NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA: HASTA EL «PUNTO CERO»
Gobierno y ETA acordaron el alcance del alto el fuego y de la declaración de Zapatero
Ni el alto el fuego permanente proclamado por ETA el 22 de marzo de 2006 ni la declaración efectuada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el 29 de junio del mismo año fueron iniciativas unilaterales. Ambas cuestiones habían sido largamente debatidas, maduradas y consensuadas por interlocutores de ambas partes entre julio y noviembre de 2005. Se pactaron también las llamadas «garantías» y las condiciones para las siguientes fases.
GARA |
En julio de 2005, sin que nadie lo supiera, una delegación de ETA y representantes del Gobierno español se sentaban juntos en un lejano país europeo para llevar a cabo más de una decena de reuniones consecutivas en las que lograron cerrar un acuerdo que daba impulso a la búsqueda de un proceso de resolución. Al final, ambas partes suscribieron unos compromisos de índole política que ratificarían cuatro meses más tarde. El acuerdo incluía tanto el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA como el contenido del mensaje del presidente del Gobierno español, junto a una serie de garantías de las que GARA dio cuenta hace ahora casi un año.
Este diario está en condiciones de explicar cómo se llevó a cabo esa negociación preliminar que llevaría hasta el denominado por ambas partes «punto cero». Este término se acuñó para hacer referencia al momento en que se acordara el contenido de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las reuniones se realizaron con la mediación y colaboración de una organización internacional especializada en resolución de conflictos.
La fase más intensiva de los contactos que cuajaron en un acuerdo se produjo en julio, facilitada ya por factores como las conversaciones políticas entre PSOE y Batasuna durante varios años (25 reuniones antes del alto el fuego, según informó GARA recientemente) o por la llegada de Zapatero a La Moncloa.
Estas conversaciones tuvieron el formato y el desarrollo de un auténtico y profundo proceso de negociación. Tras unos prolegómenos en los que las dos partes coincidieron en aspectos como la necesidad de dejar a un lado las experiencias frustradas del pasado (el Gobierno admitió expresamente que tanto el diálogo de Argel en 1987 como el de Zurich en 1999 «habían nacido muertos a nivel teórico y de metodología») y en la que ambos destacaron también las posibilidades abiertas por el método establecido en Anoeta, se entró de lleno en la cuestión central: abordar el modo en que el presidente español haría una declaración de respeto a la decisión de la ciudadanía vasca y cómo previamente ETA proclamaría un alto el fuego que terminaría siendo definido como «permanente» en el acuerdo.
Propuestas y contrapropuestas
Para consensuar estas cuestiones hicieron falta más de diez reuniones de entre dos y tres horas de duración en el mes de julio, que dieron pie a los acuerdos, refrendados por ambas partes en otra ronda de reuniones producidas en el mes de noviembre de 2005.
Así, la definición de algunos de los párrafos de la declaración que debía pronunciar el presidente del Ejecutivo español tuvo que ser objeto de varios encuentros consecutivos en los que los interlocutores fueron modulando sus posiciones hasta alcanzar un punto común. Los mediadores elogiaron desde el principio la disposición al acuerdo mostrada por la organización armada vasca, resaltando detalles como la decisión de dejar a un lado la definición de «autodeterminación», que desde el principio había sido considerada por la parte gubernamental como inaceptable aten- diendo a anteriores intentos de negociación.
El desarrollo de todas estas reuniones muestra que, lógicamente, ETA centró desde el principio su interés en definir la disposición del Gobierno español a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través del procedimiento de la mesa de partidos. Por su parte, los representantes del Gobierno español dedicaron la mayor parte de sus intervenciones, sobre todo en la fase final del mes de julio, a tratar de incidir en la declaración de ETA y, más concretamente, a lograr que el alto el fuego tuviera un carácter «permanente» y apuntara a un horizonte final de cese de la lucha armada. La organización vasca vinculó esta última opción al cumplimiento efectivo del compromiso de respeto a la palabra de Euskal Herria y la posibilidad de materialización de todas las opciones.
Se pactó incluso que la declaración de alto el fuego no sólo fuese formulada en euskara, sino también en castellano para evitar manipulaciones erróneas que pudieran llevar a tergiversaciones. El contenido exacto del mensaje, en cualquier caso, quedaba en manos de ETA, que insistió en las reuniones en que aquel comunicado tenía como destinatario a Euskal Herria y no al Gobierno. La delegación gubernamental había hecho inicialmente una valoración notablemente crítica del esquema presentado por ETA porque «AVT y PP van a entrar a saco». Frente a posibles tergiversaciones, la organización armada recalcaría en todo momento, tanto en la mesa de negociación como en la concreción del mensaje difundido el 22 de marzo, que el alto el fuego no era otra cosa que una aportación a la apertura de un proceso democrático en Euskal Herria.
Pero no sólo se pactaron estos contenidos de fondo del «punto cero» del proceso. Ambas delegaciones acordaron también, no sin intensos debates y siempre con la ayuda experimentada de la organización mediadora, «anexos» que ayudaran a clarificar conceptos que en los textos centrales podían no quedar excesivamente aquilatados y dar pie a interpretaciones ambiguas.
A modo de ejemplo, en estos apéndices se clarifica qué se entiende por los «acuerdos» a que se habría de llegar en la mesa mulpartita: «Los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». O qué significa la alusión a las «normas y procedimientos legales»; a saber, «los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro siempre en aras al objetivo último de que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantías de su ejercicio».
Euskal Herria en el preámbulo
Estos anexos fueron introducidos a iniciativa de ETA, pese al rechazo inicial del Gobierno español, con el fin de poder avanzar en la negociación. Su contenido permanecería oculto en la medida en que no se incluirían en la declaración de Zapatero.
Como dato significativo del alcance y la intensidad de la negociación, hasta el nombre de estos apéndices fue objeto de debate entre las dos partes. Finalmente quedaron definidos como «aclaraciones».
Junto a éstas, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ETA incluye un preámbulo que tampoco aparecería en la declaración comprometida por el presidente español y materializada, con alteraciones sobre lo pactado, el 29 de junio en los pasillos del Congreso. El citado preámbulo establece textualmente que «aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria».
Por su parte, ETA se comprometió en el acuerdo a dar carácter permanente al alto el fuego. El Gobierno español había insistido en que necesitaba que éste tuviera un alcance mayor que otros anteriores para que no fuera interpretado como «más de lo mismo», según la expresión textual utilizada por sus interlocutores en una de las reuniones.
Las «garantías»
Simultáneamente, tal y como GARA había informado ya el 9 de julio del pasado año, ambas partes consensuaron una serie de «garantías» que no tardarían en ser incumplidas.
Así, la representación del Gobierno se comprometió a «la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.)», se apostillaba. También adoptó la disposición de «aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos». Y el Ejecutivo español admitió igualmente «no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas». Se estableció incluso un plazo tope para que el Gobierno de Madrid pudiera llevar a la práctica su particular tregua: «7-10 días».
ETA, por su parte, asumió que el alto el fuego incluía «no realizar acciones contra personas (incluidas cartas u otras misivas), bienes de propiedad pública o privada» y «no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos, y/o material para su fabricación», lo que iba más allá de los compromisos adoptados en la anterior suspensión de acciones armadas de 1998.
Los «accidentes»
El fruto de la negociación Gobierno-ETA en esta primera fase iba todavía más allá. Como detalle significativo, GARA ha podido saber que entre los acuerdos figuraban incluso los relativos a la gestión de los «accidentes» que pudieran producirse en el proceso, entendiéndose como tal el incumplimiento puntual de las garantías pactadas. Se estableció que las dos partes deberían esforzarse en evitarlos, pero que en caso de ocurrir deberían ser resueltos en la mesa de negociación y «con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».
El mismo acuerdo, además, fijaba los elementos para saltar a otra fase, definiendo la necesidad de establecer ya «representaciones oficiales», de incorporar a asesores o de conformar una Comisión de Verificación.
Se consensuó igualmente el modo de dar respuesta a las filtraciones. Y un mecanismo para responder a situaciones de crisis. Pero, en la misma medida, se fijó también que en el caso de ruptura del proceso ambas partes quedaban liberadas de los compromisos asumidos.
El acta del acuerdo, como las restantes de todas estas reuniones, fue guardada por la organización mediadora y es custodiada en un lugar seguro.
fueron las reuniones entre ETA y Gobierno en 2005. En julio se dio un impulso definitivo al acuerdo, sobre todo en lo relativo a la declaración de Zapatero, y en noviembre se reafirmó todo el acuerdo, incluida la parte del alto el fuego.
La clave central del acuerdo previo al alto el fuego es el compromiso estatal de aceptar la decisión de la ciudadanía vasca sobre su futuro: el llamado «punto cero». En otras palabras, la declaración que debe hacer José Luis Rodríguez Zapatero. Y el modo en que se gesta, a su vez, resume todo un proceso de negociación.
Para llegar al texto final hacen falta siete reuniones, cerca de 20 horas de contraste sobre sólo cuatro párrafos que deben definir el quién (el Gobierno español), el a quién (a Euskal Herria), el qué (la decisión) y el cómo (la mesa de partidos). Y además, la declaración debe incluir que Gobierno y ETA abrirán una negociación de cuestiones «técnicas».
En algunos momentos, las diferencias entre las dos partes resultan insalvables. Tomemos como ejemplo el último párrafo. El Gobierno propone anunciar que «abrirá un proceso de diálogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia». La propuesta de la organización armada, por contra, habla de «solucionar de manera definitiva las consecuencias del conflicto». Los enviados de Zapatero no aceptan enunciar el término «conflicto», aunque admiten que éste en realidad lo es. Aluden a las «connotaciones» del término. Los mediadores presentan en la siguiente reunión fórmulas intermedias («situación conflictiva», «confrontación», «contencioso»), pero tampoco convencen a la parte estatal. Se opta entonces por suprimir esta alusión y limitarse a decir que Gobierno y ETA dialogarán.
En cuanto al primer punto, los enviados de Madrid comienzan presentando una fórmula que la delegación de ETA cree excesivamente ambigua (error que estaría también en el germen del desacuerdo final en las conversaciones entre los partidos en Loiola). Quiere saber, por ejemplo, a qué se refiere el Gobierno cuando habla de «la sociedad vasca». Este matiza que no cuestiona que Nafarroa forme parte del proceso, sea con una mesa única o con dos. Finalmente, las cuestiones irresolubles son sacadas del texto pactado y concretadas en las llamadas «aclaraciones» o anexos.
Desde que se inició el debate sobre las garantías para dar viabilidad al proceso, en julio de 2005, ETA lanzó en la mesa una afirmación que no fue cuestionada por el Gobierno: «Si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá». Pese a que posteriormente la definición exacta de esas garantías sería objeto de debate en más de media docena de reuniones, tanto en julio como en octubre y noviembre, la representación estatal en ningún momento trató de «negociar» este aviso, sino que lo aceptó como lógico. El desarrollo de las conversaciones al que ha accedido GARA deja claro que el Ejecutivo tenía además otras prioridades, como tratar de asegurar el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA o intentar que entre las garantías ofrecidas por la organización se incluyera la eliminación de la kale borroka, a lo que ETA respondió que no tenía responsabilidad sobre ello.
El diálogo deja como conclusión que esas garantías deben cumplirse antes de que Zapatero haga su declaración y materialice el llamado «punto cero». El Gobierno ofrece incluso en la mesa acelerar esa comparecencia, lo que da otra pista de que no parece estar muy preocupado por el aviso de ETA sobre posibles incumplimientos.
GARA
Entre las garantías incluidas en este acuerdo existe una que no había sido dada a conocer hasta el viernes pasado, en que GARA la anunció: el Gobierno español se comprometió a buscar un «pacto de Estado» que diera continuidad al acuerdo y no pusiera en riesgo su viabilidad en caso de un futuro relevo en La Moncloa. De hecho, ésta era una de las cuestiones que llevó a establecer que Zapatero dispondría de un plazo de seis meses para hacer pública su declaración después de la emitida por ETA, lo que le daba tiempo de hacer lo que en la mesa de negociación se definió como «tareas caseras». Finalmente, dio el paso de la declaración en poco más de tres meses.
Del contenido de las reuniones se desprende que el Gobierno del PSOE en ningún momento cuestionó la necesidad de ese pacto de Estado, ni afirmó que fuera irrealizable, aunque sí citó que entrañaba «grandes dificultades». Al hilo de ello, sus representantes en la mesa insistieron en reclamar a ETA que diera a su alto el fuego una dimensión que le facilitara «margen». Esto dio paso a uno de los cruces de posiciones más intensos. ETA consideró y denunció que la parte estatal tenía a su opinión pública «drogada» y que trataba de endosarle la responsabilidad de corregir la situación. Pero finalmente hubo acuerdo.
GARA
«La sociedad vasca es libre de decidir libremente su futuro dentro del respeto a su pluralidad política y al marco constitucional vigente.
Los acuerdos deberán ser adoptados mediante el sistema de consenso. En unas condiciones de ausencia total de cualquier tipo de violencia o coacción, con plena igualdad de las distintas opciones políticas y salvaguardando siempre y en todo caso los derechos y libertades de los ciudadanos.
Los ámbitos de diálogo multipartidista correspondientes serán quienes decidan de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas de negociación y aplicación.
Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso, el Gobierno abrirá un proceso de dialogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».
PROPUESTA INTERMEDIA
«En los foros o mesas de diálogo multipartidistas correspondientes, los partidos políticos legítimos representantes de la voluntad popular, teniendo en cuenta los distintos agentes sociales, económicos y sindicales, abordarán de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas para su aplicación y negociación» (sobre el 3º)
«El Gobierno español está de acuerdo/respetará la apertura de un proceso donde la voluntad popular que vayan desarrollando los ciudadanos vascos, desde los actuales marcos institucionales, permita por mandato mayoritario abordar el ejercicio del derecho a decidir como Pueblo su futuro, así como el modelo de relaciones políticas con el Estado.
Dicho mandato mayoritario se desarrollará a partir de la representación legítima de Euskal Herria conformada por todos o por lo menos por la mayoría cualificada de los agentes políticos sociales y sindicales.
La citada representación determinará los mecanismos refrendarios que posibiliten el ejercicio del derecho a decidir.
Corresponderá a dicha representación acordar con el Gobierno español la aplicación de los citados mecanismos, así como la gestión de los mismos.
Por otro lado, el Gobierno español abrirá un proceso de negociación con el fin de solucionar/solventar de manera definitiva las consecuencias del conflicto»
PROPUESTA INTERMEDIA
«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia ni coacción, teniendo en cuenta los procedimientos legales, respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos» (sobre el 1º punto)
«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos.
El Gobierno español entiende que son los partidos políticos vascos, así como los agentes sociales, económicos y sindicales, en los foros que constituyan, quienes alcanzarán los acuerdos y establecerán los mecanismos de negociación y aplicación correspondientes.
El Gobierno español entiende además que los acuerdos adoptados por los representantes de la ciudadanía vasca, lo serán con el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la pluralidad política existente y en plena igualdad de condiciones para todas las opciones políticas.
Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, el Gobierno abrirá un proceso de diálogo con ETA respetando en todo momento el principio democrático e irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular»
«El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción.
Entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportuno y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales.
El Gobierno entiende que los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi han de alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones.
Precisamente al amparo de la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular.
Voluntad democrática, sujeción a la legalidad, amplio acuerdo político, que recoja el pluralismo de la sociedad vasca, esas son las reglas. Reglas que valen también para la participación en la vida política e institucional, para las formaciones políticas. Por ello, quiero reiterarles que el Gobierno va a mantener la vigencia de la Ley de Partidos.
Quiero expresar el compromiso absoluto del Gobierno y el mío personal con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978, que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia».
