(...) Creí, a inicios de la Transición, que una de las tareas más honrosas que le correspondían a la izquierda (para la que -pensaba- la acción política es siempre una forma de docencia) era introducir en la sociedad española la convicción de que las leyes están para ser cumplidas, tanto por el Estado que las da, como por los ciudadanos que las reciben. Máxime, tras décadas de eclipse legal provocado por la dictadura franquista. Pero pronto advertí mi error. «Montesquieu ha muerto», se proclamó con énfasis (...).

El Partido Popular concibió la Ley de Partidos como un instrumento para neutralizar el entorno de ETA y ahogar económicamente a la organización terro- rista, mediante la ilegalización de Batasuna. Pero al actuar así, utilizando una norma jurídica como arma de exclusión, forzó el sistema en un doble y grave sentido. Primero, se abrió la puerta a la judicialización de la confrontación partidaria y, en consecuencia, a la utilización política de las instituciones contra el adversario político. Segundo, se promulgó una ley que, de hecho, es una ley singular concebida a la medida de un caso concreto, con vulneración del requisito de generalidad exigible a las leyes. (...)

Debe añadirse, además, que el incumplimiento habitual de las leyes provoca la instrumentalización de las instituciones que deben velar por su observancia. Así, por ejemplo, tras unas vicisitudes abracadábricas, el etarra De Juana ha sido trasladado del hospital Donostia de San Sebastián a la prisión de Aranjuez. Lo que genera en muchos ciudadanos una duda inquietante: ¿habría sido igual el destino de De Juana si ETA no hubiese roto la tregua? Y lo mismo puede inquirirse respecto al súbito encarcelamiento de Otegui. (...) esta atención a las circunstancias del caso no puede confundirse con la aceptación del cambalache que supone la adopción de resoluciones judiciales en función de motivos de conveniencia política. (...)