La escasez y el hambre fuerzan a muchos zimbabwenses a emigrar
Llevan horas haciendo cola ante una tienda para poder comprar un poco de aceite y azúcar, y saben que si no se quedan allí perderán su puesto en la fila, que serpentea por más de un kilómetro. Son compradores desesperados de Zimbabwe, un país que atraviesa una grave escasez de productos básicos que ha abocado a muchos de sus habitantes al hambre o a la emigración.
Stanley KAROMBO Harare
Tendai Mbanje dice que lleva en la cola más de cuatro horas. «Tengo que conseguir algo para comer hoy», agrega.
La joven es víctima de la crisis económica más grave que sufre Zimbabwe en toda su historia, que estalló a comienzos de esta década a raíz de la caótica reforma agraria del régimen de Robert Mugabe, en el poder desde la independencia del país, en el año 1980.
Mugabe ha ordenado la reducción a la mitad en los precios de venta de los productos y servicios básicos, lo que ha ocasionado el cierre de muchas tiendas y una severa escasez de alimentos básicos.
Según agencias internacionales, esos cierres implican que más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria.
El Programa Mundial de Alimentos hizo un llamamiento recientemente para conseguir fondos destinados a alimentar a más de 3,3 millones de zimbabuenses que se enfrentan al hambre, lo que equivale a la cuarta parte de la población de un país que hasta hace poco era considerado como «el granero de África» debido a su riqueza agrícola.
El Gobierno confirmó el miércoles que tendrá que importar de países vecinos 300.000 toneladas de maíz, un producto básico en la alimentación de Zimbabue, para afrontar la grave escasez por la pobre cosecha.
Ya se han comenzado a recibir otras 400.000 toneladas de maíz de Malaui, con un desarrollo económico mucho menor que el de Zimbabue.
Éxodo
La escasez de productos básicos ha hecho que se acelere el éxodo de zimbabwenses a países vecinos. La Policía calcula que entre 6.000 y 10.000 personas cruzan semanalmente la frontera con Sudáfrica, la primera economía del continente, y también miles son deportados cada semana desde ese país.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, sólo desde mayo a diciembre del año pasado, Sudá- frica deportó a Zimbabwe a 80.000 residentes de este país que habían entrado ilegalmente, 950 de los cuales eran menores.
La mayoría de ellos cruzan el limítrofe río de Limpopo, infestado de cocodrilos.
Productos básicos como el pan, el azúcar, la sal y la harina de maíz son difíciles de encontrar en las tiendas, y muchos días es imposible hallarlos hasta en el mercado negro.
Las colas de compradores se extienden por las principales ciudades del país, y algunas veces se forman a raíz de rumores que hablan de la llegada a la tienda de algunos productos.
En el Gobierno hay divisiones sobre la decisión oficial de contener los precios para evitar una mayor inflación, la mayor del mundo y que llegó al 4.500 por ciento interanual en mayo pasado, el último mes en que se publicó el índice.
El gobernador del Banco Central, Gideon Gono, se ha opuesto, según la prensa, a la medida de forzar a una reducción a la mitad de los precios, al considerar que ello acarreará más problemas.
Peor posición
En una carta al Gobierno que llegó a manos del semanario privado «Zimbabue Independent», Gono dijo el mes pasado que la decisión de recortar los precios «puede dejar al país en una peor posición en la que se encuentra ahora».
«Vamos a evitar una estrategia temporal similar al `síndrome Estados Unidos-Irak', que implicó que Estados Unidos, apoyado por sus aliados, entrara en Irak sin una estrategia de salida», añadía.
Pero después se desligó de estos comentarios y en la prensa oficial manifestó que la espiral de precios se debía a la «locura» de los comerciantes, que intentan ganar ingresos extras «en medio de un antagonismo con el Gobierno».
Mugabe anunció hace unos días, en declaraciones al diario gubernamental «The Herald», que la «guerra contra los precios» continuará.
El mandatario africano acusa a los empresarios de confabularse con la oposición política para derrocarlo, una afirmación que es utilizada habitualmente por el gobernante cuando surgen problemas locales.