La Sala del 61 del Tribunal Supremo español que lleva a cabo el proceso de ilegalización de Batasuna, y por extensión la liquidación de sus bienes, no llegó a ningún acuerdo en el debate que ayer tarde desarrolló sobre las medidas a adoptar contra las «herriko tabernas». Unos locales que el juez Garzón embargó en 2002, en el marco de las actuaciones que instruye contra la fuerza abertzale. La Sala especial, además, acordó continuar, sin fijar fecha para ello, el debate sobre el embargo o cierre de los citados locales.

Mientras que las agencias de información señalaron que los dieciséis magistrados que componen la Sala del 61 adujeron «la complejidad del asunto y la abultada documentación» que deben examinar, para argumentar el nuevo retraso de la decisión sobre las «herrikos», Euskadi Irratia afirmó que la falta de acuerdo del Supremo se debe a que «no existe ninguna sentencia que diga que las herriko tabernas son de Batasuna».

Según informó la radio pública, en el caso de que el Supremo decretara ahora el embargo definitivo de los establecimientos sin la existencia de un fallo judicial que pruebe la conexión dependiente entre los locales y Batasuna, el Alto Tribunal incurriría en un delito contra el derecho a la propiedad privada. Es por ello que, según informó el ente público, los dieciséis magistrados no llegaron a ningún acuerdo durante las tres horas que duró la reunión de ayer.

Lo que la Sala del 61 del Tribunal Supremo -que se encarga de llevar a cabo la sentencia de ilegalización de Batasuna, HB y EH decretada por los mismos dieciséis magistrados el 27 de marzo de 2003- sí acordó ayer fue posponer a otras futuras reuniones la toma de decisión sobre la situación judicial en la que quedarán los locales que aún siguen embargados en el marco del sumario 35/02 que instruye Baltasar Garzón contra Batasuna.

Discusión entre dos tribunales

La sala que dirige el proceso de ilegalización de Batasuna pospuso la decisión, pero sin fijar ninguna fecha para ello.

La cuestión nuclear del desencuentro de los dieciséis jueces de la Sala del 61 estriba en que aún no está probado que las «herriko tabernas» pertenezcan a la formación independentista. Una discusión que, además de existir dentro de la sala especial, también se ha extendido a la Audiencia Nacional española, que instruye el proceso contra Batasuna en el sumario 35/02.

En abril de 2002 el juez Baltasar Garzón ordenó el embargo de 55 «herriko tabernas» para efectuar el «cobro» de 24 millones de euros, que el magistrado endosó a Batasuna por las pérdidas económicas ocasionadas por los sabotajes y ataques a bienes e inmuebles habidos hasta la fecha. A partir de entonces, el instructor de la sala 5 de lo Penal de la Audiencia Nacional ha venido prorrogando la intervención judicial de los establecimientos señalados.

Una prórroga que aún sigue vigente, y que el pasado 23 de octubre de 2006 la Sala del 61 del Supremo reforzó con el mandato a la Guardia Civil de «inventariar» estos locales. Este paso provino como consecuencia de un informe de los liquidadores de los locales embargados en la que se concluía que «pertenecían en realidad, material y efectivamente, a la propia Batasuna». Pero el Alto TTribunal fue más allá de los 55 «herrikos», y extendió la orden para el «inventariado» hasta cerca de 120 establecimientos; mandato para el que también contaron con participación de la Ertzaintza.