Aparentemente no tiene lógica que esos políticos «demócratas» que supuestamente están para representar y salvaguardar los intereses de la población pongan todos los medios coercitivos a su alcance, mediáticos, institucionales, clientelistas, legales, judiciales, policiales e incluso mafiosos, para anular y/o amenazar los derechos civiles de 187.000 ciudadanos «contaminados» y, además, para aplastar el deseo mostrado por el 90% de la ciudadanía vasca, tras la ruptura del alto el fuego por parte de ETA, de buscar un final dialogado del conflicto que padece Euskal Herria y de poner en marcha una nueva fase de negociación que también incluya la reanudación de contactos con la organización armada.

Pero en «política» todo tiene explicación que, en un sistema capitalista y, por tanto, estructuralmente corrupto, nada tiene que ver con el discurso que se maneja de cara a la mayoría, ni con lo que esa mayoría necesita. Y la explicación a la situación de pucherazo electoral, éxito de ANV y fracaso del PNV, de vergonzosos trapicheos para lograr mayorías que desvirtúan los resultados del 27 de mayo, de compra de voluntades a cambio de pequeñas cotas de poder, de coacción explícita e implícita a las listas legalizadas de ANV y a todo lo que suene a lucha popular, y, desde luego, de empeño de PSOE-PP-PNV en torpedear cualquier posibilidad de acercamiento REAL entre Nafarroa y vascongadas y en apoyar las directrices de Madrid... poco o nada tiene que ver con que ETA haya roto la tregua o con que haya quien no condene la violencia de una de las partes en conflicto y no «quiera hacer política».

Simplificando, las razones pivotan sobre dos ejes complementarios, que se retroalimentan y que tienen que ver con los intereses de clase y, por tanto, de liberación nacional. El primer eje sería el económico; el segundo tendría que ver con la estrategia de un Estado español históricamente mal cohesionado y que no puede permitir que Euskal Herria (o Nafarroa, si se prefiere) pueda irse conformando como una realidad nacional de cuatro territorios.

Con respecto al primer eje, según recogía «El País» del 15 de abril, en el primero de los tres encuentros mantenidos entre enero y marzo entre Otegi y Josu Jon Imaz, éste rechazó la propuesta de realizar en 2011 una consulta conjunta en Nafarroa y Vascongadas. Hace dos días, GARA nos desvelaba el motivo de tan extravagante comportamiento del presidente de un partido que se autoproclama nacionalista vasco: el temor a perder poder económico. Y es que, si hay algo que obsesione a un partido burgués como el PNV que lleva ya 30 años manejando desde la oscuridad recursos públicos de diputaciones y ayuntamientos, poniéndolos al servicio de ciertos intereses privados, es perder el control de la suculenta parte del pastel que considera ya de propiedad exclusiva y cuyo reparto tiene ya «comprometido». Lo que, ante resultados electorales adversos como los del 27 de mayo, le fragiliza (y nos fragiliza a todos) en sus negociaciones con Madrid.

En esa visión interesada y corrupta de la política, no se diferencia ni del PSOE ni de PP/UPN ni de CIU, como demuestra que el Consejo de Europa no distinga a la CAV del Estado español donde, al parecer, la corrupción es de las más elevadas de la Unión. Y es que, si por corrupción entendemos el sometimiento de los poderes y recursos públicos al clientelismo y a la avidez del capital privado, tendremos que convenir que el funcionamiento institucional del PNV no ha sido sólo coyunturalmente corrupto, sino estructuralmente corrupto. A la vista está a qué modelo económico y a quién beneficia el reparto que, desde su control de ciertas instituciones, han potenciado los jeltzales, y la nula diferencia que a ese nivel les separa del PSE de Elorza, del PP de Alonso o de la UPN de Barcina: especulación inmobiliaria salvaje; cemento y más cemento; destrucción (y reconstrucción) de calles, casas y barrios; desaparición de la vida social; privatización de lo público; lucha a muerte contra lo popular y potenciación de espacios y valores insolidarios y culturalmente alienantes; desvalorización de lo «euskaldun»; gigantescas infraestructuras que imponen un modelo social aberrante, y que para la «izquierda» deberían ser innegociables, aunque haya coaliciones minoritarias como EB-Aralar que prefieren aparcar temas como el de la incineradora «para más tarde»...

Como no podría ser de otra manera, este primer eje económico va ligado al hecho de que Nafarroa, como cuestión del Estado capitalista español y de su pervivencia como tal que es (que no cuestión exclusiva de los navarros), ha sido históricamente territorio de compraventa de intereses entre fracciones burguesas. Igual suena anticuado (marxista que dirán algunos), pero es así, y los pactos entre PSOE-PP-PNV y sus sucursales o acólitos así lo demuestran. Al final, los jeltzales pactan una vez más con Madrid y, como los coyotes, se vuelven a repartir el territorio con PP y PSOE, despistando el fraude con alguna pequeña concesión a ciertos monaguillos, y que, a la postre, sirven para justificar la pecaminización y represión del deseo profundo de la parte más combativa, digna y auténtica de la sociedad navarra y vascongada (NaBai ha pactado las alcaldías de seis ayuntamientos con la prohibición expresa de incluir a ANV en los equipos de gobierno).

El porqué del pucherazo y demás artimañas represivas se explicaría, por tanto, desde esa necesidad que los resortes del poder autonómico/foral y estatal tienen de mantener el statu quo, frente a un proyecto ilusionante y real de construcción nacional y social como es el de la izquierda abertzale, que, pretenden hacernos creer, es totalmente inviable.

El camino recorrido hasta ahora no ha sido en vano... las decenas de miles de votos combativos ahí están y piden cambio y proceso de resolución. La gran mayoría de vascos, según las encuestas, exige cambio y proceso de resolución. Un cambio que, por supuesto, va mucho más allá del que Patxi Zabaleta dice «deben reflejar las instituciones». Un proceso de resolución dialogado que permita una salida real.

Euskal Herria no es coto de nadie. Tendremos que impedir que, una vez más, ciertos partidos secuestren la voluntad popular en defensa de intereses propios y privados.