Jokin BEREZIARTUA

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en en su artículo 25 que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial la alimentación, el vestido y la vivienda». Lamentablemente, el cumplimiento de éste y otros -por no decir casi todos- derechos fundamentales es, hoy en día, una utopía. Algunos de los últimos estudios realizados concluyen que por término medio los demandantes de vivienda pueden llegar a destinar a ella 450 euros al mes. Como quiera que el precio medio de este presunto «derecho social» se sitúa en los 330.000 euros, el comprador tardaría 61 años en pagar su vivienda. Si a esto le añadimos los gastos de financiación, el osado necesitaría hasta 110 años para ser dueño y señor de su casa.

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, liderado por Javier Madrazo, ha remitido en los últimos dos meses un anteproyecto de Ley de Vivienda a partidos políticos y determinados grupos sociales. Lo ha hecho bajo un nombre con resonancias esperanzadoras: «Anteproyecto de Ley de garantía del derecho ciudadano a una vivienda digna». Pero Elkartzen, colectivo especialmente implicado en la lucha por este derecho, lo ha recibido con desencanto.

Elkartzen nació en el año 2000 con el fin de que se reconozcan los derechos sociales básicos para todas las personas de Euskal Herria. Tras conseguir y estudiar el borrador, que no se le había facilitado «al igual que a otros muchos grupos sociales», extrae como conclusión inicial que Lakua «sigue apostando decididamente por la construcción frente a la utilización de la vivienda vacía». En este respecto, la plataforma social no entiende cómo se considera como vivienda desocupada aquella en la que «no habite ninguna persona durante más de 350 días en el curso de un año». Así que si alguien ocupa un inmueble durante tan sólo 15 días, no será considerado como vacía.

Este colectivo propone una nueva manera de afrontar el grave problema. Para Elkartzen, «el derecho social tiene que estar por encima de la propiedad privada» para así garantizar este derecho. Así, ve imprescindible dar uso a las viviendas vacías, así como desarrollar políticas de alquiler público.

Esta es la segunda base de su propuesta alternativa. Elkartzen resalta que el borrador fija el establecimiento de un «parque residencial público de alquiler al servicio permanente de la sociedad vasca». Pero alerta de que «el trasfondo es bien distinto, puesto que este parque no es de propiedad pública, sino privada y susceptible de ser vendido posteriormente a un precio superior al del módulo correspondiente de VPO». Así, la vivienda destinada inicialmente a alquiler protegido puede venderse a los 15 años, y la libre subvencionada con dinero público a los diez. «No lo entendemos; lo ideal sería manter su titularidad pública para atajar la especulación», replica Elkartzen.

Derecho, ¿por qué en 2012?

Una de las novedades del borrador, según traslada este colectivo tras acceder a él, es la opción de exigir por vía judicial el «derecho de acceder a una vivienda digna» a partir de 2012, cuestión que parece predestinada a llevarse todos los titulares cuando el anteproyecto se convierta en proyecto. Pero Elkartzen lo recibe también con escepticismo: «Bienvenida sea esta medida, pero ¿por qué no articularla desde ahora?», se pregunta.

Elkartzen basa su incredulidad en datos: refiere que el Plan de Vivienda 2002-2005 preveía construir 7.300 viviendas de alquiler social, pero sólo se hicieron 4.125. Y de los 5.250 viviendas sociales comprometidas, se hicieron 3.150.