Soledad GALIANA

En marzo, el Gobierno británico se comprometió a proporcionar 1,2 millones de libras esterlinas para ayudar a la «reinserción» de los miembros de la organización paramilitar UDA.

El miércoles, la organización lealista protagonizó una revuelta callejera en Bangor, localidad costera a las afueras de Belfast, con la concentración de, al menos, 200 paramilitares y una carga policial en la que seis personas resultaron heridas. La Policía fue atacada con cócteles molotov, piedras y cohetes. Dos semanas antes, el 21 de julio, un agente de policía resultó herido de bala en incidentes protagonizados por dos facciones de la organización en Carrickfergus.

Llamada de atención

Estos hechos han supuesto una llamada de atención para la Administración británica y los grupos políticos unionistas, que si bien en su día fueron tan insistentes con la cuestión del decomiso y fin de actividades del IRA, no han mostrado el mismo interés hacia los grupos lealistas que durante años han usado las armas para imponer su argumentación política.

En el nuevo contexto político irlandés, donde republicanos y unionistas se sientan en el Gobierno de Belfast, les ha llegado la hora de la verdad a los paramilitares lealistas.

El primer ministro norirlandés, Ian Paisley, ha exigido el fin de sus actividades. Su declaración se produjo horas después de que el jefe de la Policía norirlandesa, Hugh Orde, asegurase que la Asociación de Defensa del Ulster (UDA), el mayor grupo paramilitar lealista norirlandés, había jugado un papel central en las revueltas.

Para Orde, la UDA no debería recibir la ayuda presupuestada por el Gobierno de Londres. Paisley apoyó al jefe de Policía alegando que los ataques en la barriada de Kilcooley, en Bangor, «fueron sin duda orquestados y premeditados -el trabajo de gamberros y gángsteres», y advirtió de que se reuniría con sus oficiales de Gobierno para asegurarse de que no habrá concesiones para los grupos paramilitares lealistas.

La UDA, que también opera bajo las siglas de UFF, fue creada en 1971. Aún hoy sigue siendo objeto de críticas por parte de la Comisión que verifica el cumplimiento del alto el fuego en el norte de Irlanda. En su último informe, publicado en abril, la Comisión informó de la participación de la organización lealista en actividades vinculadas con la extorsión y el tráfico de drogas. Reconoció que algunos de los líderes están intentando poner fin a estas actividades delictivas, pero con poco éxito.

El informe también apuntó a que miembros de la organización siguen orquestando actos de violencia como respuesta a fricciones dentro de la organización o como castigo a actitudes antisociales en las comunidades. Aunque la Comisión consideró que «la organización no ha participado en actos de terrorismo», sí sigue reclutando.

Por su parte, la Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF) o Comando Mano Roja (RHC) anunció que el pasado 5 de mayo puso sus armas fuera de uso. No obstante, lo hicieron fuera de los términos fijados en el Acuerdo de Viernes Santo. Este desarme no pudo ser confirmado por la Comisión de Decomiso tres días antes de la formación del Gobierno norirlandés. En su último informe, anterior a la declaración de desarme de la organización lealista, la Comisión de Verificación concluyó que se habían reducido los niveles de violencia, aunque continuaba la intimidación contra extranjeros residentes en áreas lealistas y el tráfico de drogas.

Blanqueo de dinero

Según estos indicios, parece ser la organización paramilitar que más ha avanzado en sus compromisos suscritos bajo el Acuerdo de Viernes Santo, y es una opinión generalizada de que ello se debe a la presencia de representantes políticos de la organización en las instituciones políticas, una excepción entre los grupos lealistas.

El LVF declaró el fin de sus actividades el 30 de octubre de 2005 en respuesta a un anuncio similar por parte del IRA en septiembre de ese mismo año, pero la Comisión dejó entrever que sus miembros todavía siguen involucrados en el tráfico de drogas y blanqueo de dinero.