Este año el presidente del EBB, Josu Jon Imaz, no ha esperado siquiera al 31 de julio, festividad de San Ignacio. Ese día, hace dos años, cuando se celebraba el 110 aniversario del PNV, Imaz sacudió los cimientos del partido hablando de la «soberanía compartida». Joseba Egibar, por ejemplo, replicó públicamente que para poder compartir la soberanía, primero hay que tenerla. Aquel discurso, que tanto debate suscitó, no había sido oficialmente aprobado por ningún órgano del partido, aunque fue remitido a todos los afiliados jelkides.

De nuevo en julio, pero esta vez con un par de semanas de antelación al 112 aniversario del PNV, Josu Jon Imaz vuelve a suscitar la controversia, de nuevo con una opinión que se supone personal -pues no tiene aval de ningún órgano interno- expresada a través de dos cadenas de periódicos -Vocento y el grupo «Diario de Noticias»-.

Probablemente nada de lo que diga Josu Jon Imaz sea nuevo. Además, el presidente del EBB se ocupa de tratar de encardinar sus afirmaciones como parte de la doctrina oficial del partido (documento «Elkarbizitzarako bake-bideak» de octubre de 2005) y del Gobierno tripartito (Acuerdo de coalición, junio 2005), aunque en algún caso su cita sea interesadamente parcial. Lo llamativo del artículo es su cuándo y su porqué.

El cuándo

En los últimos días venía tomando fuerza la idea de que el tripartito, con el lehendakari al frente, pretendía presentar el próximo setiembre una serie de iniciativas ante el Parlamento de Gasteiz, en consonancia con el preámbulo de lo que se vino a llamar Plan Ibarretxe, y en el horizonte se colocaba ya una consulta popular, que el propio lehendakari ha insistido -la última vez desde la Moncloa- que tenía el compromiso de plantearla en esta legislatura.

La base de la consulta sería el resultado de «un consenso integrador en relación con las diferentes visiones y sensibilidades políticas existentes en la sociedad vasca sobre aspectos cruciales para la normalización política», como dice Imaz en su artículo. Pero no cita que esos aspectos son «el reconocimiento del pueblo vasco como sujeto de decisión, la territorialidad, el derecho a decidir y el pacto bilateral con el Estado como instrumento de convivencia».

Además, desde EA se empezaba ya a hablar de «confrontación democrática» con el Estado, y EB insistía también en la idea de la consulta.

Ahí es cuando llega Josu Jon Imaz a decir que «una consulta ciudadana planteada como escenario de acumulación de fuerzas para una confrontación política es muy discutible, y desde luego contraria al espíritu y a la letra de la posición de EAJ-PNV expresada en el documento de octubre de 2005».

En conjunto se observa que se trata de un aviso público para parar los pies al lehendakari. Se le advierte que el acuerdo que se someta a consulta debe ser acordado sin la izquierda abertzale -por motivos éticos- y aprobado anteriormente por las Cortes -para respetar «el principio de legalidad» vigente-.

El porqué

El porqué públicamente planteado es que esa consulta, así planteada, además puede ser «el `plan B' al que se acoja ETA», que podría volver a decretar un nuevo alto el fuego esperando su celebración, Y después, si el Estado no aceptara lo refrendado en consulta popular, Imaz anticipa que ETA podría empezar a matar «en nombre de la defensa de una presunta voluntad popular no atendida».

El porqué subyacente podría ser el desacuerdo incluso con el proyecto de Nuevo Estatuto que se aprobó en Gasteiz en diciembre de 2004. En sectores del propio EBB, el Documento de octubre de 2005 fue entendido como una relectura a la baja del «Plan Ibarretxe», aunque finalmente fue aprobado por unanimidad porque era una versión mucho mejor que la primera presentada por Imaz y Urkullu.