«Los trabajadores no estamos llamando a quebrar la institucionalidad, por el contrario, queremos fortalecerla pero con la participación activa de los trabajadores», manifestó a los medios María Rozas, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la víspera de la gran movilización que el miércoles llenó las calles chilenas para reclamar la construcción de «un Estado social, democrático y solidario», exigir la dimisión del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y rechazar el modelo neoliberal del Gobierno de Michelle Bachelet.

Pero estas demandas fueron duramente reprimidas por miles de efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros que no dudaron en emplear caballos, vehículos lanza-agua y gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes avanzaran hacia la sede del Ejecutivo, el Palacio de la Moneda, fuertemente custodiado. La jornada culminó con 658 detenidos y 83 heridos, según el último balance de las autoridades chilenas. Entre los heridos están el poeta y Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, y el senador del Partido Socialista Alejandro Navarro, que recibió un fuerte golpe en la nuca con un bastón metálico. La Jefatura de Carabineros le presentó disculpas y anunció una investigación interna para establecer eventuales responsabilidades por esta agresión.

En declaraciones a los periodistas, Navarro subrayó que «el Gobierno no le puede pegar a los trabajadores, si esto -la democracia- lo construimos para poder manifestarnos. Ha cometido un error y debió autorizar la marcha. Esta manifestación representa el sentir de muchos chilenos», resaltó.

De acuerdo con el defensor de derechos humanos Hugo Gutiérrez, el cuerpo de Carabineros puso en práctica un nuevo sistema para dispersar a los manifestantes al detener tempranamente a los dirigentes de las columnas para así desarticularlas. Incidió en que el único culpable de lo ocurrido es la Intendencia de Santiago. El intendente es nombrado por el presidente de la República y se mantiene en el puesto mientras cuente con su confianza.

A la protesta se adhirieron una veintena de gremios; profesores, médicos, trabajadores de la sanidad, estudiantes, dirigentes de partidos de izquierda como el Comunista y el Humanista, o las juventudes de la oficialista Concertación.

«Hoy -por el miércoles-, los trabajadores de Chile son más dignos, porque desde muy temprano comenzaron a manifestar su disconformidad por un capitalismo salvaje. El pueblo está orgulloso de tener trabajadores conscientes, que salieron a la calle para reclamar sus derechos», destacó el presidente de la CUT, Arturo Martínez.

Recordó que el país vive un nuevo periodo de prosperidad y que el Estado dispone de recursos extraordinarios por el alto precio del cobre, principal producto chileno de exportación. «Nunca antes Chile tuvo tanta riqueza, pero nunca antes tuvo tanta inequidad», denunció.

La vicepresidenta de esta central sindical y miembro de Democracia Cristiana, María Rozas, acusó al Ejecutivo de haber generado un clima de conflicto al impedir las marchas. Rozas fue alcanzada por las mangueras de un vehículo lanza-agua.

Mientras en el plano internacional la Administración encabezada por Bachelet se presenta como progresista y avanzada, lo cierto es que las desigualdades sociales y el empobrecimiento de los más necesitados van en aumento.

La economía e, incluso, la propia Constitución siguen sujetas a las ataduras dejadas por la dictadura de Augusto Pinochet que estableció quorums elevados para modificar cualquier ley fundamental como las concernientes a las condiciones laborales, a la educación, al sistema de pensiones, a la participación del Estado en actividades productivas y de servicios o a la salud pública.

«Éste es un tremendo paso de unidad de las fuerzas progresistas contra la actual legislación laboral, hecha a la medida de los empresarios y la desigualdad social», subrayó a Prensa Latina uno de los manifestantes. Patricio Véjar, de Izquierda Cristiana reiteró la condena al «esquema neoliberal, que ha generado la destrucción del medio ambiente y precariedad laboral».

Los lemas de algunas pancartas colocadas en la Plaza Italia, uno de los cuatro puntos de Santiago de Chile de mayor concentración de manifestantes, fueron fiel reflejo de estas reivindicaciones. En ellos se podía leer «Chile ejemplo de democracia y expresión, según la Constitución fascista», «No al neoliberalismo» o «Reforma previsional, vergüenza nacional».

Bachelet apela al diálogo

A la misma hora en que comenzaban en este punto los primeros enfrentamientos, la presidenta Bachelet compareció para resaltar que «en democracia y en mi Gobierno los trabajadores podrán siempre expresar pacíficamente sus demandas y defender sus derechos. Eso sí, hay un límite y quiero que todos lo entiendan muy bien». «Quiero que todos lo entiendan bien; se requiere de diálogo y no de presiones, de acuerdos y no de violencia, porque la democracia no necesita ni desorden ni violencia», manifestó.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó en primera instancia una reforma de la fracasada seguridad social. Además, puso en marcha por primera vez el llamado Consejo de la Equidad, constitudo la pasada semana por Bachelet y que debe elaborar propuestas en materia de trabajo, competitividad y definir un salario «ético» superior al mínimo actual equivalente a 274 dólares mensuales.

Tras reunirse con la presidenta, el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, consideró que lo ocurrido es «una llamada de atención» en un Chile donde las desigualdades «son reales».