El juez de la Audiencia Nacional española Juan del Olmo ordenó ayer el secuestro del último número del semanario satírico «El Jueves». El magistrado actuó a instancias del Fiscal General del Estado, siguiendo, por tanto, las directrices de un órgano cuyo nombramiento depende del Gobierno. Del Olmo es el magistrado que ordenó el cierre de «Egunkaria» y se propone juzgar a siete de personas del diario en euskara pese a que el propio fiscal no ve razones para ello. Con la decisión de impedir la venta y difusión del último número de una publicación humorístico, el magistrado insiste en usurpar un derecho básico en democracia siguiendo la estela de quienes secuestraron el «libro Rojo del cole» en la rotativa de «Egin», de cuya clausura se cumplen ahora nueve años.

Por tratarse del tema que se trata -de una viñeta en que el heredero de la Corona española aparece practicando sexo con su esposa-, es posible que entre aquellos paladines de la libertad de expresión que saltaron al terreno de batalla para defender al diario danés que realizó unas caricaturas de Mahoma con un turbante-bomba y tachó de locos a quienes profesan la fe musulmana, se produzcan ahora deserciones y opten por no mantener la misma actitud en favor del derecho a realizar una viñeta de «tono subido» sobre la Casa Real. Sin embargo, la defensa de la libertad de expresión exige un compromiso que no puede contemporizar con actitudes tan poco asumibles en este siglo y en un estado miembro de la UE como que miembros de la Monarquía no puedan ser de hecho caricaturizados como el resto de los mortales, dado que el chiste puede derivar en un delito de injurias y calumnias penado con entre dos y seis años de cárcel.

Por no hablar de que ese carácter «intocable» se extiende a reinantes, sucesores... y hasta antecesores en palacio. Otra ventaja añadida sobre la ciudadanía y hasta sobre jefes de Estado del entorno europeo que, finalizado su mandato, deben dar cuentas, como estos días lo hace Chirac, de sus actos en los tribunales.