Varios representantes del Consejo de Electos han manifestado su preocupación por la falta de concreción sobre la financiación de diferentes proyectos que pretenden llevar a cabo a través del Contrato territorial Pays Basque 2007-2013.

Los proyectos fueron analizados y acordados dentro del plan de desarrollo Pays Basque 2020, en cuya elaboración han participado cerca de 500 agentes socio-económicos, políticos y culturales durante los dos últimos años, antes de que fueran validados por el Consejo de Electos.

De este plan, se han concretado 89 proyectos en 14 apartados diferentes, que son los que conformarían el grueso del Contrato de Territorio que seguirá el camino emprendido por el Convenio Específico 2000-2006.

Promesa del Estado

Para financiar esos proyectos, el Estado había prometido un contrato específico y directo entre él y las instituciones territoriales vascas pero, al parecer, todavía no hay nada concreto.

El subprefecto de Baiona, Jean-Jacques Carron, asegura que los fondos llegarán pero que primero hay que asignar los que les corresponderán a través del Contrato entre el Estado y la Región de Aquitania. Precisamente, varios electos, entre ellos el consejero regional Frantxoa Maitia y el consejero general Max Brisson y hasta el propio presidente del Consejo General, Jean-Jacques Lasserre, se han mostrado muy preocupados porque las partidas del Consejo Regional para los proyectos territoriales ya han sido asignadas y «la parte correspondiente al País Vasco es muy pequeña».

Lasserre ha recordado que en el año 2000, cuando se aprobó el primer Convenio Específico, se produjo una situación similiar respecto al tema de la financiación y que los electos tuvieron que intervenir en altas instancias para tener respuesta satisfactoria.

La próxima semana una reunión tendrá lugar entre representantes institucionales del Estado, la Región y el Departamento. El subprefecto ha manifestado que en ella se fijarán cuáles son los proyectos prioritarios susceptibles de obtener financiación.

Sea como fuere, no se espera que el nuevo Contrato Territorial, que estará vigente los próximos seis años, pueda firmarse antes de fin de año.