El balance de la primera jornada nacional de protesta a la que se ha enfrentado la presidenta chilena Michelle Bachelet habla por sí solo. Medio centenar de heridos y más de setecientos detenidos provocó la intervención del cuerpo de Carabineros en las calles de Santiago, y las principales organizaciones políticas y sociales del país piden ya dimisiones en la intendencia de la capital, órgano responsable del orden público.

La virulenta intervención de los carabineros, cuerpo a cuyo frente se situara el dictador Augusto Pinochet, ha devuelto a la retina las viejas imágenes de las cargas a caballo, los vehículos lanzando chorros de agua a presión -los botijos- y los gases lacrimógenos. Sin duda esa crudeza policial no es la mejor carta de presentación para una presidenta que ganó las elecciones, bien es verdad que con apoyos muy diversos, pero con un programa de cambio político y progreso social.

En todo caso, esa represión en las calles no debería hacer perder de vista los motivos que llevaron a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a impulsar la jornada nacional de protesta celebrada el miércoles. Esa central contó con el respaldo de organizaciones representativas de la pequeña y mediana empresa, de la Mesa del Sector Público, de los colegios profesionales de la Salud y de los transportistas, por citar sólo algunos de los sectores que se sintieron concernidos por una movilización destinada a denunciar el desigual reparto de la riqueza en un país que crecerá este año por encima del 6% pero en el que las sucesivas reformas del mercado laboral y del sistema social público han sumido en la precariedad económica a miles de ciudadanos. Hoy ser trabajador no exime del riesgo de vivir situaciones de exclusión. El 46% de los chilenos no tiene cobertura de pensión y uno de cada tres empleos no son dignos de ese nombre, segun constata la OIT.

Bachelet debe reaccionar ante una protesta que alerta del malestar en Chile por el mantenimento del modelo económico ultraliberal heredado de la dictadura.