La funcionaria Pilar Gracenea se desvinculó ayer «totalmente» ante la juez del presunto fraude cometido en la oficina de Hacienda de Irun y aseguró que «no sabía ni de lejos» y que «no sospechaba» las actividades de quien era entonces su jefe, el ex director de la sede tributaria José María Bravo, principal imputado en la causa.

Gracenea prestó declaración como imputada en el Juzgado de Instrucción 2 de Irun durante más de dos horas, después de que ayer lo hicieran la esposa de Bravo, Rosa María Cobos, y su socio Pedro María Atristain.

Después de que la funcionaria prestara ayer declaración, su abogada, Elena Garayalde, señaló que en el sumario «no hay una imputación clara para ella», porque «no hay un hecho concreto que se le impute». Según indicó, en su caso «coinciden dos cosas, que trabajaba en la oficina» cuando supuestamente sucedieron los hechos, y que «tenía un porcentaje de una inmobiliaria que nunca ha llevado ella» y de la que también era socio Bravo, el único imputado que se encuentra en prisión. Bravo creó una amplia red de empresas supuestamente para blanquear dinero.