El 9 de agosto pasado se ha cumplido el primer aniversario de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya. La efeméride ha pasado sin pena ni gloria. Sólo un artículo del presidente José Montilla en la prensa local ha hecho referencia al caso. Con anterioridad, Pasqual Maragall, el anterior presidente, y voces relevantes como el Abad de Montserrat, entre otros, ya habían manifestado públicamente que el esfuerzo invertido en el nuevo texto no había valido la pena. De hecho, basta comprobar cómo ningún cambio efectivo atribuible al nuevo estatuto es socialmente perceptible en Catalunya. No obstante, algunos aspectos de la vida política catalana sí han experimentado transformaciones significativas.

Empezando por las fuerzas del nacionalismo español, el PP ha fulminado a Josep Piqué, el «rostro humano» de su partido, para substituirlo por un simple delegado de provincias como Daniel Sirera. La derecha basa su fuerza en las órdenes que llegan desde Madrid, y allí creen que no hace falta disimularlo, aparentando tener una política específica para Catalunya. Por su parte, «el Partido de la Ciudadanía», tras su fracaso en las pasadas municipales, (un terreno donde la eficacia de la «brunete mediática» pierde intensidad), ha entrado en fase de desguace a fin de concentrar esfuerzos con la nueva dirección del PPC.

El PSC es el partido mejor articulado, el que más espectro social alcanza y el que más poder administrativo acumula, (eso sí, en lento declive, como las elecciones municipales han demostrado), pero incapaz -tampoco se lo propone- de articular un proyecto de futuro que priorice los intereses de los ciudadanos catalanes. Su supeditación a las prioridades del PSOE se mantiene incólume a pesar de la evaporación del espejismo de la España plural y los reiterados incumplimientos de José Luis Rodríguez Zapatero para con Catalunya. Ninguna otra fuerza política pone en aprietos su actual hegemonía.

CIU ha mantenido su nivel de representación en las municipales, pero no acaba de definir en qué consiste el proyecto de casa común del catalanismo. Entre tanto se apresta a pactar de nuevo en Madrid con el PSOE, (o con el PP si se da al caso), aparentando no haber aprendido nada del nefasto balance, para ellos y para el país, que resulta del pacto Mas-Zapatero.

ERC ha pagado su falta de coherencia estratégica en las municipales bajando en las ciudades de más de diez mil habitantes, pero ha aumentado el número total de concejales electos como consecuencia del incremento de listas en los pueblos. La buena gestión en algunos asuntos de gobierno (cultura, selecciones catalanas) se ve neutralizada por las renuncias clamorosas en otros ámbitos (ley de la dependencia, por ejemplo). El mejor resultado, por su significación, es la entrada de una diputada republicana en el Parlamento de las Islas Baleares, elegida en una lista unitaria por Eivissa. En el País Valencià los resultados han sido más modestos, pero sitúan bien al partido cara a un crecimiento futuro ante la crisis del PSOE y IU en esta parte del país.

La aparición con fuerza de las Candidatures d'Unitat Popular en una cincuentena de ayuntamientos es un factor positivo que demuestra el crecimiento social del independentismo y su pluralidad. De momento, las CUP aún no han alcanzado el grado de cohesión necesario para presentar una candidatura de ámbito nacional.

El estrepitoso fallo simultáneo de los servicios públicos de titularidad estatal evidenciado este verano ha demostrado cuan alto es el grado de dependencia política y económica que padece Catalunya. Las dañinas repercusiones que esta realidad tiene para la vida cotidiana de los ciudadanos derivan directamente de la deliberada arbitrariedad de las políticas estatales en materia económica y de infraestructuras. Y, aún así, las reacciones de la clase política y empresarial han sido de resignación e inoperancia, evidenciando su incapacidad para corregir las causas estructurales que originan estos desmanes. El soberanismo práctico que es la base del discurso político de ERC y, en menor medida, de CIU, ha brillado por su ausencia ante la oportunidad de denunciar la desvertebración socioeconómica y el expolio fiscal de Catalunya, renunciando a capitalizar la protesta cívica que aflora sin encontrar canales de expresión.

El estado de dominación política y económica en que está sumida Catalunya no es impugnado por ninguna fuerza política y social (los sindicatos callan también) con voluntad y capacidad suficiente para plantear un conflicto jurídico y político frente al orden estatal y económico con el fin de corregir esta situación. Los partidos españoles cumplen con su papel de garantes del orden, mientras que los catalanistas actúan como los notables autóctonos que pugnan por gestionar la dependencia. Las energías de cambio que existen en la sociedad, como demuestran los éxitos obtenidos por la Fundació puntCat en el reconocimiento del dominio cat en Internet, o la Comissió de la Dignitat con la devolución de los «papeles de Salamanca», o la Plataforma de Defensa del Ebro frenando el trasvase, no tienen todavía una traducción estable y global a nivel nacional. Emergen, sobre todo a través de Internet y de iniciativas locales y sectoriales, nuevas formas de expresión política que aún no han alcanzado a alterar el sistema de partidos, pero que pueden dar un giro a la inercia institucional a medio plazo. Por el momento, la inhibición ante los problemas colectivos es la respuesta de una parte significativa de la población (sobre todo jóvenes), que opta por las soluciones individuales. No se prevén cambios a corto plazo por lo que a los partidos respecta, el control de los aparatos margina toda disidencia y el apoyo mediático a este orden establecido es total. Un ejemplo de unanimidad político-mediática ha sido la reacción ante la interrupción del proceso de negociación política en Euskal Herria: cierre de filas detrás de Zapatero, simpatía por las tesis de Imaz y silencio ante el encarcelamiento de Otegi. El orden español reina, aparentemente sólido, en Catalunya.