La decisión del Gobierno de Pyongyang de cerrar el reactor de Yongbyon, cuya clausura confirmaban a principios de semana los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), ha contribuido a rebajar la tensión en la península de Corea, donde ya se anuncia una cumbre entre los máximos mandatarios del norte y del sur. El cierre de la instalación nuclear se ha producido como consecuencia del acuerdo por el que Corea del Norte recibirá 50.000 toneladas de combustible, dentro de un programa de intervención internacional que implica, además de a Corea del Sur, a China, Japón, Rusia y Estados Unidos. El cambio de enfoque de la administración estadounidense con respecto a la «amenaza norcoreana» ha venido de la mano de una activa diplomacia a cargo especialmente de China, que está en la base del acuerdo de cooperación con el que el Gobierno norcoreano, además de aliviar necesidades energéticas, obtiene un cierto reconocimiento como interlocutor que la política de Washington le ha venido negando.

Ahora, las negociaciones proseguirán con la vista puesta en lograr un acuerdo de desarme nuclear global cuya materizalización, como en el caso del cierre de la central, incumbe principalmente a Corea del Norte, aunque debería aparejar un cese de la intervención de EEUU, que persiste en realizar maniobras militares conjuntas con Seúl, lo que implica una injerencia anacrónica que no ayuda a concitar un clima de confianza.

En todo caso, a finales de este mes se producirá una cumbre histórica entre las dos Coreas, propiciada en gran medida por el cumplimiento de los compromisos fijados en el plan de desarme nuclear acordado el pasado 13 de febrero. La primera cumbre de este rango desde el 2000 es vista como una buena oportunidad para ahondar en la normalización de las relaciones. Superar la situación heredada de la guerra de 1950-53, que sigue teniendo hoy crueles repercusiones para la población coreana, exige un compromiso activo de la comunidad internacional con el diálogo en la península.