Precisamente cuando numerosos pueblos de Euskal Herria celebraban sus fiestas, el Tribunal Supremo español publicaba la sentencia por la que obligaba al Gobierno de Gasteiz a colocar la bandera española en Arkaute y por ende en todos sus edificios oficiales. Más allá de la intencionalidad o no de la fecha elegida, es una sentencia que no puede ser olvidada ni relegada a un segundo plano por el enorme significado político que tiene.

Por mucho que el Gobierno se quite hierro y llueva sobre mojado, son decisiones con gran calado e importancia para el futuro de nuestras relaciones. El Gobierno del tercio autonómico respondió con un lacónico y sumiso: «cumpliremos la ley». Pero para la gran mayoría de la población de las siete provincias vascas es una imposición contra el derecho a decidir de los vascos. Es una nueva intromisión.

Es cierto que no hay que sacralizar los símbolos, pero tampoco frivolizar su significado. Si en todos los acontecimientos deportivos, sobre todo internacionales, las banderas de los respectivos países cumplen una importante función identitaria para los deportistas y para las respectivas aficiones; si en las grandes fiestas de los distintos estados, con especial insistencia en los que son plurinacionales aunque no lo reconozcan, las banderas cumplen una función especial, ¿por qué no lo va ser para la ciudadanía de una nación como Euskal Herria despojada de su idioma y su propia simbología?

En tiempos de Franco fueron varios los policías que perdieron la vida en su «batalla contra la ikurriña». Para los aparatos franquistas la ikurriña era símbolo de libertad y, en consecuencia, había que evitar por todos los medios su legalización. Era tal la fobia que uno de los prohombres del sistema (Fraga Iribarne) llegó decir aquello de: «antes de su legalización pasarán por encima de mi cadáver».

Tras la muerte del dictador Franco, y una vez arrancada la legalización, en varios años la ikurriña ondeó en solitario en las fiestas de los pueblos, hasta que llegó el PSOE en el año 1982 al Gobierno del Estado y declaró la denominada «guerra de las banderas». Los delegados del Gobierno del PSOE impusieron por las armas la bandera española en muchos ayuntamientos de nuestro territorio, utilizando especial virulencia y brutalidad en algunos casos como en el de Bilbo. Y ante esta cacicada cientos de concejales y alcaldes abertzales de los distintos partidos desobedecieron las órdenes y ofrecieron resistencia soportando numerosos requerimientos policiales e incluso como suele ser habitual, persecución judicial.

A esa forma de desobediencia civil, los medios de comunicación de obediencia española la denominaron «la guerra de las banderas», en un intento de desnaturalizar el sentido profundo de aquella lucha que se libró pueblo a pueblo. La actitud firme de numerosos alcaldes y concejales no obedecía a una actitud de preferencia de un color sobre otros. Era y es una forma de defender la propia autonomía de los ayuntamientos ante la intromisión de los gobernadores de turno y una lucha por la identidad de nuestro pueblo, representada en el símbolo de la ikurriña. Era y es claramente la defensa del derecho a autoorganizarnos sin imposiciones de leyes ni símbolos extraños, simplemente una lucha por la soberanía.

En un intento de «solucionar» el asunto, utilizaron, como siempre, la vía de la imposición y promulgaron la Ley de Banderas: La ikurriña no puede ondear en solitario, siempre tiene que ir acompañada por la española y, además, ésta debe ocupar un lugar preferente.

Aún así, el Gobierno del Estado ha dado por perdida la batalla en muchos pueblos donde ondean únicamente la ikurriña y la bandera del municipio durante las fiestas, sin que las respectivas policías les molesten, ni los jueces les llamen a declarar. Sin embargo, han aumentado su poder impositivo en los grandes ayuntamientos y llevan una política de persecución sistemática en importantes zonas del territorio. «La caza de la ikurriña» que practican las distintas policías en el txupinazo de San Fermín; la obsesión de que no aparezca la ikurriña en el balcón de ayuntamientos como Iruñea o Lizarra; el impulso por inundar de banderas rojigualdas las plazas y calles de los pueblos de la Ribera; el fomento de la bandera francesa en muchas poblaciones de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa son ejemplos de la política de los estados español y francés en su afán por despojarnos de nuestros signos de identidad.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo no tiene por qué producir especial alarma, por cuanto que es la consecuencia de aceptar estatutos de autonomía fundamentados en la dependencia y sumisión al Estado español, pero tampoco nos debe dejar indiferentes. Cada imposición de los estados debe tener su respuesta popular. Defender con fuerza nuestros símbolos, sea la ikurriña o el arrano, es una manera de proclamar nuestra soberanía, el derecho a tener nuestra propia identidad y, en última instancia, a decidir libremente nuestro futuro.