La Fiscalía colombiana dictó el lunes 16 de julio una orden de captura contra el coronel retirado Alfonso Plazas -ex director de Estupefacientes del Gobierno de Uribe- por la desaparición forzada de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, e Irma Franco, una de las integrantes del comando guerrillero del M-19 que participó en la toma de dicha institución en noviembre de 1985. Quedan pendientes otros casos de desaparecidos en la misma operación militar desarrollada para recuperar el control del Palacio, como Cristina del Pilar Guarín, que fue fotografiada cuando era trasladada a hombros por uno de los soldados y nunca apareció.

El Ministerio Fiscal se demoró 22 años en expedir una orden de captura contra el comandante al mando de la recuperación del Palacio, en parte por las actuaciones de los militares, que alteraron la escena, ya que una vez evacuado el edificio procedieron a despojar a los cadáveres de sus prendas y a lavarlos y, además, ordenaron que se diera inmediata sepultura inmediata en una fosa común a varios de los fallecidos antes de que se les pudiera practicar la autopsia.

Pero, sobre todo, a las autoridades colombianas no les interesaba esclarecer lo sucedido porque la investigación conllevaba el riesgo de implicar no sólo a la cúpula militar, sino también al entonces presidente, Belisario Betancur, que asumió públicamente su responsabilidad en aquellos hechos. Sus declaraciones fueron respaldadas por el general Arias Cabrales, quien afirmó que siempre actuaba bajo las órdenes del mandatario y con su conocimiento.

La Administración de Justicia nunca estableció qué pasó con los desaparecidos y algunos mandos militares llegaron a afirmar, incluso, que no existían. Sin embargo, en 1989 el agente militar Gámez Mazuera, que participó en aquellos sucesos, entregó un informe a la Procuraduría General en el que daba detalles de lo que les había ocurrido a los desaparecidos.

La Procuraduría, entonces, optó por ignorar el informe. En él se recoge que Carlos Rodríguez murió torturado. «Fue sometido a tortura durante cuatro días sin que se le suministrara alimento o bebida. Fue colgado varias veces por los pulgares y, mientras, golpeado violentamente en los testículos; le introdujeron agujas en las uñas y luego se las arrancaron... Murió durante las torturas y su cadáver fue enterrado en secreto».

La misma fuente aseguró a la familia de Cristina del Pilar Guarín que fue violada dos veces antes de que le mataran. Gámez Mazuera reconoce que fue él quien llevó el ácido sulfúrico y la cal viva para deshacerse de su cadáver.

Estos casos han permanecido en la impunidad absoluta durante 22 años y en 1998 el abogado de las familias, Eduardo Umaña Mendoza, fue ejecutado. Vídeos en poder de la Fiscalía revelan que los desaparecidos salieron con vida del Palacio, escoltadas por soldados.

El Estado ignoró la petición de investigar los hechos, pero fue indulgente con aquellos que tuvieron que ver con la retoma de Palacio, sobre todo en la Administración de Álvaro Uribe. Entre ellos figura Noemí Sanín, actual embajadora en Madrid que «como ministra de Comunicaciones ordenó silenciar a los medios y mandó transmitir un partido de fútbol por la televisión mientras ardía el Palacio. Plazas, por su parte, fue nombrado jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero tuvo que renunciar por un escándalo de corrupción».

Para René Guarín, hermano de Cristina, el Estado sigue siendo indulgente. «Los militares vinculados al proceso se encuentran detenidos en instalaciones militares y Plazas está recluido en el mismo batallón donde era comandante durante la toma del Palacio», recuerda.

Los familiares afirman que no se puede hablar de justicia, porque el proceso ha sido muy lento y el interés en esclarecer lo ocurrido es reciente, y creen que aunque Plazas era coronel hay oficiales de más alto rango que deben ser juzgados. «No basta con Plazas. Hay que juzgar al general Arias Cabrales y al ex presidente Betancur y nos deben entregar los cuerpos de nuestros seres queridos», exigen.