta en el apoyo a las víctimas. Son necesarias otras medidas, como puede ser crear unidades de valoración de riesgo en los juzgados, formadas por personas expertas que evalúen la situación de la denunciante y determinen lo que es necesario hacer en cada caso para proteger a la víctima. Hay que tener en cuenta que cada mujer maltratada es un caso único, con una personalidad determinada y con un conjunto específico de circunstancias, que son las que hay que ponderar a la hora de protegerlas realmente.

Conozco casos de mujeres competentes en su vida pública que soportan situaciones de maltrato psicológico de sus parejas sin que siquiera sean, o quieran ser, conscientes de ello. Este tipo de maltrato, de abuso emocional encubierto, al principio suele ser sutil aunque progresivo. El maltratador desprecia y rebaja las acciones, pensamientos y emociones de la víctima, la humilla, llevándola a una dependencia emocional en la que surgen sentimientos de culpa, pérdida de autoestima y falta de asertividad que dificultan la adopción de decisiones enérgicas y generan un miedo infundado ante un futuro en soledad. Aguantan carros y carretas hasta un final que, demasiadas veces, no tiene vuelta.

Cuando una mujer denuncia, en la investigación hay que ir más lejos de si existen amenazas físicas, las psicológicas pueden ser igual de mortales.