El magistrado de la Audiencia Nacional española Juan del Olmo ordenó ayer a la Ertzaintza impedir la celebración del acto político previsto para hoy en Zornotza, evento promovido por familiares y allegados del histórico refugiado vasco Sabin Euba, Pelopintxo, y organizado tras su fallecimiento, el pasado domingo.

Asimismo, el juez requiere «urgentemente» a la Policía autonómica que adopte «las medidas necesarias» para evitar la «presunta actividad delictiva» y pide «promover la persecución de los delitos que pudieran cometerse o haberse cometido con ocasión de la convocatoria».

La razón aducida para reclamar el impedimento es que el acto está convocado por un joven al que vincula a la organización juvenil Segi; la Audiencia Nacional española afirma que este hecho «podría ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo».

En el auto notificado al mediodía de ayer, Del Olmo sitúa el acto «en el marco de una estética y simbología relacionada con la organización armada ETA y organizaciones ilegales afines».

No hay prohibición expresa

Esta decisión fue adoptada a instancias de la Fiscalía, que tras recibir el jueves el informe policial solicitado por la Delegación del Gobierno español en Gasteiz pidió su inmediata prohibición.

No obstante, el auto no veta expresamente la celebración del acto político, ya que la autoridad administrativa competente para ello no es otra que la Consejería de Interior de Lakua.

El Departamento dirigido por Javier Balza, aunque no emitió ninguna resolución en torno a la autorización o prohibición del acto, no tardó en asegurar que acatará la sentencia dictada por el tribunal especial español.

Ante estos hechos, otro grupo de ciudadanos de Zornotza ha convocado una comparecencia para las doce del mediodía de hoy con objeto de hacer una lectura en torno a esta medida y explicar su posición.

La decisión adoptada por Del Olmo trajo consigo una vorágine de reacciones en el panorama político y judicial.

El PSOE, de la mano de su portavoz en el Congreso español, Diego López Garrido, que se encontraba en Iruñea, apoyó la decisión de Del Olmo, tildándola de «muy decisiva y eficaz». El diputado, que mostró su «alegría», aseguró que «hay razones muy poderosas para prohibirlo». Además, afirmó que con este tipo de actuaciones se demuestra que «las instituciones luchan implacablemente contra el terrorismo».

Desde el PP, como no podía ser de otra manera, se valoró la medida como «una buena noticia» y se dijo a Lakua que «tiene la obligación inexcusable» de acatar el dictado, en palabras de María San Gil.

Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, tampoco tardó en comparecencer para asegurar que la medida es «efectiva». A su juicio, está «dentro de los parámetros legales y procesales» y por ello opinó que es «acertada». En esta línea también se pronunció el magistrado del TS José Ramón Ferrándiz, quien apuntó que en el caso de que se trate de celebrar el acto, «la letra de ley se aplica, a través de los agentes de seguridad, utilizando todos los medios del sistema democrático».

En Euskal Herria, por su parte, una de las voces discordantes ante la medida adoptada en el tribunal especial vino de la mano de Begoña Errazti, presidenta de EA. Errazti dijo no entender las «ganas de enfrentar y prohibir manifestaciones que tienen en Madrid» y reiteró su defensa de la libertad de expresión.

Desde Aralar también se criticó esta actuación considerándola «contraria a la convivencia». La formación de Patxi Zabaleta reclamó también el derecho de familiares y amigos de rendir un último homenaje.