No pasa un día aquí en que no se hable de alguna iniciativa, medida o política antimigrante que promueven tanto el gobierno federal como las autoridades estatales y locales en este país.

La semana pasada la procuradora general de Nueva Jersey, Anne Milgram, ordenó a las agencias de seguridad pública locales (la policía, sobre todo) determinar la condición migratoria de sospechosos de crímenes y notificar a las autoridades federales si sospechan que algún detenido está en el país «ilegalmente».

Esta acción fue anunciada después que un triple homicidio en la ciudad de Newark, ocurrido el 4 de agosto, detonó un debate estatal y hasta nacional sobre el crimen y los indocumentados. Uno de los principales sospechosos del crimen, José Lachira Carranza, es un indocumentado peruano, y varios políticos han criticado el hecho de que nadie verificó su condición migratoria, a pesar de tres arrestos anteriores, por lo que el delincuente pudo permanecer en las calles para cometer otro delito más. «Hay una necesidad que se presentó ante todos nosotros recientemente con los eventos trágicos de Newark para una política uniforme en el estado», afirmó la procuradora Milgram. La agencia federal de inmigración (conocida por sus siglas en ingles, ICE), dio la bienvenida a esta «nueva ampliación de la cooperación» del estado.

Debate nacional

El caso nutrió un creciente debate nacional en torno al papel de las agencias de seguridad pública locales y estatales en actividades de control migratorio. Algunos alcaldes y jefes de policía se oponen a participar en asuntos de migración señalando que necesitan la cooperación de la comunidad, incluyendo inmigrantes legales e indocumentados, para realizar sus labores. De hecho, los alcaldes y autoridades de ciudades como Nueva York, Los Angeles y Chicago han mantenido políticas que prohíben que sus policías y trabajadores municipales indaguen sobre la condición migratoria de sus residentes. Estos son criticados por otros de que han convertido a sus ciudades en «santuarios para los que violan la ley» y/o insisten que a falta de una política nacional coherente, las autoridades locales y estatales tienen que asumir el papel de control de migración.

El candidato presidencial republicano, Mitt Romney, cuando era gobernador de Massachussets, firmó un acuerdo con las autoridades federales en el que otorgó a policías estatales seleccionados el poder de implementar las leyes migratorias federales (aunque el nuevo gobernador anuló el acuerdo). En Kentucky, el procurador general notificó a las policías locales que consulten un banco de datos federal para verificar la condición migratoria de la gente que arresten y reportar a los indocumentados con las autoridades federales.

Más y más medidas

Las legislaturas de los 50 estados han considerado medidas sobre migración este año, según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales; por lo menos 1.400 proyectos de ley, y 170 de éstos promulgados en leyes en 41 estados. Aunque estas incluyen medidas de todo tipo, entre ellas algunas diseñadas para beneficiar a migrantes, la mayoría incorporan algún tipo de medida antimigrante.

Además, los gobiernos de más de 100 ciudades y condados por todas partes de Estados Unidos han considerado resoluciones y nuevas ordenes contra indocumentados. Estas incluyen desde proclamaciones del inglés como el «idioma oficial» hasta prohibiciones sobre la renta de vivienda, el cese de contratos públicos con empresas que emplean a indocumentados y la negación de servicios públicos.

A nivel federal, las acciones incluyen más redadas, más detenciones de «fugitivos» de órdenes de deportación, y más detenidos. El 10 de agosto el gobierno de George W. Bush anunció 17 iniciativas de control migratorio, incluyendo la de la implementación más agresiva de un sistema para obligar a patrones a cesar a indocumentados. El gobierno anunció que enviará cartas a empleadores con listas de los trabajadores cuyos números de Seguridad Social no corresponden a su identidad. Después de un plazo de 90 días el gobierno obligará a los patrones a cesar a todo empleado que no haya logrado comprobar un error. Potencialmente, eso podría implicar millones de desempleados (se calcula que hay aproximadamente 12 millones de indocumentados en el país).

Capacidad carcelaria

Al mismo tiempo, el gobierno también anunció planes para detener, encarcelar y deportar a más inmigrantes incrementando su capacidad carcelaria para migrantes a más de 31.000.

La semana pasada Elvira Arellano, al salir de una iglesia en el centro de Los Angeles, fue detenida después de que varios autos no identificados como oficiales rodearon la camioneta en que viajaba con su hijo Saúl de 8 años y otros activistas de defensa de migrantes. El operativo, con unos quince agentes de migración, parecía diseñado para tomar por asalto a un criminal, comentaron testigos.

Pocas horas después fue deportada por ser considerada «fugitiva» de la ley, violando una orden de salir del país por el grave delito de haber trabajado sin papeles en un aeropuerto. Su hijo es estadunidense. El diario «Los Angeles Times» reporta que la detención de indocumentados «fugitivos» se ha acelerado a unos 675 por semana, junto con más redadas en sitios de trabajo y otras medidas de «control» de la inmigración «ilegal» en el país.

Abandonos y traumas

A la vez, este tipo de arrestos y redadas han dejado abandonados y traumatizados a cientos de niños, que de repente son informados de que sus padres han sido detenidos, encarcelados y hasta deportados. Estos casos han ocurrido en Massachussets, Colorado y varias entidades más por el país como resultado de estas acciones. El Pew Hispanic Center calcula que hay unos 3,1 millones de menores en este país cuyos padres (por lo menos uno) son indocumentados.

Por otro lado, el periódico «The Washington Post» informó recientemente de que más de sesenta migrantes detenidos han perecido desde 2004 mientras estaban en poder de las autoridades. Esos datos han provocado protestas, pero ninguna reacción oficial en forma de comisión de investigación o algo parecido.

Casos recientes incluyen la muerte de Rosa Isela Contreras Domínguez, una mexicana embarazada en un centro de detención en El Paso, Victoria Arellano de 23 años mexicana que padecía sida en un centro de detención en San Pedro California, y un brasileño Edgar Alves Araujo. Todos fueron declarados como «incidentes tristes» por las autoridades migratorias federales o locales. A la vez, muchos detenidos padecen de condiciones médicas que no reciben atención satisfactoria, o nada.

De hecho, miles de inmigrantes -con papeles o sin papeles- son detenidos y encarcelados en Estados Unidos, a veces durante meses y otras veces incluso durante años, bajo una ley federal que permite que cualquier no ciudadano sea arrestado para ser deportado si ha cometido un delito en EEUU en cualquier momento, aunque haya sido hace años y aunque haya cumplido por ello una condena penal.