En Ipar Euskal Herria ya hay 521 hectáreas de maíz transgénico
No ha sido una sorpresa, porque muchos agricultores y ecologistas que vienen alertando sobre los riesgos de la utilización de semillas transgénicas se lo esperaban, pero la publicación por parte del Ministerio francés de Agricultura de las superficies sembradas con OGM indica que en Euskal Herria hay ya 521 hectáreas donde crece maíz modificado genéticamente. Las reacciones no se han hecho esperar y el Colectivo anti-OGM anuncia movilizaciones.
Arantxa MANTEROLA |
Desde hace meses la lucha contra la utilización de semillas transgénicas ha ido intensificándose en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Agricultores, ecologistas, partidos y colectivos políticos y sociales llevan tiempo movilizándose para impedir que ese tipo de cultivo se instale en territorio vasco.
Hace unos días, el Ministerio francés de Agricultura dio a conocer el Registro Nacional de los Cultivos OGM (Organismos Genéticamente Modificados) que ha evidenciado lo que muchos ya sospechaban: en Ipar Euskal Herria hay más de 520 hectáreas sembradas con maíz transgénico. La localización de las parcelas se ha realizado a nivel de cantones. En concreto, en Euskal Herria existen 128 parcelas repartidas en cuatro cantones. En el de Bidaxune, con 480, es que acapara la plantación de maíz transgénico. Le siguen, muy de lejos, el cantón de Bastida (20,80 hectáreas), el de Amikuze (18,62) y el de Hiriburu (1,80).
Además, en todos los cantones landeses y bearneses (salvo en la montaña) limítrofes con los cantones vascos, también hay maíz transgénico sembrado. Se trata del maíz MON-810 de la firma Monsanto, que es la única semilla que se permite comercializar legalmente en el Estado francés. Este maíz está transformado genéticamente para crear un insecticida que resista al piral (Ostrinia nubilalis), una mariposa cuya larva causa importantes daños en los cultivos de maíz tradicionales.
La publicación de las superficies ocupadas por OGM ha provocado fuertes reacciones. Así, el Colectivo Alerte OGM Pays Basque (CAPB) ha denunciado la opacidad de los datos. «Esta publicación es una mascarada que pretende dar una imagen de transparencia», manifestaron en un comunicado hecho público ayer. El colectivo pide a los agricultores vascos que continúen interpelando al Ministerio de Agricultura para exigir que les faciliten una localización más detallada por pueblo y por explotación.
Contaminación
CAPB pone en duda que se hayan declarado todas las superficies sembradas y se pregunta cómo va a ser posible la coexistencia con los cultivos no transgénicos si no hay una transparencia real. «¿Cómo va a estar seguro un agricultor de maíz biológico o para semilla, o un apicultor, de que sus cultivos no van a contaminarse si desconoce la ubicación exacta y total de las parcelas transgénicas existentes a su alrededor?», se interroga.
Según este colectivo, las 521 hectáreas «ponen en peligro» las producciones que trabajan con label de calidad y añade que «si no se hace nada en las próximas semanas, la situación se convertirá en irreversible».
Incide también en que «hay que poner fin al doble lenguaje de ciertos responsables políticos, ya que financiar a nivel del Consejo General y del Consejo Regional las iniciativas de calidad en el territorio y luego dejar sembrar transgénicos en el mismo territorio es «totalmente irresponsable». En consecuencia, denuncian que se subvencione este tipo de cultivos a través de las primas PAC (Política Agrícola Común) y califica el hecho de «un verdadero desvío de fondos públicos».
«¡Moratoria ya!»
El colectivo exige «con más fuerza que nunca» una moratoria en Euskal Herria y recuerda que en Alemania, Hungría, Austria, Grecia, Irlanda, Estado español y en algunas regiones de Italia ya ha sido decretada. «¿A qué está esperando Francia, a que haya una catástrofe sanitaria?», inquiere al tiempo que anuncia movilizaciones e iniciativas para reconocer los cultivos genéticamente modificados a través de kits de detección y de señalizaciones de los «cantones con OGM».
En la pasada primavera, en plena campaña de las elecciones presidenciales, varias decenas de militantes anti-transgénicos protagonizaron una sonora protesta al ocupar durante una semana los locales de la cooperativa Lur Berri de Donapaleu para que renunciase a vender ese tipo de semillas de maíz.
Los responsables de la cooperativa, a través de su presidente Sauveur Urrutiaguer, se comprometieron entonces a rechazar cualquier demanda de producción inferior a 7 hectáreas y a aumentar las distancias reglamentarias en relación con los otros cultivos para, de ese modo, aumentar la seguridad y evitar que sean contaminados. Tras conocerse la información sobre las parcelas sembradas con transgénicos, Urrutiaguer afirmó que Lur Berri no había vendido maíz transgénico en el cantón de Amikuze.
Por su parte, el presidente de la Cámara Agrícola de los Pirineos Atlánticos, Jean-Michel Anxolabehere, quiso quitar hierro al asunto remarcando que la superficie concernida se limita a 1.200 hectáreas, es decir al 1,5% de la superficie total cultivada de maíz en el conjunto departamento.
Reconoce que es lógico que «haya temor porque el riesgo existe» pero considera que, aunque se contaminara una superficie igual a la sembrada con maíz transgénico, se estaría hablando de un total de 2.400 hectáreas.
Para Anxolabehere «lo importante es aprender a coexistir con inteligencia» y «adquirir experiencia con las semillas de este año para comprobar los límites de ese sistema».
El sindicato agrario EHNE cerró ayer los encuentros que ha desarrollado durante dos días en Abadiño, en los que ha abordado el mantenimiento y el libre acceso a semillas de variedades tradicionales, tanto a nivel local como mundial. En este foro han participado representantes del sector agrario y de redes de semillas y miembros de la organización internacional GRAIN, que promueve el manejo y uso sostenible de la biodiversidad agrícola basado en el control de los agricultores sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional.
En palabras de Helen Groome, integrante de EHNE, a lo largo de la jornada se ha matenido un «intercambio sobre caminos posibles para lograr que la población agraria mantenga su derecho histórico a usar las semillas de variedades locales como quiera. No tiene por qué estar registrada para nada».
Groome insistió en que «ésta es una pelea fundamental, y nosotros defendemos que no tenemos que certificar nada para poder usar las semillas; si yo quiero regalarte mis semillas, yo siempre he tenido ese derecho y deberé tenerlo también en el futuro».
También se analizó la legislación europea que establece que los productos deberán estar etiquetados como transgénicos cuando contengan una cantidad superior al 0,9% de estas sustancias. Groome se mostró contraria: «Eso quiere decir que casi un 1% del transgénico que comes puede estar en un paquete que no está etiquetado como transgénico».
A.O.
El presidente del Consejo Regional de Aquitania, Alain Rousset (PS), ha expresado su preocupación tras conocer los datos. Considera que las 5.000 hectáreas de maíz transgénico sembradas en Aquitania representan «una amenaza para las producciones de calidad y respetuosas con el medio ambiente que la institución regional está impulsando desde hace años».
Rousset recuerda que, hoy por hoy, «nada permite garantizar la coexistencia» de los diferentes tipos de cultivos y critica «el inmovilismo del Gobierno francés, cuando Alemania y Austria han optado por una moratoria respecto al cultivo de maíz MON-810». Según el presidente del Consejo Regional, «el riesgo económico y medioambiental que hace correr el cultivo de transgénicos en campo abierto a la agricultura aquitana y a su biodiversidad es inaceptable».
Abertzaleen Batasuna, por su lado, se pregunta «de quién se están burlando cuando hablan de priorizar un desarrollo sostenible aceptando que se siembren transgénicos», en referencia a los gestores del proyecto Pays Basque 2020. También alerta de los riesgos para la red de productos de calidad y de denominación de origen, así como para las 3.000 personas que trabajan en la misma, al tiempo que critica que se «privilegien los intereses financieros de las grandes firmas como Monsanto».
La formación abertzale interpela a los responsables políticos para que reclamen de inmediato una moratoria y hace un llamamiento a la movilización popular en la que, además de los agricultores, los consumidores y toda la sociedad en su conjunto deben implicarse. En base al «principio de precaución», AB manifiesta su apoyo a las eventuales acciones de «cosecha preventiva» en las parcelas sembradas con maíz transgénico.
El cantón de Bidaxune, de donde es originario el presidente del Consejo General, Jean-Jacques Lasserre, es el segundo de Aquitania donde más hectáreas de maíz transgénico se ha sembrado, con 480.
En Aquitania hay 5.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente, que representan el 25% del cultivo de este tipo en el Estado. En Pirineos Atlánticos se han sembrado 1.200.
