La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa confirmó ayer en un auto el mantenimiento en prisión del principal acusado en el fraude detectado en la Hacienda de Irun, el ex director de esta oficina, José María Bravo, por considerar que existe riesgo de fuga y que podría interferir en la acción policial y judicial.

El ex director de la oficina de Irun, hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo presentó un recurso de apelación contra esta decisión y alegó que es un ciudadano «con suficiente arraigo, que ha demostrado de manera incuestionable su permanente puesta a disposición de la justicia» y que «no existe posibilidad de que interfiera en las labores de instrucción».

El auto recuerda que la investigación ha aportado nuevos indicios incriminatorios, con lo que podría haber cerca de diez expedientes correspondientes a nuevos perjudicados y que la cuantía de la que se habría apropiado el acusado superaría los 1.700.000 euros, que se sumarían a los más de tres millones que presuntamente dejó de ingresar la Diputación.

La Audiencia destaca que se puede constatar «la existencia de figuras delictivas que no se tuvieron en cuenta en el anterior auto de prisión», ya que a los posibles delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial se sumaría otro de estafa de especial gravedad. Los nuevos indicios confirmarían, asimismo, «la agravación de las figuras delictivas».

El auto concluye que «aunque no se cuestiona el arraigo» que tiene Bravo, éste «puede gozar de un alto nivel económico que le permitiría eludir la acción de la justicia con relativa facilidad», y que existe la «posibilidad de que interfiera en la acción policial y judicial».