El TSJPV da otro paso para poder juzgar a los imputados en el «caso Ibarretxe»
El juez instructor del conocido como «caso Ibarretxe», por ser el lehendakari el primer imputado, dio ayer un nuevo paso, previo a la apertura de la vista oral, que acerca aún más la opción de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pueda juzgar a líderes políticos por el simple hecho de reunirse. El magistrado Roberto Saiz ha otorgado diez días a las partes acusatorias para definir su imputación y para posicionarse sobre el archivo o no de la causa.
GARA | BILBO
Un día después de que el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, anunciara una inminente decisión del juez instructor al respecto del «caso Ibarretxe», Roberto Saiz dio un nuevo paso para llevar a juicio tanto al lehendakari como a los representates de la izquierda abertzale y del PSE imputados en esta causa. El magistrado ratificó, además, que los únicos imputados por un supuesto «delito de desobediencia» son los cinco dirigentes de la izquierda independentista, mientras que tanto al lehendakari como a los líderes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares les acusa de ser «cooperadores necesarios» para la culminación de ese delito.
En su auto, el juez instructor ordena que se dé traslado «al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa o, en su caso, la práctica de aquellas diligencias que consideren indispensables para formular acusación».
Este paso previo a la apertura del juicio oral arroja ahora sobre la acusación la responsabilidad de pedir el archivo del litigio o el comienzo del juicio. El inicio de la causa se remonta a la reunión que el 19 de abril de 2006 celebraron en Lehendakaritza Ibarretxe y los mahaikides Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, ante la que organizaciones afines al PP presentaron querellas por considerar que los participantes en el encuentro vulneraron la suspensión de actividades de Batasuna decretada por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.
En febrero pasado, y ante una denuncia similar, el juez resolvió unir en la misma causa otro procedimiento judicial abierto contra tres integrantes de la comisión negociadora de la izquierda abertzale -el propio Otegi, Olatz Dañobeitia y Rufi Etxeberria- y el secretario general del PSE, Patxi López, y su secretario de Organización, Rodolfo Ares, por la reunión que man- tuvieron en julio en un céntrico hotel donostiarra.
A día de hoy, dos de los imputados en este caso se encuentran en prisión: se trata de Otegi y Dañobeitia.
Las reacciones al auto del TSJPV no se hicieron esperar. Mientras PNV y PSE mostraban su «confianza» en la Justicia y en la Fiscalía para que la causa finalmente sea archivada, Batasuna centró su valoración en la Ley de Partidos, causante, a su entender, de este contencioso «político, que no judicial». Por su parte, el Foro Ermua, personada como acusación particular, dio por hecho de que el llamado «caso Ibarretxe» llegará a juicio oral.
Batasuna exigió la derogación de la Ley de Partidos española, al entender que es la citada norma «el origen de estos problemas», cuyo único fin es, a su juicio, «intentar evitar la actividad política en igualdad de condiciones de la izquierda independentista». Apeló, además, a los estados español y francés para que cesen en la persecución contra la izquierda abertzale y, a su vez, exigió la inmediata puesta en libertad de Arnaldo Otegi y Olatz Dañobeitia.
Desde el PSE, Rodolfo Ares, uno de los imputados, se apresuró en anunciar que recurrirán el auto del juez instructor y añadió que le resultaría «sorprendente» que tanto el Foro Ermua como Dignidad y Justicia mantengan las acusaciones en caso de que la Fiscalía, como ha venido defendiendo hasta ahora, pida el sobreseimiento de la causa.
El portavoz del EBB, Iñigo Urkullu, también mostró su confianza en la Justicia para resolver este «sinsentido jurídico». Parecidos términos empleó la portavoz de Lakua, Miren Azkarate, que incidió en el papel que pueda desempeñar la Fiscalía, a la que emplazó a mantener la posición de pedir el archivo del caso.
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