La jornada de constitución de los ayuntamientos ha puesto de manifiesto hechos, realidades y posiciones ciertamente remarcables. Y, en algunos casos, contrapuestas. Lamentablemente, ha constatado que, consecuencia de unas elecciones no democráticas, se han constituido instituciones no democráticas. Un fraude, en definitiva, reflejo, por una parte, del conflicto político causado por la conculcación de derechos y, por otra, de que estos comicios han sido un obstáculo para impulsar su resolución. Pero, afortunadamente, ha servido también para demostrar que, con voluntad y compromiso, es posible superar -al menos en algunas localidades- las políticas de apartheid y respetar, así, la voluntad popular, algo básico si este pueblo quiere dotarse de un poder municipal legítimo y, además, si quiere desarrollar un verdadero proceso democrático y político que avance hacia la resolución del conflicto.

Las situaciones y las consecuencias prácticas de lo vivido ayer en numerosas localidades vascas reflejan que la aplicación del artículo 182.2 de la LOREG es posible; si en la anterior legislatura la mayoría de los partidos en liza marearon la perdiz sobre esta cuestión, hasta llegar al caso de Azkoitia, que demostró que era factible y posible hacerlo, ayer se dio un paso adelante notable. Al contrario que hace cuatro años, miembros de varios partidos vascos optaron por no tomar los cargos o por no acudir a la sesión, como ocurrió en Ondarroa. En esta localidad, Aretxabaleta y algunas otras se abren así opciones claras de constituir los consistorios según el voto dado por los vecinos. Es decir, se ha demostrado que puede hacerse y, sobre todo, se ha visto que cada vez cuesta más ocupar escaños o cargos asignados de forma fraudulenta o, al menos, no legítima, al ser arrebatados los escaños que habían logrado las listas anuladas de ANV. Escaños que, conviene no olvidarlo, fueron atribuidos por la voluntad popular aun tratándose de una situación de excepcionalidad, de unos comicios no democráticos. Por regla general, los resultados recabados por las listas de ANV allí donde no fueron anulados fueron nítidamente mejores que los registrados donde sí fueron anulados, lo que permite deducir que en unas elecciones democráticas los datos generales de la izquierda abertzale incluso habrían sido mejores. Obviamente, sería posible extender este ejercicio a una hipotética situación de avance del proceso político.

Fue precisamente la denuncia de esa realidad no democrática otra de las notas dominantes de la intensa jornada de ayer. En este sentido, es significativo comprobar cómo a algunos políticos les indigna mucho más esa protesta que el que su origen radique en que el derecho de sufragio de miles y miles de personas haya sido conculcado. Las notas de dignidad registradas ayer en numerosas localidades no pueden ocultar el hecho de que el de ayer fue, básicamente, un mal día para la democracia de la que tantos alardean.

Una de las formaciones políticas que peor encajó lo ocurrido en poblaciones como Azpeitia y Zumaia, por ejemplo, fue el PNV. En un comunicado, el partido liderado por Josu Jon Imaz denunció lo que calificó de «incumplimiento» del compromiso de «respeto mutuo» a las listas más votadas entre los partidos afectados, aunque, obviamente, el PNV no aplica esa misma exigencia a las localidades donde ANV no tendrá la alcaldía porque fue ilegalizada por los tribunales españoles. El comunicado agrega que «el PNV abordará esta cuestión en profundidad y actuará en consecuencia», sin llegar a concretar el carácter o el sentido exacto de esas eventuales consecuencias.

Sea como fuere, ayer se demostró que es posible respetar la voluntad popular de los ciudadanos de Euskal Herria para pasar por encima de las decisiones impuestas desde Madrid.

Proceso

Proceso y elecciones han caminado de la mano en estas últimas semanas. Hoy sabemos que incluso se desarrolló un importante intento negociador en plena campaña electoral. Y conocemos, lamentablemente, que esas reuniones a cuatro bandas fracasaron en su objetivo de alcanzar un acuerdo que supere el conflicto político.

Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, el Ejecutivo español ha tratado de ocultar su escasa altura de miras con un vano intento de desacreditar a GARA. También ha llamado la atención el significativo silencio de algunos medios de comunicación y agentes políticos en torno a la información publicada por este periódico el viernes, silencio constatado, por ejemplo, en varios programas informativos de la radio televisión pública vasca o en algunos medios españoles. Se trata, en definitiva, del derecho de la ciudadanía a estar informada, especialmente cuando hay medios que se empeñan en no contar la verdad sobre lo ocurrido, hablado, negociado y pactado en todos estos meses y años previos, o simplemente tratan de desvirtuar, manipular u ocultar esa realidad.

Lo realmente grave, en cualquier caso, es la constatación de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE parecen mucho más empeñados ahora en cerrar filas incluso con el PP que en comprometerse en restaurar lo incumplido y en avanzar hacia un acuerdo político que permita realmente dar pasos entre todos hacia la resolución del conflicto.