ELA denunció ayer que el grupo Sidenor ha aprovechado el período de vacaciones para «imponer sus medidas de ajuste, sin que haya sido aprobado el expediente de regulación de empleo». El sindicato afirmó que la dirección de Sidenor ha comenzado a aplicar unilateralmente medidas de desmantelamiento industrial y eliminación de empleo previstas en su plan de ajuste, sin que las mismas hayan sido aprobadas por la autoridad laboral ni por los representantes sindicale».

El sindicato aseguró que estas medidas se han llevado a cabo «sin respetar el período de consultas a que obliga la ley y aprovechando que las plantillas están de vacaciones».

Las diferentes secciones sindicales de ELA en las plantas de Sidenor se reunieron ayer para constatar que la empresa ha cerrado la acería de Azkoitia y «ha obligado, mediante coacción, a varios trabajadores a trasladarse a la fábrica de Legazpi, a la vez que mantiene a otras 50 paseando por la empresa sin puesto de trabajo asignado y despidiendo a cuatro personas de la planta de Legazpi». A la vez, aseguró que sigue abierto el período de negociación con los sindicatos y que «existen más de trescientas personas subcontratadas, una bolsa indeterminada de eventuales y personal de ETT, muchos de ellos en fraude de ley».

«Coacción y miedo»

ELA recordó que el plan de Sidenor pasa por eliminar más de 350 empleos en Euskadi «despreciando a las personas, que sólo son elementos productivos o daños colaterales y lo hace saltándose a los representantes legales de los trabajadores y sin respetar los procedimientos a los que la ley y obliga».

En su opinión, «utiliza la coacción y el miedo para obligar a que los traslados se acepten individualmente y para provocar situaciones de incertidumbre sobre el futuro de la plantilla, buscando la sumisión de éstas».

Añadió que esta actitud sólo se explica, además de por «la arrogancia de la empresa», por «el apoyo explícito de algunos sindicatos a sus planes», por «la postura favorable de la Administración española» y por «el silencio incomprensible del Gobierno vasco».