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El «sí, pero no» de las elecciones legislativas

La segunda vuelta de las legislativas francesas ha reportado una victoria amarga a la derecha y una derrota dulce al PS. Contra los pronósticos de los sondeos, la llamada «ola azul» no llegó a producirse y la UPM tendrá una mayoría absoluta, pero sin alcanzar el número de escaños de que disponía en la Asamblea Nacional saliente. Es la primera vez que se repite una mayoría absoluta del mismo signo en dos legislaturas consecutivas. Un dato relevante a celebrar por los de Nicolas Sarkozy que, sin embargo, tienen a estas horas cosas más importantes que hacer. Lo primero es nombrar un sustituto al ministro principal del gabinete saliente. Alain Juppé, derrotado en su feudo bordelés, apenas ha estado un mes al frente del superministerio ideado para él por Sarkozy. A la espera de que se conozca previsiblemente hoy el nuevo gabinete, los rumores apuntan a algún nombramiento-estrella dentro del nuevo equipo, quizás reforzando la imagen de «apertura» con fichajes de ex PS o antiguos centristas, en un intento de compensar el golpe recibido y devolverlo hacia el oponente. El PS tiene motivos para sentirse satisfecho, ya que cuando el partido tenía todo su dispositivo preparado para consolar a su electorado de una derrota más (tres presidenciales, dos legislativas...) se ha encontrado con que dispondrá de un mayor peso de lo esperado en la nueva Cámara, lo que le permite tomar aire cara a las elecciones municipales y cantonales de 2008. Eso si sus divisiones internas le permiten realizar una oposición cabal en medio del debate interno sobre el liderazgo. En las semanas que se avecinan, el Gobierno Fillon se dispone a llevar al Parlamento las primeras medidas del programa que encumbró a Sarkozy, algunas tan controvertidas como: la flexibilización de las 35 horas (exoneración de impuestos de las horas extras), el refuerzo de la «legislación contra la delincuencia»... Habrá que ver si la oposición de izquierda se estrena con un marcaje a fondo a un Sarkozy que, previa cura de modestia, tendrá que recurrir a pactos si quiere cumplir su promesa electoral de reformar, en otoño, la Constitución para permitir la intervención del jefe del Estado ante el Parlamento.

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